El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo que su administración acatará la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dirigió por el caso de las 22 personas fallecidas en una bodega en Tlatlaya.
En la recomendación 51/2014, la CNDH afirmó que logró acreditar la responsabilidad “por diversas violaciones a derechos humanos cometidas por personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México” contra dos mujeres.
El diario Reforma reporta que después de inaugurar un foro sobre gobiernos locales iberoamericanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ávila afirmó que su gobierno reparará el daño a las víctimas y que la PGJE realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
[contextly_sidebar id=”L6SzXnzNXKjFzjpV1iRSrOnRm3qStDFP”]“Estaremos en las investigaciones y habremos de proceder conforme a derecho y con todo el rigor si alguien violó la ley, y habremos en este caso de hacerle justicia a quienes pudieron haber sido afectados por estos hechos”, aseguró el gobernador mexiquense.
La recomendación de la CNDH dice que dos de las mujeres rescatadas de la bodega de Tlatlaya -después del enfrentamiento entre militares y presuntos criminales, y de la ejecución deliberada que militares cometieron contra algunas personas que se encontraban dentro de la bodega- fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de asuntos especiales en Toluca.
Ahí, según la CNDH, las dos mujeres fueron maltratadas por su personal “con la finalidad de que confesaran su relación con algunas de las personas que fallecieron el 30 de junio de 2014, así como otros presuntos miembros de la delincuencia organizada, pero también, para que omitieran declarar respecto a la forma en la que se había dado muerte a las personas al interior de la bodega”.
Según una de las víctimas, un abogado le dijo que la iban a hacer hablar, que tenía una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes. En las declaraciones que esta víctima dio a la CNDH dijo que el abogado la pateó y amenazó con hacerle daño a su familia; además, personal de la PGJE le pegó en la cara y la cabeza con los nudillos.
Además, le metieron la cabeza a la taza del baño y un hombre amenazó con violarla. Cuando el hombre se bajó el pantalón, la víctima dijo que ella diría lo que le indicaran, “por lo que aceptó firmar lo que le dieron, sin poder leerlo, y sin abogado presente”. Todo el tiempo que estuvo en la fiscalía mexiquense permaneció incomunicada.
La segunda víctima también declaró a la CNDH que fue golpeada con los nudillos y las palmas en la cabeza, asfixiada con una bolsa de plástico en cinco ocasiones. A ella también amenazaron con violarla. También firmó un documento sin leerlo y sin abogado presente.
Peritos y especialistas realizaron estudios médicos a las dos víctimas y determinaron que, en efecto, las mujeres fueron maltratadas física y psicológicamente.
Con información de Reforma.
**Nota publicada el 10 de noviembre.
