Foto: Cuartoscuro

Policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos por estar relacionados con el hallazgo en 2011 de cadáveres en fosas clandestinas, pues los uniformados recibieron pagos del grupo criminal los Zetas —autores del crimen— para realizar labores de vigilancia o interceptar gente en la zona, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Al entregar los datos —sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.

“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, indica la Nota Informativa que PGR entregó el 10 de diciembre pasado al National Security Archive.

Si bien las autoridades federales informaron en 2010 y 2011 que algunos policías municipales habían sido detenidos por su vínculo con la masacre y las fosas comunes, hasta ahora habían mantenido en secreto los archivos sobre las detenciones bajo el argumento de que era información reservada por tratarse de una investigación abierta.

Las masacres ocurridas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, son un caso emblemático sobre cómo las autoridades mantienen en secreto el vínculo entre miembros del Estado y la violencia provocada por el crimen organizado; así como sobre la violación de derechos humanos.

La versión oficial indica que las masacres contra migrantes ocurrieron a manos de la organización delictiva de Los Zetas, pero la última información entregada por la PGR también deja al descubierto detalles sobre el papel de los policías implicados en estos crímenes.

En el documento se incluye testimonio de uno de los miembros de la policía municipal detenidos, y presunto integrante de Los Zetas, Álvaro Alba Terrazas, quien declaró que la policía recibía pagos para detener y después entregar a las personas a los criminales.

“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas (…)”.

San Fernando y el derecho a la información

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los migrantes han buscado y solicitado información oficial tanto de las masacres ocurridas en San Fernando como de otros abusos cometidos en su contra, por lo que iniciaron una campaña por el derecho a la verdad a través de la que exigen que se divulguen datos completos sobre estos hechos.

Las autoridades federales se han negado a reconocer que los hechos en San Fernando implican violaciones a derechos humanos, pues afirman que los asesinatos de migrantes son actos criminales perpetrados por cárteles de la droga. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) decidió que estas masacres sí constituyen violaciones a derechos humanos, según lo establecido en tratados internacionales ratificados por México y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior derivó en agosto en una orden del IFAI a la PGR para dar a conocer los datos sobre la participación de policías municipales en las masacres de San Fernando, pues la Ley de Acceso a la Información indica que el Estado tiene la obligación de dar a conocer información sobre violaciones graves a derechos humanos en lugar de clasificarla como reservada.

Pero además de que el IFAI basó su decisión en criterios que incluyen la aquiescencia, tolerancia o la participación directa del Estado en las masacres, esto se confirma con el documento entregado por la PGR, lo que implica que este tipo de crímenes cometidos con la participación de policías constituyen violaciones de derechos humanos, como es el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos tras un ataque de policías municipales en Iguala, Guerrero.

La desclasificación del documento representa un gran avance en los esfuerzos de organizaciones civiles como Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) para tener acceso a los expedientes completos sobre la investigación de los asesinatos de migrantes, lo cual actualmente está en discusión en la Corte Suprema que deberá fallar si PGR debe divulgar versiones públicas de éstos.

*Jesse Franzblau presentó la solicitud de información como parte del proyecto de documentos desclasificados sobre migración del National Security Archive, la cual finalmente resultó en la sentencia del IFAI que se menciona en el texto. También trabaja como consultor para la Open Society Justice Initiative (OSJI) sobre proyectos relacionados al derecho a la verdad. Este texto fue publicado por parte de OSJI.