Solo cuatro entidades del país aplican la reforma penal aprobada en 2008
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Solo cuatro entidades del país aplican la reforma penal aprobada en 2008

Aunque las entidades tienen como plazo constitucional el 18 de junio de 2016 para reformar sus sistemas de justicia, de seguir con el mismo ritmo de avance existe el riesgo de incumplimiento, señala un estudio elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Por Nayeli Roldán
22 de noviembre, 2014
Comparte
Reos dentro de una prisión de alta seguridad en México. Foto: Cuartoscuro

Reos dentro de una prisión de alta seguridad en México. Foto: Cuartoscuro

A seis años de la Reforma Constitucional en materia Penal, sólo Yucatán, Estado de México, Chihuahua y Morelos han instrumentado en su totalidad el nuevo sistema penal acusatorio, mientras que en siete estados y el Distrito Federal ni siquiera está operando y en 20 entidades lo han hecho de manera parcial.

Así lo revela el “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, realizado por segundo año consecutivo por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Aunque las entidades tienen como plazo constitucional el 18 de junio de 2016 para reformar sus sistemas de justicia, de seguir con el mismo ritmo de avance existe el riesgo de incumplimiento o que el resultado sea una implementación deficiente, sostiene el informe.

Este es uno de los puntos más preocupantes, pues “el mayor riesgo de la reforma penal es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres; lo esencial, a estas alturas, es atender los puntos críticos institucionales que garanticen que el cambio se construya sobre cimientos firmes”, concluye el documento.

Muestra de ello es que aunque entidades como el Estado de México logró implementar un nuevo sistema penal, opera de “muy deficiente” pues no están poniendo en funcionamiento medidas como las salidas alternativas restaurativas ni han cambiado sus modelos de trabajo a la oralidad, que es uno de los cambios clave en la reforma.

“Siguen trabajando como si estuvieran integrando averiguaciones previas y eso se ve en las audiencias porque tenemos a ministerios públicos que están leyendo, en lugar de hacer uso de la oralidad. Por eso no logramos ver los beneficios que debía traer este nuevo sistema de justicia”, dice en entrevista, María Novoa, directora del proyecto.

Para ser considerado como un estado en operatividad total, su nuevo sistema de justicia debe estar funcionando en todo su territorio y para todos los delitos, por lo que hasta el momento solo cuatro han cumplido con estos criterios.

La investigadora Novoa afirma que la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado por el Ejecutivo en marzo pasado abonará a una efectiva aplicación, pues este reemplaza a los 32 códigos procesales locales y al código procesal federal, con lo que logra la homologación de la procuración y la administración de justicia en el país.

Pero si bien son cambios normativos positivos, “resultan insuficientes”, toda vez que no existen planes específicamente diseñados para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes. Además, aún falta que se armonicen leyes secundarias, tanto en el ámbito estatal como en el Federal.

También es urgente elaborar protocolos y manuales que permitan aterrizar en la gestión diaria de las instituciones los preceptos establecidos en las leyes nacionales. “Por ende, armonización normativa tanto por los Congresos como al interior de las instituciones es la tarea impostergable”, dice el informe.

¿Quién es quién en materia de justicia?

El estudio del CIDAC incluye el análisis comparativo entre las entidades de todo el país bajo cuatro criterios de avance: coordinación y flujo de información, simetría institucional, ritmos de la implementación y participación ciudadana.

Aquí tomaron en cuenta el avance eficaz de los procesos del nuevo sistema de justicia penal, aunque no hayan concluido. De ahí que, incluso, aquellos estados que ya están operando completamente lo han hecho de manera deficiente, como es el caso del Estado de México y Morelos, por lo que no figuran entre los primeros lugares del ranking.

Para evaluar a todas las entidades se elaboró un índice con la comparación de cada entidad federativa frente a ella misma respecto de los resultados obtenidos en el Reporte del año pasado, también con el resto de las entidades y contra un estándar objetivo esperado de avance (referencia respecto de un nivel de desarrollo ideal u óptimo para esta etapa de la implementación, de acuerdo a los recursos e incentivos aplicados).

Así se pudieron encontrar impactos positivos en los estados en diferentes aspectos, por ejemplo, el porcentaje de judicialización de casos atendidos por la Defensoría Pública en Nuevo León es considerablemente menor (6.3%) que el resto de las entidades, lo cual se atribuye a la organización especializada de la institución, pues cada dirección brinda servicios durante una etapa procesal específica.

Además, las unidades de Orientación y Atención Temprana y la unidad de Justicia Alternativa en Baja California muestran un impacto positivo en la determinación de asuntos logrando el descongestionamiento del sistema y un 96% de acuerdos satisfactorios.

