106 casos de violencia contra defensores de la tierra en los últimos tres años
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106 casos de violencia contra defensores de la tierra en los últimos tres años

México es uno de los países en los que predominan amenazas, asesinatos o desapariciones de estos activistas, considerados uno de los grupos de defensores de derechos humanos más vulnerables
Por Tania L. Montalvo @tanlmont
3 de diciembre, 2014
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Gasoducto_Morelos-3

Juan Carlos Flores Solís vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos fue detenido por oponerse a la construcción de un gasoducto. Foto: Cuartoscuro

Los defensores del derecho a la tierra nunca han estado tan expuestos a la represión como ahora y tras haber sido víctimas de amenazas, ataques, hostigamiento, difamación, asesinato o desaparición, sus casos se quedan en total impunidad, señala el último reporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre la labor de estos activistas.

De enero de 2011 a agosto de 2014, se documentaron en todo el mundo 106 casos de hostigamiento contra 282 defensoras y defensores del derecho de la tierra y contra 19 organizaciones no gubernamentales dedicadas al mismo tema.

En el informe “No tenemos miedo. Defensores del derecho a tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”, la FIDH denuncia que 95% de los casos permanecen en total impunidad debido a la “incapacidad de los Estados para obligar a los autores a rendir cuentas por sus acciones o por negligencia”.

“Aunque los defensores del derecho a la tierra a menudo informan a las autoridades pertinentes de que son víctimas de violaciones de derechos humanos, en muchos casos las instituciones judiciales no investigan, procesan o sancionan a los autores de manera adecuada y la mayoría de las violaciones queda totalmente impune”.

Tras analizar casos de 29 países, ese organismo internacional concluyó que existen cuatro formas para atacar a los defensores del derecho a la tierra: vulneraciones de su integridad física —que incluye amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones—, hostigamiento judicial y leyes represivas; difamación; y vigilancia ilegal.

En cuanto a vulneraciones contra la integridad física, hasta agosto de 2014 ocurrieron 63 casos que afectaron a 112 defensoras y defensores, entre ellos algunos mexicanos.  

En el caso de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ya había denunciado que en el país entre 2009 y 2012 ocurrieron al menos 50 ataques en 17 entidades. La mayoría de estos fue contra defensores que se oponían a proyectos de minería y explotación forestal, pero también se atentó contra activistas vinculados a proyectos turísticos, inmobiliarios, hidráulicos y de infraestructura.

Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos pone atención sobre el caso de Oaxaca, en donde miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) son amenazados por su oposición a la construcción de un parque eólico de la empresa española Gas Natural Fenosa.

El 25 de agosto de 2013, un grupo de hombres armados sospechosos de trabajar para la empresa amenazaron de muerte y atacaron a varios miembros de la APPJ cuando éstos visitaban la zona en la que se estaba construyendo el parque eólico Bií Hioxho para evaluar los daños causados por la construcción del proyecto.

En cuanto a asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, el reporte documenta 43 casos ocurridos desde 2011 en donde destacan los de Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas.

También hay siete casos más de desaparición, entre ellos el de enero de 2012, cuando el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollán, informó sobre la desaparición de Marcial Bautista Valle y de Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora de la Organización Campesina de Ecologistas de la Sierra de Petetlán y Coyuca de Catalán; e integrantes del Movimiento por la Paz.

Sobre detenciones arbitrarias, hasta junio de 2014 se documentaron 17 casos de defensores que continuaban en prisión o en situación de arresto domiciliario en países como Birmania, la República Democrática del Congo, Ecuador, Guatemala y México.

A ello se suman otros 32 casos de hostigamiento judicial contra 123 defensoras y defensores del derecho a la tierra, entre los que también aparecen activistas mexicanos.

Por ejemplo, en abril de 2014 hombres vestidos de civil detuvieron a Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala; quien desde 2006 se opone a la construcción de un gasoducto de las empresas españolas e italianas Abengoa, Elecnor, Anagas y Bonattu.

El activista fue acusado de disturbios, saqueo, ataque a obras hidráulicas y extorsión por hechos ocurridos en una manifestación en Acuexcoman, Puebla.

Aunque se comprobó que él no participó en esa protesta, el juez emitió una orden de detención en su contra. A la fecha, permanece en prisión preventiva.

La FIDH alerta que la mayoría de los defensores del derecho a la tierra trabajan en zonas remotas y no gozan de protección de actores como medios de comunicaciones e instituciones gubernamentales de defensa de derechos humanos, por lo que es clave acabar con su aislamiento y visibilizar sus casos.

En el caso de México, el reporte destaca el papel de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor en 2012, pues aunque no es una legislación específica para defensores de la tierra sí los ubica como un grupo en riesgo.

Sin embargo, denuncia que las cifras de la Secretaría de Gobernación muestran un retraso de atención de casos de 70% para finales de febrero de 2014 y que por el tipo de Mecanismo de protección deja fuera los casos en los que se criminaliza a los defensores y ofrece garantías “insuficientes”.

Por ejemplo, Claudia Zenteno es una activista que defiende la zona del lago de Xochimilco de las construcciones ilegales realizadas por los invasores de la tierra. Tras sufrir amenazas y ataques y de que su familia fuera víctima de malos tratos y secuestros; en enero de 2013 las autoridades reconocieron el peligro al que se enfrentaba y a través del Mecanismo le proporcionaron cuatro guardaespaldas.

Pero en diciembre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República retiró la protección sin dar explicación o informar a la defensora, lo que la dejó en una situación extremadamente precaria y de riesgo, denuncia la FIDH.

Proteger a los defensores del derecho a la tierra no sólo es parte de un contexto de respeto a garantías individuales si no que ellos desempeñan un “papel clave para garantizar que en el marco de los proyectos que afectan a la tierra se rindan cuentas y se respeten los derechos humanos en mayor medida”, concluye la Federación Internacional en este reporte 2014.

Si bien, el derecho a la tierra no está enlistado como un derecho humano en sí, éste es clave para el ejercicio de otros como el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud o a la autodeterminación.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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