“¿Estás listo para otra madriza?”; así vive un periodista maya preso en QRoo
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Artículo 19

“¿Estás listo para otra madriza?”; así vive un periodista maya preso en QRoo

La organización civil 'Artículo 19' documenta que el encarcelamiento de Pedro Canché tiene lugar a pesar de numerosas irregularidades y violaciones al debido proceso, y que su detención obedece a un intento del Gobierno de Quintana Roo de acallar las voces críticas con la gestión de Roberto Borge en la entidad.
Artículo 19
Por Manu Ureste
28 de noviembre, 2014
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El periodista maya Pedro Canché está preso desde el 30 de agosto de 2014. //Foto: Artículo 19

El periodista maya Pedro Canché está preso desde el 30 de agosto de 2014. //Foto: Artículo 19

“¿Ya estás listo para otra madriza?”

La amenaza no es nueva para el periodista de origen maya Pedro Canché, preso desde el pasado 30 de agosto en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, en Chetumal, tras ser acusado por las autoridades de Quintana Roo por el delito de motín cuando éste realizaba su labor periodística.

Casi un mes antes de la pregunta amenazante, a las pocas horas de ingresar en el módulo 1 del cereso, donde se encuentran los presos de “alta peligrosidad” y los reincidentes, cinco reos ya lo habían recibido con una brutal paliza: le propinaron puñetazos y patadas en las piernas y en la cabeza, mientras los elementos policiacos que custodian la seguridad de las instalaciones miraban hacia otro lado.

Horas después, a las seis de la mañana del día siguiente, otro reo azota la cabeza del periodista de 44 años contra la plancha de metal de una de las puertas del módulo 1, y aún con las heridas frescas de la noche anterior, lo toma de la nuca y lo azota de nuevo contra la plancha de cemento que hace las veces de cama en la celda, dañándole gravemente las cervicales.

Las lesiones son tan fuertes que Pedro tiene que ser trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. Allí le practican una radiografía, pero los doctores determinan que, debido al estado en el que se encuentra tras la paliza, requiere de una tomografía. Sin embargo, el periodista no recibe ninguna otra atención médica y el CD que contiene los resultados del estudio desaparece hasta la fecha en manos del agente del Ministerio Público, Tila Patricia Galera.

Esta es parte de la investigación que Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, presentó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas cautelares de protección para Pedro Canché, quien el próximo 30 de noviembre cumplirá tres meses en prisión, a pesar de que esta organización civil ha documentado numerosas inconsistencias en la acusación contra el reportero.

Cabe recordar que Pedro Canché cubrió como periodista independiente entre el 16 y el 19 de agosto unas movilizaciones contra la instalación de medidores y cobro de agua potable en Carrillo Puerto. En aquel entonces, los manifestantes bloquearon la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado de Quintana Roo durante tres días, hasta que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. El reportero lo cubrió todo e hizo público el material a través de las redes sociales.

Como consecuencia, el 20 de agosto el director de CAPA interpuso una denuncia contra Canché y le iniciaron una averiguación previa por sabotaje a las instalaciones de la Comisión. El 24 de agosto, el periodista publica un video en Youtube (que puedes ver aquí) en el que se deslinda de los dirigentes de la movilización contra la Comisión de Agua, pero reta al gobernador de la entidad, Roberto Borge, a un debate público en el parque principal de Carillo Puerto para analizar los problemas y carencias que azotan al municipio del que es oriundo.

Seis días después de publicar el video, la justicia de Quintana Roo libera una orden de aprehensión contra Canché y lo detiene. Y otros seis días más tarde, el 5 de septiembre, le dicta el auto de formal prisión por la acusación de sabotaje, un delito grave penado hasta con 15 años de cárcel y que además no alcanza fianza.

“Nos queda muy claro que la labor periodística de Pedro siempre incomodó al gobierno de Quintana Roo, porque él ha denunciado muchas arbitrariedades, abusos de poder, y también la marginación en la que vive el pueblo maya en Felipe Carrillo Puerto”, expone en entrevista con Animal Político Leopoldo Maldonado, abogado integrante de Artículo 19.

“Pero lo que más incomodó al Gobierno fue que el periodista subiera videos a Youtube del desalojo de la policía durante el plantón del 20 de agosto y que esas imágenes fueran retomadas por medios de comunicación nacionales -añade el licenciado-. Y fue por eso que, desde ese momento, se comenzaron a fraguar las falsas acusaciones contra Pedro”.