Este es el ranking por estado:

grafica_cidac_penales

Con base en esta misma metodología, CIDAC realizó también un ranking de las cinco instituciones federales involucradas en el proceso de reforma del sistema de justicia pena, respecto con los “condicionantes de la implementación”. Se trata de la Procuraduría General de la República (PGR), Poder Judicial de la Federación (PJF), Policía Federal (PF), Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFSP).

Para ello se estableció un estándar de 730 puntos, que se establece como la referencia realista respecto de un nivel de desarrollo óptimo.
“El estándar para las instituciones federales se definió a partir del estándar fijado para las 32 entidades federativas, en razón de que se debería esperar avance similar, debido a que el proceso de implementación formalmente comenzó al mismo tiempo, tanto en el fuero federal como local”, explica el estudio.

Fuente: Cidac

Fuente: Cidac

El Código de Procedimientos Penales publicado hace ocho meses delimita la actuación de cada uno de los implicados en el sistema de justicia: víctimas, acusados, fiscales, abogados defensores, los testigos, la policía, los peritos, el juez e incluso los medios de comunicación y el público en general.

Los policías, por ejemplo, deberán investigar con mayores técnicas profesionales y el juzgamiento de los delitos se desarrollan en distintos tipos de audiencias: la inicial en la que se verifica la legalidad de la imputación; la intermedia en la que se determina si es juicio oral o justicia alternativa; la del Juicio y debate y audiencia de sanciones.

Los encargados de aplicar de manera efectiva estas reglas, son los funcionarios públicos que deben aprender una nueva forma de hacer su trabajo. Sin embargo, hasta el momento, 59.8% del personal ha sido capacitado durante los últimos tres años, por lo que existe el reto de capacitar al 40.2% restante hasta junio de 2016.

Otro reto, dice Novoa, es la aplicación efectiva de recursos, tan sólo para 2014, la Federación destinó a los estados cinco mil millones de pesos para la implementación del Sistema de Justicia Penal, pero “sin una metodología para la asignación efectiva”, lo que debería corregirse para los próximos dos años.

Aquí puedes leer el informe completo:

Informe Reforma Penal Cidac

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Aborto en América Latina: ¿puede la legalización en Argentina impulsar un cambio en toda la región?

Las activistas a favor del aborto en América Latina aseguran que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.
7 de marzo, 2021
Comparte

Cuando el Congreso de Argentina votó para legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, Renata (no es su nombre real) se sintió emocionada.

“Qué genial”, recuerda haber pensado la joven de 20 años del norte de Brasil a finales de diciembre. Renata, estudiante y trabajadora de un supermercado, vio el cambio en Argentina como el inicio de algo nuevo en América Latina, donde el aborto es mayoritariamente ilegal.

Renata no pensó mucho en el tema hasta una semana después, cuando descubrió que ella misma estaba embarazada. Luego, relató, sintió que “su mundo colapsaba”.

“Bajo ninguna circunstancia podría tener al bebé”, me dijo, y me explicó que en la ciudad donde vive es imposible conseguir trabajo, más aún en el contexto de la pandemia. Renata tenía además la certeza de que en su trabajo la darían de baja con un salario menor si contaba la noticia a su jefe.

“Todo tiene que estar bien para traer un niño a este mundo”, afirmó. La joven agregó que después de haber visto a su madre criar a dos niños sola, nunca quiso tener que pasar por eso.

Mujeres en Argentina con un gran pañuelo verde que dice "Aborto legal, seguro y gratuito"

Reuters
Argentina se sumó en diciembre a la lista reducida de países en América Latina en los que el aborto es legal.

Pero Renata tenía pocas opciones.

El aborto está prohibido en Brasil a menos que el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la madre esté en peligro o el feto sea anencefálico, una condición poco común que impide el desarrollo de parte del cerebro y el cráneo.

Renata decidió que viajaría a Colombia. Si bien las restricciones allí son similares a las de Brasil, la interpretación de la ley es más amplia y, por lo tanto, es más fácil acceder a abortos legales.

La joven incluso había pedido dinero prestado para pagar el vuelo, que iba a ser su primer viaje al extranjero.

Pero Colombia prohibió los vuelos desde Brasil debido a una nueva variante de covid-19 detectada en Manaos.

“Empecé a llorar”, recordó Renata. “Era mi última esperanza, estaba inconsolable”.

Ahora, con la ayuda de una organización benéfica llamada “Milhas pela vida das mulheres” (Millas por la vida de las mujeres), mediante la cual las personas donan millas aéreas para ayudar a mujeres a acceder a abortos seguros en el extranjero, Renata viajará a la Ciudad de México, donde el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo es legal.

“Es la mejor decisión para mí”, aseguró sin vacilar.

Poderoso movimiento por los derechos de las mujeres

Solo en Brasil, se estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año. Los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y partes de México. Y ahora, por supuesto, Argentina.

Muchas activistas proaborto esperan que el cambio de ley en Argentina presione a otros países para que sigan el ejemplo.

