[contextly_sidebar id=”GZlRw9845Bz1y8LdLeBnhq0a29lKcAjP”]Solo tiene un año y nueve meses y está luchando por sobrevivir. Sofía, como la llamaremos, nació en el albergue La Gran Familia –que dirigía Rosa Verduzco– y tiene Síndrome de Down. Cerca de la mitad de los niños con estas características tienen defectos congénitos en el corazón,m pero Sofía nunca recibió una atención médica adecuada ni la rehabilitación que se le debería dar.
Cuando el pasado 15 de julio la PGR desarticuló el internado de Verduzco, más conocida como Mamá Rosa, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hizo cargo de la custodia de las 536 personas que allí vivían. La mamá de Sofía, Adriana, fue reubicada con la bebé y su otra hija de seis años en una casa hogar para madres.
Adriana, de 29 años, no aguantó un nuevo encierro y decidió irse. Se refugió en Zamora con un antiguo compañero del internado que ya estaba fuera antes del operativo. Pero seguía en shock. Adriana había sido abandonada en el albergue a los 8 años y llevaba 21 años allí dentro. Quería hacerse cargo de su vida pero le faltaban las herramientas necesarias. Su bebé empezó a tener problemas respiratorios. Y la llevó al DIF estatal de Michoacán. En el DIF le diagnosticaron una cardiopatía y la internaron en una casa cuna. De tratamiento recibía un medicamento con las mismas sustancias que la viagra. A Adriana no le dieron apoyo ni acompañamiento.
“El estado está rebasado, no han podido atender a las víctimas”, explica Areli Rojas, directora de Y quién habla por mi?, fundación que atiende a menores víctimas del delito y que se integró en una mesa interinstitucional con el gobierno y otras organizaciones para dar seguimiento al caso de La Gran Familia. En ella participan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Sistema DIF y organizaciones de la sociedad civil que atienden a infancia.
“El DIF no ha cumplido, sus albergues están a reventar y no tiene la capacidad de atender a tantos niños. A los que tenían familias les reubicó pero no les da seguimiento, y de los discapacitados se despreocupó. La CEAV solo actúa en horario de oficina, como si las víctimas tuvieran horario. Todo es atención de la sociedad civil y de funcionarios particulares que se implicaron fuera de su mandato”, critica Rojas.
Rojas descubrió la situación de Adriana y sus hijas a través de una de estas funcionarias y se le acercó. Gracias al apoyo de alguna funcionaria a nivel individual y de organizaciones de atención privada, pudo ubicar a Adriana con sus dos hijas en la Casa de la Mamá Soltera –que manejan religiosas en el Distrito Federal– y darle una revisión médica adecuada a Sofía. Cuando Sofía llegó al hospital pensaban que se iba a morir. Presentaba una cardiopatía congénita a la que se le había sumado una infección en el hígado y en las vías urinarias dado el tratamiento inadecuado para su corta edad. Lleva un mes ingresada en el Instituto Nacional de Pediatría. “Si se les llega a morir la bebé hubiera sido responsabilidad del Estado”, señala Rojas.
Esta activista no entiende porqué la CEAV no hizo estudios para diagnosticar a Sofía, ni porqué no aplican la ley de víctimas. Los internos de La Gran Familia entran en calidad de víctimas como establece la Ley General de Víctimas y por tanto requieren la restitución y reparación del daño, así como medidas especiales de apoyo físico y psicológico de seguimiento que asegure la no repetición. Esta misma legislación supone, por ejemplo, que cualquier víctima puede acceder a servicios de salud gratuitos, pero aún así Rojas tuvo que presionar a la CEAV para que lo tramitase. El patrón se repite con otros casos.
Mariamar Estrada, directora de Ayuda y Solidaridad coincide con Rojas: “No hubo apoyo gubernamental, ni del DIF, ni de la Junta de asistencia privada, al menos con los cerca de 60 que llegaron al Distrito Federal. Por ejemplo si el niño es del Zamora, el DIF del DF no lo puede recibir, no puede ser así de fracturado”, espeta.
Ayuda y Solidaridad participó al inicio del operativo en el diagnóstico de los niños. Atendieron a 150 niños en el internado. Después les asignaron 47 niños que trasladaron al DF. Otra decena, abandonados a su suerte, fueron llegando por su propio pie. Ayuda y Solidaridad es un albergue para chicas de la calle donde viven 98 mujeres. Ahora además viven otras 4 chicas procedentes de la Gran Familia. Tres son adolescentes, la cuarta tiene 19 años y una pequeña discapacidad.
El DIF no se hace cargo de mayores de edad, aún y cuando presenten alguna discapacidad. “Cumpliendo 18 están metidos en un problema más grave. Y si es adulto y discapacitado de cualquier tipo más difícil todavía, no hay nada, no hay planeado nada en México para ellos”, denuncia Estrada. Es sábado y va a haber una comida de navidad para reagrupar lúdicamente al medio centenar de ex hijos de Mamá Rosa que están en el Distrito Federal.
Cristina irrumpe en el despacho. Le trae una fragancia a Mariamar para darle las gracias. Se funden en abrazos. Estrada chulea lo bien que luce Cristina, que no se llama así. Pasó 9 años en la Gran Familia, junto a su hermano gemelo. Cuando salieron su padre los reclamó pero al regresar a la casa familiar también regresó la violencia. A las semanas se escapó. Regresó a Ayuda y Solidaridad donde la habían remitido mientras se tramitaba la petición de su padre. Dos meses después, Cristina trabaja de mesera en una cafetería de Tlalpan, a pocas cuadras de su residencia con las Hermanas Trinitarias. En enero regresa a retomar su preparatoria. Tiene 19 años y muchas ganas de salir adelante.
“Se trata de eso, de darles herramientas para salir adelante. No solo que no vuelvan a vivir condiciones como las de donde los sacamos, sino de enseñarles a pescar. Pero no hay un proyecto gubernamental para eso, no hay nada”, concluye Estrada. Mientras Areli Rojas, de ¿Y quién habla por mi?, exige que se cree y que, en el caso de Sofía, al menos se le de seguimiento cuando salga del hospital, y se le ponga una cuidadora para que Adriana pueda trabajar y hacerse cargo de su otra hija, de seis años.
La Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Juárez, asume que se está fallando con las obligaciones del Estado. “No es un asunto de humanidad sino de restitución de los derechos de los menores y adultos que allí se encontraban. Hay que darles seguimiento”, considera Juárez quién reconoce que su propia Comisión descuidó el tema ante la discusión sobre la recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
