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El gobierno federal podrá intervenir un municipio sólo con sospechas de infiltración del crimen

En la reforma en materia de justicia y seguridad pública que Peña Nieto envió al Senado se establece que bastan “suficientes indicios” para que la Federación asuma el control total o parcial del municipio.
Por Tania L. Montalvo
2 de diciembre, 2014
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FOTO: Cuartoscuro

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“Suficientes indicios” sobre la infiltración del crimen organizado en un municipio es lo único que se necesitará para que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación soliciten al Senado que la Federación asuma el control total o parcial de las funciones de esa localidad, según la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública que el presidente Enrique Peña Nieto entregó este lunes a la Cámara Alta.

La propuesta del presidente contempla modificar el artículo 115 constitucional en el que sólo se menciona que cuando el fiscal “advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales” procederá la intervención de la Federación. No se establece la necesidad de presentar algún tipo de prueba o avances de una investigación antes de señalar el presunto vínculo con el crimen.

“En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las Constituciones locales no prevén este supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”, añade el articulado.

En el decreto que será presentado este martes durante la sesión ordinaria del Senado, el Ejecutivo agrega que por la “importancia y relevancia” de las funciones de aquellos que asuman las funciones municipales “en estos casos no procederá la controversia constitucional (para) no judicializar las razones que llevan a la intervención de los ayuntamientos”.

El texto no establece mecanismos para que las autoridades acusadas de tener vínculos con el crimen expongan algún tipo de defensa antes de que el Senado apruebe la intervención de la Federación. 

“La posibilidad de que un agente externo o interno al municipio que responda a intereses ajenos al bienestar público pueda condicionar la toma de decisiones de un órgano democráticamente electo, trastoca profundamente su autonomía e imparcialidad. Por tanto, se justifica que dicho órgano sea intervenido a efecto de restaurar su carácter democrático y popular, así como el orden y el correcto funcionamiento de los servicios públicos que presta el municipio”, se lee en la justificación de la medida.

Según Peña Nieto, el sistema constitucional mexicano permite la intervención de la Federación en las entidades para garantizar el orden y que en ese argumento se explica esta acción propuesta en los municipios.

Sólo 32 policías

La propuesta de reforma de Peña Nieto también incluye modificaciones al artículo 21 constitucional para que los municipios participen únicamente en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención del delito y no de seguridad pública que corresponderán exclusivamente a los estados.

Los cambios implican que los municipios entreguen sus recursos tanto económicos como materiales —armamento, patrullas— a los estados para tareas de seguridad pública, que se ejercerán a través de 32 policías que sustituirán a mil 800 cuerpos policiales municipales.

En la iniciativa también se prevé homologar los criterios de selección de los policías, los protocolos de actuación y de operación, las funciones y reglas de tránsito y los salarios, por lo que se tendrá un tabulador estatal de remuneración mínima.

En el artículo 116 se proponen cambios para señalar que los estados no podrán celebrar ningún convenio con los municipios para que éstos asuman algún tipo de función en el tema de seguridad pública.

Las reglas, en manos de los estados

En los transitorios, la propuesta de Peña Nieto indica que tras la entrada en vigor de las reformas los estados deberán presentar un “plan estratégico de transición” para tener el mando policial único en sus entidades.

Este plan deberá incluir una evaluación de cada policía municipal del estado, las necesidades de inversión y las acciones necesarias para transitar al mando policial único —que incluya un tabulador de sueldos, el rediseño de procesos operativos, la inversión para homogeneizar las comunicaciones, los uniformes y patrullas—.

Pero los estados también señalarán qué servidores públicos se harán cargo de la transición y las “consecuencias del incumplimiento”; así como de presentar un calendario de inversiones y financiamiento para llegar a la meta.

Si bien la Federación —a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— revisará el Plan, está en manos de los estados la propuesta para transitar al mando policial único y sancionar el incumplimiento.

Como anunció Peña Nieto el jueves 27 de noviembre, los primeros estados obligados a cumplir con la transición serán Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas que tras la publicación del decreto tendrán 90 días para presentar su Plan que deberá estar en marcha antes de seis meses y finalizado en un plazo máximo de dos años.

Para el resto de las entidades el plazo para completar la transición dependerá de los planes presentados por los estados.

Asimismo, el decreto indica que los policías municipales podrán ser parte de los cuerpos estatales según las evaluaciones o certificaciones que cada estado decida aplicar.

Competencia de la Federación y los estados

El último punto de la reforma propuesta por el presidente considera cambios en el artículo 73 y 104 para determinar la competencia del gobierno federal y los estados en la investigación de delitos.

En la propuesta se establece que “migrar hacia un nuevo tipo de federalismo en materia penal, en el cual el Estado se organice desde una visión de la participación de todos los órdenes de gobierno hacia fines comunes a partir de una división del trabajo”.

Para ello, los delitos contra la federación seguirán siendo competencia del Congreso, pero éste podrá definir qué delitos se perseguirán mediante leyes generales y cuáles —sin una legislación específica— serán competencia de los estados.

La iniciativa de Peña Nieto sugiere que el Congreso emita una ley general de competencias penales para hacer una distribución de éstas entre la federación y los estados.

“La ley determinará los casos en que las instituciones policiales de las entidades federativas deberán actuar bajo el mando de las federales. Esto significa que el orden federal asumirá esta competencia solamente en los casos y en la forma que determine la ley (general)”, la cuál deberá ser emitida por el Congreso 180 días después de la publicación del decreto.

Esta reforma en materia de justicia y seguridad pública es parte de las 10 acciones para “mejorar el Estado de Derecho” que Peña Nieto anunció el pasado jueves como respuesta de su gobierno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Según la justificación del proyecto, el objetivo es atender un problema de seguridad pública que “ha recaído cada vez en los municipios y se ha alejado de la Federación y los estados, lo que ha resultado en una disparidad y una falta de coordinación que ha imposibilitado al Estado mexicano en su conjunto cumplir con la función esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

La propuesta se discutirá primero en el Senado y según coordinadores parlamentarios se aprobará antes del 15 de diciembre, cuando termina este periodo ordinario de sesiones. Después deberá pasar a la Cámara de Diputados, en donde se analiza llamar a un periodo extraordinario para esta iniciativa.

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Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
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Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Getty Images
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Reuters
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

Getty Images
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


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