En Argentina, quienes apoyaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lucían un pañuelo verde.

Es un símbolo que desde entonces ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región. El pañuelo representa la resistencia pacífica de un creciente movimiento por los derechos de las mujeres que asegura que la sociedad debe cambiar.

Mujeres en Argentina muestran sus pañuelos verdes

Reuters
El símbolo del pañuelo verde usado en Argentina ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región.

Debora Diniz, profesora de antropología de la Universidad de Brasilia, señaló que es inusual que un símbolo se extienda a otros países de esta manera.

“Tradicionalmente, América Latina no opera de esta manera”, afirmó la destacada activista feminista.

Era una región colonizada, que miraba mucho más al norte global. Y ahora nos miramos los unos a los otros. Incluso un país que se entiende a sí mismo como un continente, como Brasil, está usando el pañuelo verde para representar las causas de las mujeres”.

El conservadurismo y la Iglesia

Pero América Latina está profundamente dividida. Es una región donde reinan la religión y el conservadurismo.

Si bien Argentina avanzó en una dirección en diciembre, un mes después, el Congreso de Honduras agregó una prohibición del aborto a su Constitución, lo que hace que sea más difícil que nunca legalizar el procedimiento en el futuro.

Por tanto, no es un camino sencillo.

Mujeres en Honduras protestando contra la la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto

Reuters
Grupos de mujeres salieron a las calles en Honduras para protestar contra la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto.

“Cuando se aprobó la ley en Argentina, la gente en Honduras comenzó pensar si la presión para legalizar el aborto se extendería en la región y tal vez habría un cambio aquí”, afirmó Álvaro Hernández de “Ola Celeste”, un grupo antiaborto que respaldó el cambio a la Constitución.

“Honduras es un país cristiano y el aborto no ha sido un tema de debate a nivel local”, aseguró. Aunque la Iglesia puede ser muy influyente en Honduras, algunos grupos de mujeres salieron a las calles para protestar contra la prohibición del aborto.

En Argentina, muchos observadores dieron crédito al presidente de centroizquierda Alberto Fernández por contribuir a impulsar la legalización del aborto.

Pero en el vecino Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro condenó la medida argentina, y los grupos conservadores siguen siendo fuertes.

No creo que vaya a ser tan fácil legalizar el aborto en Brasil“, señaló Celene Salomão, activista del capítulo de São Paulo de “40 Días por la Vida”, una campaña religiosa internacional contra el aborto.

Salomão opina que los senadores en Argentina “fueron sometidos a mucha presión” de grupos de izquierda para legalizar el aborto. Pero cree que el presidente Bolsonaro se mantendrá firme sabiendo que cuenta con el respaldo de grupos religiosos.

“Muchos brasileños son cristianos, no solo católicos sino también de otras denominaciones, y todos estamos en contra”.

Chile impulsa el cambio

En Chile, el presidente de derecha Sebastián Piñera también dejó en claro que se opone a un cambio en la ley, aunque en enero, a raíz de la decisión de Argentina, el Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Uno de los temas que une a las activistas proaborto es el argumento a favor del acceso seguro.

Las activistas afirman que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.

Y argumentan que las mujeres se someterán a abortos, sean legales o no, por lo que permitirles el acceso legal a la interrupción será más seguro y reducirá el número de muertes como resultado de abortos clandestinos.

La Dra. Karla Figueroa de la clínica GineClinic en México dice que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ninguna mujer ha muerto por este procedimiento.

“Eso es lo más importante en términos de salud pública”, agregó.

Pancarta en Argentinca que dice "Ni una muerte más por aborto clandestino"

Getty Images
Para muchos, el debate debe centrarse en la salud de la mujer. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México ninguna mujer ha muerto por este procedimiento, afirmó la Dra. Karla Figueroa.

Y es un mensaje que se extiende por toda la región.

“El ángulo de la vida y la salud de las mujeres está muy presente en la discusión en Colombia”, afirmó Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s Link Worldwide.

Ardila está haciendo campaña para eliminar la criminalización del aborto y asegurar que las mujeres que se someten a abortos y los equipos médicos que los realizan no sean procesados.

“El derecho penal es en realidad el peor instrumento en este caso y tiene muchas consecuencias como imponer un estigma y generar miedo entre el personal sanitario”, señaló.

Activistas a favor del aborto en la región aseguran que la legalización en Argentina ha galvanizado su lucha.

“Espero que el cambio en Argentina sirva como un punto de inflexión”, afirmó la Dra. Figueroa en la Ciudad de México.

Para Debora Diniz, la decisión argentina proporciona una mayor motivación.

“En Brasil, tenemos algunas de las feministas negras más activas y vibrantes de la región”, afirmó.

“Tenemos un feminismo diverso, y tal vez algo salga de él”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=dC7xjJ7eIBk

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.