México: el tren bala, la mansión presidencial y el enojo de China
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México: el tren bala, la mansión presidencial y el enojo de China

El acuerdo fue anunciado el 3 de noviembre con bombos y platillos: China dirigiría un consorcio empresarial para construir un tren de alta velocidad en México, pero...
12 de noviembre, 2014
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Foto: AP

Foto: AP

El acuerdo fue anunciado el 3 de noviembre con bombos y platillos: China dirigiría un consorcio empresarial para construir un tren de alta velocidad en México, el primero en su tipo en América Latina.

Para Pekín, el proyecto de 3.750 millones de dólares para la construcción de una vía de 210 kilómetros para unir a la Ciudad de México con Querétaro, significaba “el reconocimiento global de la tecnología ferroviaria china” tal como describió el diario oficial chino Global Times.

El desarrollo de esta industria de trenes de alta velocidad ha sido uno de los estandartes del gigante asiático en los últimos años.

Y ahora, por primera vez, China no sólo exportaría partes de sus sistemas, como lo había hecho en el pasado.

“Es un proyecto emblemático para la industria (china)”, dijo a la agencia de noticias Xinhua el profesor Sun Zhang, experto de la Universiad Tongji en Shanghái.

“Porque verá la exportación de todo el paquete, incluida la construcción, equipamiento y estándares tecnológicos“, agregó.

“Estupefacta” 

El golpe -o “el descarrilamiento del tren bala” como lo llamó el diario hongkonés South China Morning Post– llegó pocos días después.

El jueves 6 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT) de México, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el fallo del concurso para la construcción del tren rápido México-Querétaro “quedaba sin efecto”.

La noticia dejó a muchos anonadados.

“Fue un revés muy serio para China”, dice a BBC Mundo Raymond Li, del Servicio Chino de la BBC.

“No sólo por la enorme cantidad de dinero involucrada sino también por la ambición de China para exportar su tecnología de alta velocidad”.

“Y también hay que tener en cuenta que éste iba a ser el primer contrato que China ganaba en el exterior, lo cual, se suponía, iba a sentar un buen precedente”, agrega el periodista.

La empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) -la mayor contratista de construcción del mundo- que iba a dirigir el consorcio del proyecto junto con tres empresas mexicanas, estaba “estupefacta”, según el Global Times.

El viernes, tras el anuncio, CRCC sufrió una caída de 4,94% en la Bolsa de Shanghái y de 5,76% en el mercado de valores de Hong Kong, su mayor caída desde julio de 2013.

El diario citó a Huang Wei, socio de la firma de abogados Tian Yuan en Pekín, que indicó que CRCC estaba considerando posibles acciones legales “para buscar compensación por las pérdidas causadas por la abrupta decisión del gobierno mexicano”.

Factores internos

Lo que todos se preguntaban era ¿por qué?

China se apresuró a dejar en claro que su oferta había cumplido con todas las regulaciones y que el contrato había sido revocado por “factores internos mexicanos”.

Se dio a conocer que el consorcio chino había sido el único postor para el ambicioso proyecto mexicano después de que otras 16 empresas habían declinado la convocatoria, incluidas las principales competidoras globales de CRCC: la alemana Siemens, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom y la japonesa Mitsubishi.

Surgieron acusaciones de políticos de oposición de que la plataforma de oferta no había sido justa y que las tres empresas mexicanas que participaban en el consorcio liderado por CRCC tenían vínculos cercanos con el gobierno.

El jueves durante una audiencia en el Senado uno de los críticos que más cuestionaron el proyecto, Javier Corral, del opositor PAN, señaló que “ahora era necesario saber si los ganadores de la licitación habían recibido información privilegiada”.

“De ser así, se amañó un proyecto multimillonario con el fin de privilegiar a uno de los competidores y los demás contendientes, conscientes de ello, se retiraron”, dijo.

Corral afirmó que las empresas mexicanas que participaron con el consorcio de CRCC: Prodemex, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana “son propiedad de personajes ligados al PRI (partido en el poder) y al actual presidente Enrique Peña Nieto”.

Constructora Teya está dirigida por Juan Armando Hinojosa, amigo cercano de Enrique Peña Nieto.

La empresa está afiliada al Grupo Higa, que ha ganado contratos multimillonarios desde que el presidente era gobernador del estado de México, de 2005 a 2011.

En la reunión del Senado, el secretario Ruiz Esparza insistió en que “todo fue legal en la adjudicación del proyecto del tren rápido”.

Agregó que “fue una decisión soberana del gobierno de China la de asociarse con las empresas mexicanas”.

“Con toda libertad le digo, no creo haber violado absolutamente ninguna legalidad, así como se les invitó a ellos, se les invitó a los demás”.
La “Casa Blanca” del presidente

Las cosas empeoraron el domingo cuando la prensa mexicana publicó una investigación sobre la mansión de 7 millones de dólares donde vive la familia Peña Nieto.

El informe publicado en Aristegui Noticias reveló que la mansión presidencial, ubicada en uno de los barrios más caros de la Ciudad de México, está registrada a nombre del Grupo Higa.

La revelación desató una polémica en el país y de inmediato el portavoz presidencial respondió que la esposa de Peña Nieto, la exactriz Angélica Rivera, contrató a la compañía inmobiliaria para adquirir la propiedad en su nombre y que ella “ha estado pagándola”.

La tormenta no quedó en México. El presidente está actualmente en China, en la cumbre de los países de la Apec, y ha debido enfrentar las críticas allí por la revocación del contrato.

Como señala Raymond Li, de la BBC, “ha habido varios informes y análisis sobre la cancelación, que China responsabiliza a la política interna de México”.

“Y aunque no se han dado los detalles de porqué se tomó la decisión, la mayoría de los analistas son muy críticos de México y han descrito el hecho como extremadamente poco profesional”, asegura el periodista.

Todo esto ocurre en un momento complicado para el gobierno de México por la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

El caso ha provocado extensa indignación y protestas en el país porque el supuesto asesinato fue perpetrado por autoridades y policía local en colusión con miembros de cárteles de droga.

Tal como lo dijo el senador Javier Corral, “hay una bomba de tiempo, porque hay una exigencia social que reprocha la impunidad, la colusión entre delincuentes y la autoridad, como para adicionarle procesos de licitación enderezados a favorecer a amigos, a personeros o a empresas cercanas al partido en el gobierno o al Presidente de la República“.

El gobierno de Enrique Peña Nieto subraya que todo el proceso se llevó a cabo “con transparencia y legalidad” y que el consorcio chino ganó porque presentó “un ofrecimiento y un financiamiento fuera de serie”.

Sin embargo otras empresas que se interesaron por la licitación indicaron que el lapso para presentar una propuesta fue muy corto.

En sus declaraciones ante el Senado el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza declaró que la dependencia a su cargo actuó “con toda legalidad” y que “no había asomo de favoritismo o corrupción” en el proyecto.

“No es un tema de amistades -dijo- es un tema de empresas. Hay en todas las empresas, o en casi todas las empresas, un nombre conocido”.

Hasta ahora, la razón que ha dado el gobierno mexicano para la revocación de la licitación china es para “responder a las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública por este proyecto”.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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