“¿Estás listo para otra madriza?”; así vive un periodista maya preso en QRoo
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Artículo 19

“¿Estás listo para otra madriza?”; así vive un periodista maya preso en QRoo

La organización civil 'Artículo 19' documenta que el encarcelamiento de Pedro Canché tiene lugar a pesar de numerosas irregularidades y violaciones al debido proceso, y que su detención obedece a un intento del Gobierno de Quintana Roo de acallar las voces críticas con la gestión de Roberto Borge en la entidad.
Artículo 19
Por Manu Ureste
28 de noviembre, 2014
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El periodista maya Pedro Canché está preso desde el 30 de agosto de 2014. //Foto: Artículo 19

El periodista maya Pedro Canché está preso desde el 30 de agosto de 2014. //Foto: Artículo 19

“¿Ya estás listo para otra madriza?”

La amenaza no es nueva para el periodista de origen maya Pedro Canché, preso desde el pasado 30 de agosto en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, en Chetumal, tras ser acusado por las autoridades de Quintana Roo por el delito de motín cuando éste realizaba su labor periodística.

Casi un mes antes de la pregunta amenazante, a las pocas horas de ingresar en el módulo 1 del cereso, donde se encuentran los presos de “alta peligrosidad” y los reincidentes, cinco reos ya lo habían recibido con una brutal paliza: le propinaron puñetazos y patadas en las piernas y en la cabeza, mientras los elementos policiacos que custodian la seguridad de las instalaciones miraban hacia otro lado.

Horas después, a las seis de la mañana del día siguiente, otro reo azota la cabeza del periodista de 44 años contra la plancha de metal de una de las puertas del módulo 1, y aún con las heridas frescas de la noche anterior, lo toma de la nuca y lo azota de nuevo contra la plancha de cemento que hace las veces de cama en la celda, dañándole gravemente las cervicales.

Las lesiones son tan fuertes que Pedro tiene que ser trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. Allí le practican una radiografía, pero los doctores determinan que, debido al estado en el que se encuentra tras la paliza, requiere de una tomografía. Sin embargo, el periodista no recibe ninguna otra atención médica y el CD que contiene los resultados del estudio desaparece hasta la fecha en manos del agente del Ministerio Público, Tila Patricia Galera.

Esta es parte de la investigación que Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, presentó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas cautelares de protección para Pedro Canché, quien el próximo 30 de noviembre cumplirá tres meses en prisión, a pesar de que esta organización civil ha documentado numerosas inconsistencias en la acusación contra el reportero.

Cabe recordar que Pedro Canché cubrió como periodista independiente entre el 16 y el 19 de agosto unas movilizaciones contra la instalación de medidores y cobro de agua potable en Carrillo Puerto. En aquel entonces, los manifestantes bloquearon la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado de Quintana Roo durante tres días, hasta que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. El reportero lo cubrió todo e hizo público el material a través de las redes sociales.

Como consecuencia, el 20 de agosto el director de CAPA interpuso una denuncia contra Canché y le iniciaron una averiguación previa por sabotaje a las instalaciones de la Comisión. El 24 de agosto, el periodista publica un video en Youtube (que puedes ver aquí) en el que se deslinda de los dirigentes de la movilización contra la Comisión de Agua, pero reta al gobernador de la entidad, Roberto Borge, a un debate público en el parque principal de Carillo Puerto para analizar los problemas y carencias que azotan al municipio del que es oriundo.

Seis días después de publicar el video, la justicia de Quintana Roo libera una orden de aprehensión contra Canché y lo detiene. Y otros seis días más tarde, el 5 de septiembre, le dicta el auto de formal prisión por la acusación de sabotaje, un delito grave penado hasta con 15 años de cárcel y que además no alcanza fianza.

“Nos queda muy claro que la labor periodística de Pedro siempre incomodó al gobierno de Quintana Roo, porque él ha denunciado muchas arbitrariedades, abusos de poder, y también la marginación en la que vive el pueblo maya en Felipe Carrillo Puerto”, expone en entrevista con Animal Político Leopoldo Maldonado, abogado integrante de Artículo 19.

“Pero lo que más incomodó al Gobierno fue que el periodista subiera videos a Youtube del desalojo de la policía durante el plantón del 20 de agosto y que esas imágenes fueran retomadas por medios de comunicación nacionales -añade el licenciado-. Y fue por eso que, desde ese momento, se comenzaron a fraguar las falsas acusaciones contra Pedro”.