Foto: Artículo 19

Foto: Artículo 19

Acusan como “conducta delictiva” que el reportero grabó con el celular y hablaba con manifestantes

Tras la investigación del caso, Artículo 19 señala que el encarcelamiento del comunicador tiene lugar a pesar de numerosas irregularidades y violaciones al debido proceso. Por ejemplo, la organización civil documenta que el perito que integró la investigación se presentó en el lugar de los hechos un día antes de que iniciara la apertura de la averiguación previa contra Canché. Además, de acuerdo con los policías judiciales, bastaron siete horas para que el perito recabara e integrara pruebas.

“Es decir -explica Maldonado-, el perito realiza un dictamen sin que se lo pida el Ministerio Público (MP). Esto es sumamente irregular, porque un perito de ninguna procuraduría puede comenzar las tareas para realizar sus dictámenes si antes no se lo pide un MP”.

Artículo 19 también documenta que la investigación a partir de la que se detuvo al reportero fue armada en tan sólo 48 horas a partir de tres testimonios de integrantes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que ubicaron a Canché en el plantón iniciado el 11 de agosto por el aumento de las tarifas de servicio de agua en el municipio. Estos testimonios, indican como “conducta delictiva” que el reportero habló con manifestantes y los grababa con su teléfono celular.

“Las pruebas del MP son muy endebles -apunta el abogado-. Los señalamientos en contra de Pedro eran de tres empleados de CAPA, que dijeron que Pedro Canché lo único que estaba haciendo era grabar con su celular y platicar con la gente, lo cual confirma que, efectivamente, estaba haciendo su labor periodística y no saboteando nada, como lo acusan”.

“Además -añade Maldonado-, lo más importante es que estos tres denunciantes ya no se presentaron ante el juez el pasado 20 de noviembre y la fiscal se tuvo que desistir de sus testimonios. Y no se presentaron porque no pueden mejorar su declaración, no pudieron agregar ningún dato a la acusación”.

En cuanto a la acusación de sabotaje, Leopoldo Maldonado refiere que Artículo 19 reunió testimonios de personas de Carillo Puerto que confirman que durante todo el mes de agosto se prestó con normalidad el servicio de agua, y que lo ciudadanos pudieron pagar sin problemas sus recibos.

“Esto es importante, porque para acreditar que hubo un sabotaje se tiene que demostrar que hubo un daño a un servicio público, que es lo que alega el gobierno de estado. Pero los testigos ya dijeron ante un juez que nunca se frenó o se interrumpió el servicio de agua en la comunidad, y que también pudieron cumplir con sus pagos”, apunta el abogado.

¿Y el Mecanismo de Protección a Periodistas?

Por otra parte, la organización defensora de periodistas acusa que, pese a que el Mecanismo de protección, a cargo de Secretaría de Gobernación (Segob), está obligado a dar seguimiento de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta instancia no ha cumplido con sus obligaciones ante las agresiones que sufre Canché en la cárcel del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Este mecanismo responde de manera sumamente tardía. Nosotros hicimos la solicitud para integrar a Pedro Canché desde el 25 de septiembre, y ellos nos contestan el 20 de noviembre, es decir, dos meses después, diciendo además que no lo va a incorporar porque está bajo custodia del estado en un centro de reclusión y que eso garantiza su seguridad”, señala el licenciado, que resalta al respecto que en la solicitud de Artículo 19 se alegó que Pedro Canché “fue agredido salvajemente” la primera noche que ingresó a la cárcel, y que éste se encontraba “como castigo” en el módulo de reos de alta peligrosidad.

Asimismo, Artículo 19 denuncia que las comisiones de defensa de derechos humanos estatal y nacional “han servido también como cómplices de los ataques contra las voces disidentes en el estado sureño”, mientras que la CNDH “se ha mostrado débil ante la negativa de informar sobre la investigación y el estatus jurídico del comunicador”.

Ante esta situación, Leopoldo Maldonado informa que Artículo 19 ha enviado toda la información del caso al relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que se va solicitar medidas cautelares para Pedro Canché. Asimismo, se ha realizado una petición urgente a las relatorías de la ONU en temas de tortura, independencia de jueces, pueblos indígenas, y libertad de expresión (aquí puedes leer el documento íntegro de la petición). 

Por su parte, a 80 días de su detención, Pedro Canché dijo en entrevista con integrantes de Artículo 19 que lo visitaron en el penal de Carillo Puerto que es una víctima de la justicia “que está al servicio del gobernador” Roberto Borje.

“Estoy encarcelado por ejercer el periodismo… en México habemos muchas víctimas, yo soy víctima de la justicia que está al servicio del gobernador”, afirmó Canché.

Checa aquí los videos de la entrevista que Artículo 19 hizo a Pedro Canché al interior de la prisión de Carillo Puerto:

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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