[contextly_sidebar id=”uTzHqryhNQlFe2DAykHR9UbbjJRKAII2″]El presidente Enrique Peña Nieto anunciará este jueves 27 de noviembre un nuevo plan por la seguridad pese a que el último acuerdo en la materia propuesto por el gobierno federal tiene varios puntos pendientes por cumplir.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad tiene 74 compromisos y se firmó en agosto de 2008. De éste, hay puntos clave en los que no se avanzó en su totalidad durante los últimos seis años, como la disminución del secuestro a través del trabajo de las Unidades Estatales; tener una cédula de identidad o depurar en tiempo los cuerpos policiales.
Entre los firmantes de ese Acuerdo, además del presidente —en ese entonces, Felipe Calderón—, estuvieron secretarios de Estado, gobernadores —entre ellos Peña Nieto como mandatario del Estado de México—, los presidentes de las organizaciones municipales del país, representantes de medios de comunicación, de sociedad civil, de sindicatos y organizaciones campesinas, de grupos empresariales y religiosos.
El primer compromiso fue “Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia” lo que incluyó la creación de un modelo de evaluación y control de confianza y que las policías del país se mantuvieran bajo “evaluación permanente”.
En este acuerdo participaron los tres niveles de gobierno pues tanto la federación como estados y municipios se comprometieron a fortalecer los cuerpos policiales garantizando que estarían integrados por elementos confiables.
El lento avance que tuvo la depuración policial en estados y municipios provocó que el poder Legislativo autorizara modificar la fecha límite para realizar el control de confianza a todos los elementos y que ésta se retrasara en dos ocasiones.
Y aunque el último plazo venció el 30 de octubre pasado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que tras la evaluación, 46 mil policías de todo el país no pasaron los controles de confianza, la organización civil Causa en Común denuncia que 42 mil 214 que reprobaron siguen trabajando, por lo que consideran que este punto básico del Acuerdo no se cumplió en términos reales.
Otro compromiso —que recayó principalmente sobre la Secretaría de Gobernación— fue la expedición de una Cédula de identidad que se entregaría a través del Sistema Nacional de Identificación Personal.
El proyecto arrancó el sexenio pasado pero tras la polémica que provocó la sustitución de la credencial de elector y los requisitos para garantizar la protección de los datos biométricos necesarios para la Cédula, éste se abandonó.
El programa debió completarse en tres años, según la meta del Acuerdo, pero en lo poco que se avanzó sólo se incluyó a menores de edad y apenas se entregaron 1.3 millones de cédulas y se recolectaron 6.8 millones de registros en 15 entidades.
Y aunque Peña Nieto se comprometió a revisar el proyecto abandonado, desde 2013 no tiene recursos en el Presupuesto de Egresos.
Otro punto del Acuerdo era el vinculado a los secuestros, el apoyo que el gobierno federal debía dar a las entidades federativas y la creación de Unidades Estatales para el combate del delito.
El compromiso era tanto de gobiernos estatales como del gobierno federal. Y aunque las Unidades Estatales se crearon, la sociedad civil denuncia que el secuestro sigue al alza y que por lo tanto, el punto no puede darse por cumplido.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo confirman: en 2009 registró 1,162 secuestros; un año después fueron 1,236; y en 2012 fueron 1,317.
Al finalizar el año pasado la cifra de secuestros había aumentado 28.9% pues se registraron 1,689.
Además, según México Unido contra la Delincuencia, la efectividad para investigar y condenar el delito, fue nula; y los estados y la federación no logran tener un sistema eficiente y confiable para que las víctimas denuncien.
Otros puntos pendientes son completar un Sistema de denuncias contra la Corrupción y la mala actuación de servidores públicos, fortalecer la capacidad institucional del ministerio público con protocolos de actuación e investigación para tener averiguaciones y procedimientos judiciales sólidos; o crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales.
Este Acuerdo de 74 compromisos se basó en el fortalecimiento de la policía para evitar que los elementos de seguridad del país estuvieran coludidos con organizaciones criminales.
Seis años después, el nuevo plan de Peña Nieto tiene el objetivo de “fortalecer el Estado de Derecho” —según dijo el presidente— y evitar actos de violencia como el ocurrido hace dos meses en Iguala, Guerrero, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales que seguían ordenes del alcalde, José Luis Abarca, todos coludidos con el crimen organizado.