Foto: Artículo 19

Foto: Artículo 19

Acusan como “conducta delictiva” que el reportero grabó con el celular y hablaba con manifestantes

Tras la investigación del caso, Artículo 19 señala que el encarcelamiento del comunicador tiene lugar a pesar de numerosas irregularidades y violaciones al debido proceso. Por ejemplo, la organización civil documenta que el perito que integró la investigación se presentó en el lugar de los hechos un día antes de que iniciara la apertura de la averiguación previa contra Canché. Además, de acuerdo con los policías judiciales, bastaron siete horas para que el perito recabara e integrara pruebas.

“Es decir -explica Maldonado-, el perito realiza un dictamen sin que se lo pida el Ministerio Público (MP). Esto es sumamente irregular, porque un perito de ninguna procuraduría puede comenzar las tareas para realizar sus dictámenes si antes no se lo pide un MP”.

Artículo 19 también documenta que la investigación a partir de la que se detuvo al reportero fue armada en tan sólo 48 horas a partir de tres testimonios de integrantes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que ubicaron a Canché en el plantón iniciado el 11 de agosto por el aumento de las tarifas de servicio de agua en el municipio. Estos testimonios, indican como “conducta delictiva” que el reportero habló con manifestantes y los grababa con su teléfono celular.

“Las pruebas del MP son muy endebles -apunta el abogado-. Los señalamientos en contra de Pedro eran de tres empleados de CAPA, que dijeron que Pedro Canché lo único que estaba haciendo era grabar con su celular y platicar con la gente, lo cual confirma que, efectivamente, estaba haciendo su labor periodística y no saboteando nada, como lo acusan”.

“Además -añade Maldonado-, lo más importante es que estos tres denunciantes ya no se presentaron ante el juez el pasado 20 de noviembre y la fiscal se tuvo que desistir de sus testimonios. Y no se presentaron porque no pueden mejorar su declaración, no pudieron agregar ningún dato a la acusación”.

En cuanto a la acusación de sabotaje, Leopoldo Maldonado refiere que Artículo 19 reunió testimonios de personas de Carillo Puerto que confirman que durante todo el mes de agosto se prestó con normalidad el servicio de agua, y que lo ciudadanos pudieron pagar sin problemas sus recibos.

“Esto es importante, porque para acreditar que hubo un sabotaje se tiene que demostrar que hubo un daño a un servicio público, que es lo que alega el gobierno de estado. Pero los testigos ya dijeron ante un juez que nunca se frenó o se interrumpió el servicio de agua en la comunidad, y que también pudieron cumplir con sus pagos”, apunta el abogado.

¿Y el Mecanismo de Protección a Periodistas?

Por otra parte, la organización defensora de periodistas acusa que, pese a que el Mecanismo de protección, a cargo de Secretaría de Gobernación (Segob), está obligado a dar seguimiento de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta instancia no ha cumplido con sus obligaciones ante las agresiones que sufre Canché en la cárcel del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Este mecanismo responde de manera sumamente tardía. Nosotros hicimos la solicitud para integrar a Pedro Canché desde el 25 de septiembre, y ellos nos contestan el 20 de noviembre, es decir, dos meses después, diciendo además que no lo va a incorporar porque está bajo custodia del estado en un centro de reclusión y que eso garantiza su seguridad”, señala el licenciado, que resalta al respecto que en la solicitud de Artículo 19 se alegó que Pedro Canché “fue agredido salvajemente” la primera noche que ingresó a la cárcel, y que éste se encontraba “como castigo” en el módulo de reos de alta peligrosidad.

Asimismo, Artículo 19 denuncia que las comisiones de defensa de derechos humanos estatal y nacional “han servido también como cómplices de los ataques contra las voces disidentes en el estado sureño”, mientras que la CNDH “se ha mostrado débil ante la negativa de informar sobre la investigación y el estatus jurídico del comunicador”.

Ante esta situación, Leopoldo Maldonado informa que Artículo 19 ha enviado toda la información del caso al relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que se va solicitar medidas cautelares para Pedro Canché. Asimismo, se ha realizado una petición urgente a las relatorías de la ONU en temas de tortura, independencia de jueces, pueblos indígenas, y libertad de expresión (aquí puedes leer el documento íntegro de la petición). 

Por su parte, a 80 días de su detención, Pedro Canché dijo en entrevista con integrantes de Artículo 19 que lo visitaron en el penal de Carillo Puerto que es una víctima de la justicia “que está al servicio del gobernador” Roberto Borje.

“Estoy encarcelado por ejercer el periodismo… en México habemos muchas víctimas, yo soy víctima de la justicia que está al servicio del gobernador”, afirmó Canché.

Checa aquí los videos de la entrevista que Artículo 19 hizo a Pedro Canché al interior de la prisión de Carillo Puerto:

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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