La esposa de Abarca, aún sin orden de aprehensión (sólo arraigo)
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La esposa de Abarca, aún sin orden de aprehensión (sólo arraigo)

La acción penal contra el exalcalde de Iguala es por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres integrantes de la organización Unidad Popular de Guerrero, el asesinato del síndico Justino Carbajal Salgado y su vinculación con Guerreros Unidos.
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Por Omar Sánchez de Tagle
6 de noviembre, 2014
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esposa_abarca

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado obtener una orden de aprehensión contra María de Los Ángeles Pineda, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, pese a las pruebas presentadas en su contra y a su presunta relación con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

El pasado 21 de octubre la PGR solicitó a un juez federal la orden de aprehensión contra María de los Ángeles y su esposo, pero el juez consideró que sólo había elementos para liberar la orden contra José Luis Abarca.

Fue por ello que la PGR se vio obligada a solicitar un arraigo por 40 días contra la esposa de Abarca, tiempo en el cual aprovechará para seguirla interrogando y armará un expediente que le permita obtener la orden de aprehensión.

Funcionarios consultados por Animal Político señalaron que María de los Ángeles se mostró reservada en sus declaraciones e incluso evasiva. Sólo en un par de ocasiones indicó que su hija Yazareth Abarca no estaba involucrada en ningún hecho y por tanto pidió a las autoridades que la liberaran.

Yazareth Abarca fue detenida por autoridades de la Policía Federal la misma madrugada que a sus padres, solo que ella estaba en el domicilio en el que fue detenida Noemí Berumen, acusada de encubrimiento.

Al igual que a José Luis Abarca y su esposa, Yazareth Abarca fue sometida a exámenes médicos y a una declaración ante el ministerio público. Justo en su declaración fue notificada que estaba en calidad de testigo y se le puso en libertad bajo las reservas de ley.

En su declaración, la hija de los Abarca fue interrogada sobre los vínculos de su amiga Noemí Berumen con sus padres y sobre los hechos por los cuales huían, pero al no proporcionar datos y no existir acusación en su contra fue puesta en libertad

En el caso de la declaración de José Luis Abarca, no proporcionó en su declaración ministerial datos que pudieran ayudar a la localización de los 43 normalistas desaparecidos, pero sí logró fortalecer  diversas líneas de investigación de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con funcionarios federales consultados, Abarca proporcionó una relatoría de los hechos y sus presuntos vínculos con los Guerreros Unidos,  pero pese a “su disponibilidad” al momento de ser interrogado, el exedil  aseguró desconocer el paradero de los normalistas, pues aseguró que se concentró en huir y esconderse de las autoridades.

Tras su declaración ministerial, el expresidente municipal de Iguala fue recluido en el CEFERESO, No. 1 “Altiplano” en el Estado de México, quedando a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros.

Los delitos por los cuales lo acusa la PGR son Delincuencia Organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de octubre del 2014.

La PGR informó que la consignación de Abarca se da de manera independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando la dependencia en su contra.

 

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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