Los diputados tienen en sus manos cada año cerca del 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación para asignarlo a fondos cuyos recursos no se tendrán que justificar y que servirán para proyectos que los mismos legisladores impulsarán en estados y municipios y de los que podrán obtener un beneficio político o una “recompensa”, concluye un análisis de la consultoría Integralia.
Tras revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo entregó cada año desde 1997 y compararlo con lo aprobado por los diputados, se concluyó que la regla es sólo modificar las partidas “con atractivo político” como lo asignado a carreteras y caminos rurales, infraestructura hidráulica, programas sociales, programas del campo, universidades públicas, cultura y deporte.
“Los rubros más negociables en el presupuesto tienen algunas características que los hacen atractivos políticamente: tienen gran relevancia y visibilidad para la población, en algunos casos exceden la capacidad de pago de los estados y el ejercicio de algunos de estos rubros se descentralizó y ello les da atractivo especial porque aumenta los recursos de quien ejerce el gasto”, explica el estudio La Negociación política del presupuesto en México que se presentó este martes.
Según los cálculos de esta consultoría, los montos susceptibles a reasignaciones para estas partidas atractivas fueron de entre 80 mil y 120 mil millones de pesos entre 2002 y 2012.
“Cuando los diputados pueden asignar libremente recursos millonarios se estimula que haya sobornos o los llamados moches porque alcaldes y gobernadores ofrecen recompensas a cambio de recibir recursos”.
[contextly_sidebar id=”cpozaaEfFRoXVzCJ3pn4BNtweapzcJ2V”]Actualmente, la Cámara de Diputados discute el Presupuesto de Egresos de 2015, el cual deberá estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre.
Integralia advierte que en la discusión de este año también se han incluido partidas dentro del Ramo 23 que contemplan proyectos de gestión para que los mismos legisladores los promuevan en municipios o estados; u obtengan comisiones y recompensas de los alcaldes y gobernadores tras la asignación de recursos.
Los fondos que están en la mira son tres: el fondo de cultura, el fondo para infraestructura deportiva y el fondo de pavimentación que, en conjunto, este año recibieron 11 mil millones de pesos.
Por ejemplo, para 2015, el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo sólo propone 2 mil millones de pesos para el Fondo de Pavimentación, pero los diputados buscan que lo mínimo asignado sean 5 mil millones, monto que recibió en 2014.
Según cifras oficiales, del Fondo de Pavimentación, a la fecha se han entregado 99.90% de los recursos, divididos en 2 mil 800 programas en todas las entidades federativas. Sin embargo, centros de estudio advierten que no hay transparencia en cómo se utilizaron esos recursos.
“No tenemos justificación ni análisis de impacto del uso de esos recursos. No nos dicen por qué había que pavimentar una calle en tal municipio de tal estado, tampoco nos hablan del costo promedio de construcción de esa entidad versus otra ni se evalúa el uso de los recursos. Sólo hay reporte de que los recursos se usaron y listo”, dijo Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia.
Lo que hacen los diputados con esos fondos de libre asignación es etiquetar el gasto, es decir, decidir específicamente cómo, en dónde y en qué se deberá gastar ese monto.
Según Integralia éste es el peor escenario para el Estado, pues al etiquetar para obras específicas en municipio y en estados “los proyectos no siempre cumplen con los requisitos mínimos para su ejecución y responden a intereses clientelares más que a las metas de inversión del Ejecutivo”; a lo que se suma que sólo se reportará si los recursos se entregaron y no necesariamente si cumplieron su propósito.
“La etiquetación y la libre asignación de partidas pervierte la función de control del Congreso, diputados se concentran en gestionar recursos y algunos en cobrar comisiones (…) Entre legisladores se llama “la bolsa negociable”. Esa bolsa concentra recursos dirigidos a obras o proyectos de gran interés para los diputados y los gobernadores (…) esto se debe a que en ese rubro sus promotores pueden ver reflejado su nombre y apellido en obras de gran relieve y visibilidad para la población, así como el incentivo de llevar recursos a empresas constructoras de sus entidades”, se lee en el documento que presentó Integralia.
El monto que para 2015 los diputados podrán dividir en fondos de libre asignación asciende a 65 mil millones de pesos, según lo negociado con Hacienda durante la discusión de la Ley de Ingresos.
Junto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y la Red por la Rendición de Cuentas —que integra a más de 60 organizaciones civiles y centros de estudio—, Integralia recomienda eliminar cualquier forma de etiquetación de recursos durante la negociación del presupuesto; pero también que las asignaciones se basen en evaluar la eficacia de los programas públicos y no en intereses políticos de alcaldes, gobernadores y legisladores.
