El informe de ejecuciones y torturas que hizo llorar a la presidenta de Brasil
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

El informe de ejecuciones y torturas que hizo llorar a la presidenta de Brasil

La comisión oficial que indagó los abusos del régimen militar en Brasil (1964-1985) recomendó en su informe final juzgar a los agentes públicos que cometieron “graves violaciones de derechos humanos” en ese periodo.
Por BBCMundo
11 de diciembre, 2014
Comparte

dilma_rousseff_llorando

La comisión oficial que indagó los abusos del régimen militar en Brasil (1964-1985) recomendó en su informe final juzgar a los agentes públicos que cometieron “graves violaciones de derechos humanos” en ese período, algo que hasta ahora el país ha evitado.

El documento de más de 3.000 páginas de la Comisión de la Verdad fue entregado este miércoles a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, una expresa política que fue torturada en los años 70 y se emocionó hasta las lágrimas al recibir el texto.

Rousseff aseguró que el trabajo del grupo que ella misma creó dos años y siete meses atrás ayudará a Brasil a “reconciliarse consigo mismo”, pero negó que exista un afán de “revanchismo, odio o ajuste de cuentas”.

Una ley de amnistía de 1979 impidió hasta ahora juzgar a los responsables de muertes, desapariciones y torturas del régimen militar en Brasil. Esto supone una excepción regional que ha sido criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Comisión de la Verdad brasileña señaló a 377 responsables de esos crímenes y sugirió someter a juicio a aquellos que continúan vivos, casi 200 militares, policías y agentes públicos de la época.

Esto coloca a las autoridades brasileñas en la disyuntiva de seguir esas recomendaciones a riesgo de irritar a las Fuerzas Armadas, o mantener la situación jurídica vigente frustrando las expectativas de víctimas de abusos y sus familiares.

“Responsabilidad jurídica”

La Comisión de la Verdad brasileña elaboró su informe en base a documentos, testimonios de víctimas e incluso de funcionarios del régimen militar que aceptaron hablar.

Sin embargo, los propios integrantes del grupo han dicho que carecieron del apoyo de las Fuerzas Armadas para echar luz sobre ese capítulo oscuro de la historia brasileña.

La abogada Rosa Cardoso, uno de los siete miembros de la Comisión, dijo recientemente a BBC Mundo que hubo “falta de colaboración total” de los militares, algo que consideró previsible.

“Conocemos la mentalidad de nuestras Fuerzas Armadas, no tienen una mentalidad democrática”, afirmó.

El informe final señala 434 casos de personas asesinadas por el régimen, entre ellas 210 que siguen desaparecidas, pero admite que la cifra podría ser mayor.

Reclama el “reconocimiento de la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas” por los atropellos cometidos, “como elemento esencial a la reconciliación nacional y para que esa historia no se repita”.

Además recomienda que los órganos competentes determinen la “responsabilidad jurídica —criminal, civil y administrativa— de los agentes públicos que dieron causa a las graves violaciones de derechos humanos en el período investigado”.

Tres categorías

Entre los 377 identificados como responsables de abusos figuran cinco expresidentes del régimen, listados en la categoría de “responsabilidad político institucional” junto a exministros y oficiales militares.

En el nivel de “responsabilidad por la gestión de estructuras y procedimientos” figuran excomandantes de unidades militares, así como exjefes policiales y de institutos médicos legales que según la Comisión permitieron los abusos en dependencias del Estado, incluso sin haberlos cometido directamente.

Por último, en la categoría de “autoría directa de crímenes” aparecen militares y agentes que de acuerdo al informe cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas de opositores.

Del total de responsables mencionados, 196 permanecen vivos, con un promedio de edad de 82 años.

Hasta ahora 23 de ellos han sido denunciados en procesos que transcurren en la Justicia, pero ninguno fue condenado.

El argumento para reclamar que sean juzgados pese a la ley de amnistía es que esos crímenes son de lesa humanidad y por lo tanto escapan al alcance de esa norma, aprobada durante el propio régimen.

Beatriz Affonso, representante en Brasil del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), afirmó que ahora “la presidenta de la República tiene que entregar el informe a las autoridades competentes” para que comiencen acciones judiciales.

“Existe una posibilidad más amplia de que las acciones puedan ser investigadas penalmente”, dijo Affonso a BBC Mundo. “Es una obligación”.

Rousseff, que fue presa durante el régimen por pertenecer a una organización guerrillera, ha afirmado en diferentes ocasiones que piensa respetar el contenido de la ley de amnistía como lo hicieron sus antecesores.

Herencia

La Comisión de la Verdad también señaló los efectos que las acciones del régimen militar tienen hasta hoy en Brasil, por ejemplo en materia de violencia policial.

“La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y hasta el ocultamiento de cadáveres no es extraña a la realidad brasileña contemporánea”, sostuvo.

Aunque advirtió que esos crímenes ya no ocurren en un contexto de represión política como antes, relacionó la situación actual con la falta de castigo de los abusos del régimen militar.

Entre las recomendaciones finales figura desmilitarizar la policía brasileña y crear órganos externos de contralor en el sistema carcelario.

También propone que los institutos médicos legales y de pericia criminal dejen de estar vinculados a las secretarías de seguridad pública.

Un informe de una organización no gubernamental presentado el mes pasado indicó que la policía brasileña mata en promedio seis personas por día y que entre 2009 y 2013 cobró más vidas que la policía de Estados Unidos a lo largo de tres décadas.

**Nota publicada el 10 de diciembre.

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
Comparte

En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=NaF9hGCiqkk

.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.