Feminicidios en el Estado de México, ¿por qué la sociedad civil acusa que hay fallas para investigarlo?
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Feminicidios en el Estado de México, ¿por qué la sociedad civil acusa que hay fallas para investigarlo?

Estas son las causas por las que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) lleva años solicitando una Alerta de Género en esa entidad.
Por Tania L. Montalvo
29 de diciembre, 2014
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Feminicidios

Protesta contra los feminicidios en México. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El pasado 6 de diciembre Isabel fue golpeada por su pareja y aunque ella pudo huir de un primer ataque y corrió por la vía pública en busca de ayuda, él la alcanzó y la apuñaló varias veces en el tórax y el abdomen. La asesinó.

Isabel tenía 30 años  y la golpiza que le causó la muerte inició en su domicilio ubicado en Ecatepec, Estado de México, tras una discusión con su pareja, quien tras alcanzarla y herirla de muerte, la arrastró para dejar su cuerpo en medio de la maleza.

Y aunque el caso es un ejemplo de lo que según estándares internacionales es un feminicidio, para que el agresor sea procesado por ese delito y condenado a 40-60 años de prisión, primero un juez deberá considerar que el homicidio se cometió por razones de género.

Para ello, el Código Penal del Estado de México —que tipificó el delito del feminicidio en 2011— identifica ciertas circunstancias que acreditan la violencia de género: que la víctima presente signos de violencia sexual, que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, que existan antecedentes de violencia, haya existido entre la víctima y el agresor una relación sentimental o de confianza, que haya amenazas previas, que la víctima haya sido incomunicada o que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto.

Y aunque el tipo penal del Estado de México se reformó en enero pasado para que no fuera tan difícil acreditarlo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) considera que casos como el de Isabel todavía dependen de la interpretación de un operador jurídico y que las fallas en la redacción en el Código Penal abre la puerta a que los asesinatos de mujeres no se contabilicen como feminicidios.

El Estado de México exige que las mutilaciones sean infamantes o degradantes, cuando en sí mismas las mutilaciones lo son, por lo que para la acreditación de este elemento normativo el operador jurídico podría interpretar que las mujeres deben ser mutiladas con tal saña, que sus cuerpos quedan irreconocibles o bien que las mutilaciones se den en partes específicas del cuerpo de las mujeres”.

El Observatorio lleva años solicitando una Alerta de Género para el Estado de México y acusa que ésta no se ha aceptado porque es vista como un golpe político-electoral, más que como una herramienta para implementar políticas públicas en contra de la violencia y a favor de las mujeres.

También advierte que la disparidad entre las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y las de organizaciones civiles se debe a que las autoridades dificultan la acreditación del tipo penal de feminicidio o no lo reconocen, por lo que muchos asesinatos de mujeres no son investigados como tal.

Las cifras de sociedad civil indican que de 2005 a 2010 ocurrieron 922 feminicidios en el Estado de México; y de marzo de 2011 a diciembre de 2012 otros 563.

En cambio, las autoridades mexiquenses consideran que ningún homicidio ocurrido antes de marzo 2011 puede ser considerado un feminicidio, porque el delito no se había tipificado y por lo tanto no se puede acreditar la violencia de género en la entidad.

Pero desde marzo de 2011 y hasta la fecha reconoce sólo 177 casos de feminicidio, 43 de los cuáles ocurrieron en 2014.

El Observatorio ve en las trabas para acreditar el tipo penal —como la interpretación personal de la violencia de género o de la comisión de lesiones infamantotes o degradantes—una “salida” de las autoridades mexiquenses para maquillar las cifras de feminicidios cometidos en la entidad y, por lo tanto, huir de la Alerta de Género.

En 2013 la Alerta se rechazó porque el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) consideró que su aprobación requería que la violencia fuera generalizada en ese territorio, en lugar de concentrarse en 10 de los 125 municipios de la entidad, en donde han ocurrido la mayoría de los feminicidios.

Pero en menos de un mes, además del de Isabel, hay otros casos que han llegado a la prensa nacional y que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres consideran emblemáticos de la violencia de género que prevalece en el Estado de México.

El 24 de noviembre pasado, Liliana Morales –de 12 años– desapareció en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Dos hombres desconocidos la interceptaron a la salida de la escuela y la subieron a una camioneta. Ocho días después su cuerpo fue encontrado en Tultitlán.

El cuerpo de Itzel Sánchez –de 20 años– fue encontrado el 2 de diciembre pasado descuartizado y en cajas de cartón, estaba en un tiradero del municipio de Otzolotepec. El hallazgo ocurrió después de que fue reportada como desaparecida tras un encuentro con su exnovio.

Datos del feminicidio en el Estado de México

Según las cifras de la PGJEM, estas son las características de los feminicidios que sí reconocen en la entidad:

  • 22% tenía entre 11 y 20 años
  • 37% entre 21 y 30 años
  • 77% de las mujeres murieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza física
  • 8% murieron por arma de fuego
  • 41% fueron asesinadas por su pareja
  • 9% por un conocido
  • 67% de las mujeres fueron halladas en un lugar público
  • 32% fueron encontradas en su casa
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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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