Meses antes de hacer pública su intención de reelegirse en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva emprendió una estrategia para sumar apoyos de organizaciones sociales y comisiones estatales de defensa de los estados que fortalecieran su candidatura. Al mismo tiempo, personalidades que se perfilaban como contendientes enfrentaron incidentes que derivaron en la emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión, hasta hackeo de computadoras y teléfonos celulares, según denuncian los candidatos.

El próximo jueves 13 de noviembre –fecha límite para designar al ombudsman nacional, según la convocatoria– los integrantes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado darán a conocer la terna de los candidatos finalistas y ese mismo día el pleno votará para elegir a la persona que ocupará la presidencia de la CNDH durante los próximos cinco años.

Aunque fuentes legislativas confirman que Plascencia tiene pocas posibilidades para ser reelecto, el ombudsman no ha reparado en esfuerzos para conseguirlo.

La inscripción de Plascencia Villanueva estuvo acompañada de 16 cajas de documentos que incluían 2 mil 650 cartas de apoyo. Entre esas, la de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPD) –integrada por las comisiones defensoras del país–, cuyo secretario técnico es Óscar Elizundia Treviño, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH y quien formó parte del equipo de apoyo en la comparecencia en el Senado.

El presidente de la FMOPD y ombudsman de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, pidió a sus agremiados firmar dicha carta,  pero además, conseguir más misivas de organizaciones no gubernamentales de sus estados, como parte de los acuerdos de asamblea de septiembre.

Una de las firmantes fue Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos –también aspirante a la presidencia de la CNDH–, quien justificó dicho respaldo ante senadores durante su comparecencia: “Efectivamente firmé una carta de apoyo, así nos lo pidieron a todas las comisiones de los estados (…) Tenemos que respaldar las partes buenas, las partes malas, yo rescato muchas cosas de apoyo que se hizo en materia de capacitación en mi estado”.

“Los presidentes de los estados recabamos esas cuantiosas cajas (16) que trajo el presidente de la CNDH para decir el respaldo que hubo de los estados. El trabajo lo hacemos los presidentes de las comisiones de los estados”, remató.

La Federación es financiada por donativos de sus integrantes y de externos, según se explica en su reglamento. Sin embargo, la situación financiera de cada uno es considerablemente distinta. Mientras la CNDH tuvo un presupuesto de mil 416 millones 382 mil 046 pesos para 2014, su homóloga en Tamaulipas, por ejemplo, tuvo un presupuesto de 20 millones de pesos y la de San Luis Potosí, 26 millones de pesos. Además, la Comisión Nacional también apoya en especie, pues envía mobiliario y artículos de oficina que deja de usar a las comisiones estatales que trabajan en condiciones precarias, según explicó Lucero Benítez.

En tanto, dirigentes de organizaciones sociales en el Distrito Federal que prefirieron omitir su nombre, confirmaron que durante las capacitaciones que ofrecieron los funcionarios de la CNDH, les “sugerían” apoyar la candidatura de Plascencia, con lo cual podrían aumentarse los vínculos de apoyo hacia las ONG.

Los bots

Otros apoyos al ombudsman ocurrieron a través de decenas de cuentas de Twitter de usuarios que tienen pocos seguidores e idénticos time line, características de los llamados bots o usuarios fantasma.

Algunos replicaban notas periodísticas con títulos como “4 razones para reelegirse en la CNDH. Pese a críticas de ONG y senadores” y “¿Crees que Raúl Plascencia debe reelegirse en la CNDH? Él cree que sí”. Otros emitían mensajes como éste: “#Conoce a @mfarahg (Mauricio Farah) actualmente gana más que el presidente #CNDH”.

De acuerdo con un análisis de Fundar y Artículo 19 sobre la actividad en Twitter en el proceso de elección del ombudsman y los candidatos, se detectó que los trolls tuvieron mayor auge entre el 30 de octubre y 1 de noviembre, sobre todo con dos fenómenos, uno de apoyo a Raúl Plascencia y otro respecto a menciones negativas hacia Raúl González y Mauricio Farah.

En el análisis del 7 de octubre al 5 de noviembre sobre las menciones a los candidatos, la diferencia es abismal. Mientras Raúl Plascencia tuvo 13 mil 426 menciones, otros candidatos como Mauricio Farah consiguió 407; Ricardo Bucio, 2 mil 77 (muchos de ellos debido a una nota periodística); Miriam Cárdenas, 507 y Sara Irene Herrerías, 166.

