El laberinto de Peña Nieto para limpiar las policías de México
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El laberinto de Peña Nieto para limpiar las policías de México

Peña Nieto anunció una estrategia para combatir la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales y sustituir las 1.800 policías locales por 32 corporaciones estatales, ¿qué implica?
Por BBCMundo
28 de noviembre, 2014
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La frase del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, es la mejor manera de definir la crisis actual del país: “Después de Iguala, México debe cambiar”.

Con “Iguala” se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre a manos de policías municipales de Iguala y el vecino Cocula, ambos en Guerrero.

El caso provocó una oleada de indignación en México y otros países y obligó a Peña Nieto a anunciar un plan especial contra la inseguridad.

Lea: Peña Nieto propone eliminar policías municipales

Una parte de la estrategia es combatir la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales y sustituir las 1.800 policías locales por 32 corporaciones estatales.

Pero la ruta para conseguirlo es un camino sinuoso que depende de negociaciones en el Congreso, acuerdos con partidos políticos y sobre todo de emprender una limpia entre autoridades infiltradas por la delincuencia.

El pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes y se acusa a policías municipales.

Nada sencillo. Especialistas como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), sostienen desde hace tiempo que al menos el 70% de los 2.445 municipios del país tienen vínculos con carteles de narcotráfico.

Un problema que se dejó crecer desde los gobiernos anteriores, subraya.

Y además, algunas de las acciones anunciadas por Peña Nieto ya fueron ensayadas por otros gobiernos, con pocos resultados según otros analistas.

Lea también: Reportan otros once decapitados en Guerrero

Detalles

La nueva estrategia se llama “Plan por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”.

Contempla diez acciones contra la inseguridad y una serie de medidas para enfrentar la marginación en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde se ubican la mayoría de las comunidades en pobreza extrema.

Uno de los ejes centrales del nuevo plan es la depuración de las corporaciones policíacas locales, que en conjunto representan la mayoría de los 430.000 elementos activos.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que existen unos 380.000 agentes entre policías municipales, estatales y ministeriales (agentes investigadores) en todo el país.

Mexico
Las autoridades reportaron el jueves el hallazgo de otros 11 decapitados.
Policías
La mayoría de los agentes son sometidos a pruebas de control y confianza.

La mayoría de los policías municipales han superado las pruebas de control y confianza, un examen para descartar –entre otros temas– relaciones con delincuentes. Pero unos 18.000 agentes fueron reprobados. No está claro cuál es su destino.

Otro de los elementos del plan es la posibilidad de que el gobierno federal tome el control de los municipios donde se comprueben vínculos con la delincuencia organizada.

También propone una clave única de identidad para todos los mexicanos, así como protocolos para investigar rápidamente los casos de tortura y desaparición forzada.

Uno de los temas que ha causado polémica es la decisión de crear un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos, un sistema de información genética y la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso desde 2013.

Críticas

Policías de Iguala son detenidos. Foto: AFP/Getty
Especialistas insisten en la vinculación de delincuentes con policías. Foto: AFP/Getty

Parte del laberinto que enfrenta el gobierno de Peña Nieto es superar la crisis de credibilidad en que se encuentra, según analistas como Alejandro Hope.

Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, critican el nuevo plan de justicia.

El banco de información genética y la compensación a familiares de desaparecidos son acciones que en teoría ya existen y hasta ahora no han tenido resultados, señalan en un comunicado.

“No es la primera vez que el actual gobierno anuncia planes y acciones de búsqueda. Tal es el caso del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado el 9 de julio de 2014”, señala el documento.

“Dicho plan no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para responder con acciones de búsqueda inmediata”.

Lea: Las últimas horas de los estudiantes desaparecidos en Iguala

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Claves de la propuesta

Reemplazar las 1.800 policías municipales por fuerzas estatales

Lanzar un único número telefónico de emergencias de nivel federal.

Asignar número de identidad o documentos a los mexicanos

Desplegar más policía federal en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas

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Críticas

El presidente Peña Nieto dijo que las miles de personas que han participado en las marchas dentro y fuera México, las críticas en redes sociales y las opiniones de académicos o artistas coinciden en un punto: “México no puede seguir así”, como dijo.

Algunos especialistas no están muy convencidos con el nuevo plan.

“El principal problema del gobierno del presidente Peña Nieto es un profundo déficit de confianza por parte de los ciudadanos”, señala Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Y otros como Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación en Docencia Económicas (CIDE), afirman que sustituir a las policías municipales es una decisión centralista.

“Está vinculada con la idea de que es mejor tener una muy fuerte centralización policíaca, que es mejor a cualquier alternativa presentada antes”, insiste.

Negociaciones políticas

Peña Nieto reconoce que es importante poner en marcha estas acciones. Pero hacerlo necesita tiempo.

Un ejemplo es sustituir las policías municipales y tomar el control de los ayuntamientos, lo cual requiere modificar el artículo 115 de la Constitución que establece a las alcaldías como responsables de la seguridad de sus localidades.

Protestas en el Zócalo de Ciudad de México por desaparición de estudiantes. Foto: AFP/Getty
La desaparición de estudiantes provocó una ola de indignación. Foto: AFP/Getty

Una reforma de esta naturaleza necesita la aprobación de las cámaras de Diputados y Senadores, y después el acuerdo debe ser avalado por 17 de las 32 legislaturas locales.

Si hay cambios en el texto debe votarse de nuevo en el Congreso y sólo después de este proceso el presidente puede publicarlo para que entre en vigor.

Uno de los problemas es que las cámaras legislativas terminan su período de sesiones el 15 de diciembre. Y en 2015 hay elecciones intermedias, lo cual implica negociar el plan de justicia con partidos que buscan ventajas electorales.

BBC.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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