A esto se suma que el 2 de noviembre, la página www.designaciones.org, proyecto coordinado por Fundar y Artículo 19, que sigue los procesos de elección para ciertos cargos públicos, fue hackeada para alterar el resultado de la encuesta sobre candidatos y favorecer al actual ombudsman.

La votación masiva en pocos minutos fue detectada como un comportamiento anormal en la página por el equipo de Designaciones. En el análisis, detectaron que desde un servidor externo habían introducido un algoritmo en la página para que cada voto a favor de Plascencia generara cinco más. Así, de 39 votos positivos pasó a 666 en cuestión de minutos.

Era una “clara intromisión”, comentó a Animal Político el oficial adjunto del área de derecho a la información de Artículo 19, Ricardo Luévano. Significa, dice, una “suciedad innecesaria” en un proceso de elección para elegir al defensor de derechos humanos.

Los incidentes

Dos de los candidatos que figuraban como fuertes contendientes para relevar a Raúl Plascencia sufrieron percances de distinta índole en los últimos meses. Uno de ellos fue Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La primera semana de octubre pasado detectó que su teléfono celular institucional fue intervenido, incluyendo el servicio de mensajería. Desde ese número se enviaron mensajes de chat a personas externas al Conapred, además de una llamada al representante de una organización no gubernamental que él no realizó.

El ataque siguió contra Hugo Morales, uno de sus colaboradores más cercanos, una semana después. En entrevista con Animal Político, narró que el 14 de octubre su cuenta de Twitter fue hackeada. Por la mañana aparecieron mensajes que él no había escrito en contra del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, de la Procuraduría General de la República y opiniones respecto al supuesto hallazgo de cadáveres en el Gran Canal del Estado de México.

“Mi primera reacción fue borrarlo, pero después comprobé que no había sido un error sino que lo habían hecho con toda intención”.

Al día siguiente, también fue atacada su cuenta de Facebook, pues subieron imágenes que él no reconocía. Al mismo tiempo, la computadora que utiliza en el edificio del Conapred presentaba fallas. Los ingenieros en sistemas detectaron que a través del celular que conectaba al equipo, intentaban entrar a su sistema desde un servidor externo. En el análisis detectaron que fueron sustraídos diversos documentos referentes a la gestión en el Conapred.

El 27 de octubre ratificó la denuncia que había interpuesto antes en la Agencia del Ministerio Público “Benito Juárez 4” para que se investigara lo ocurrido y un día después, su computadora fue bloqueada por completo. “Hasta el momento no he podido entrar”, comentó.

Otro caso fue el ocurrido el 12 de octubre, cuando fue enviado a la cuenta de correos de reporteros que cubren la fuente de derechos humanos, un mail supuestamente firmado por Yoloxóchitl Casas, directora de comunicación social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), pidiendo a organizaciones sociales que enviaran cartas de apoyo a favor de “Ricardo”.

En el mail, supuestamente dirigido a organizaciones sociales, se lee “me pidió Ricardo que le comente que ahora lo importante es que juntemos el mayor número de cartas posibles, de lo que sea, respecto al tema económico ya lo tenemos listo y financiado”.

Incluso se adjuntaba el machote de una carta. Sin embargo,  el mail provenía de una dirección de correo falso, aunque incluía datos reales de Casas.

La información de dicho mail fue retomado por el columnista Carlos Ramírez quien argumentó que se utilizaba una estructura y recursos públicos a favor de un candidato. Luego vinieron críticas en el mismo sentido desde diversas cuentas en twitter.

Por lo ocurrido, Yoloxóchitl Casas interpuso una denuncia por el delito de “suplantación de identidad” el 15 de octubre ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Otro caso fue el de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM con licencia, y uno de los finalistas en el proceso de elección. En agosto pasado estuvo envuelto en un escándalo sobre el supuesto plagio de un trabajo sobre libertad de expresión, cuyo autor era Enrique Carpizo Aguilar.

El académico presentó una queja ante la CNDH por este motivo el 28 de agosto pasado y cinco días después (2 de septiembre), el organismo presidido por Plascencia dictó medidas cautelares a su favor.

El rector de la UNAM, José Narro, respaldó a González Pérez, y consideró como “muy lamentable que se utilicen a las instituciones para perjudicar a otras”. En tanto, el abogado general cuestionó la “celeridad” con que la Comisión trabajó en dicho caso para dictar medidas cautelares en su contra.