Aún cuando tienen un fallo de la Suprema Corte a su favor, Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urias Amparo no han podido casarse, pues el registro civil de Mexicali, Baja California, no ha acatado la resolución de la Corte ni ha efectuado la unión conyugal; en cambio, les ha negado el derecho ya en tres ocasiones.

Detrás del impedimento de su boda, señalan Víctor Espinoza y Fernando Urias en entrevista telefónica con Animal Político, están el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, y el alcalde de dicha ciudad, Jaime Rafael Díaz Ochoa, de extracción panista.

“Ellos (el obispo y el alcalde) tienen una relación muy estrecha… Nos hemos enterado que el alcalde es presionado por el obispo, por eso se dieron aquellos intentos fallidos que buscaron pretextos tontos para poder postergar lo inevitable”, sostiene Fernando, y denuncia que grupos civiles conservadores se han manifestado públicamente contra la realización de su boda; incluso en la red social Facebook tienen un página llamada “Comunidad en desacuerdo al matrimonio civil igualitario en Baja California”, donde los desacreditan.

Pese a ello, este sábado 10 de enero, a las 14:30 horas, una vez más Víctor y Fernando se presentarán ante el registro civil de Mexicali, instancia de la que es responsable la oficial Guadalupe Adriana Narváez Ramírez. El subdirector jurídico de la secretaría de Ayuntamiento, Álvaro Meza Luna, citó a la pareja en virtud de haber cumplido con los requisitos para, ahora sí, casarlos por la vía civil.

De efectuarse el matrimonio será el precedente para futuras bodas entre personas del mismo sexo en el estado, luego de que la primera sala de la Suprema Corte concedió a Víctor y Fernando el amparo 122/2014 para su unión conyugal el pasado 25 de junio de 2014, resolución que además determinó inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo en la entidad.

“El registro civil alegó que habíamos metido documentos de un hombre y de una mujer, no de dos hombres y que por eso no nos podían casar, pero nuestro abogado en Mexicali, José Márquez Saavedra, demostró que ellos sí recibieron nuestra documentación en regla… fue cuando la bomba explotó y como la Constitución estatal no permite el matrimonio entre dos hombres, nos negaron el derecho”, apunta Fernando.

El artículo 7 de la Constitución Política de Baja California dice, en su segundo párrafo: “El Estado reconoce y protege la Institución del Matrimonio como un derecho de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer”.

El amparo

A partir de ahí, Víctor y Fernando junto con su abogado José Márquez buscaron un amparo para poder casarse en Baja California, apegándose a lo establecido en la Constitución federal y no en la estatal. Primero el registro civil de Mexicali atendió el tema, de ahí pasó con un juez local, después fue a un tribunal colegiado de circuito y de ahí hasta Guadalajara, Jalisco, a un tribunal colegiado externo.

“Se empezaron a echar la bolita: ‘yo no lo soluciono, tú, no, mejor tú’, hasta que sin darse cuenta enviaron nuestro caso a la Suprema Corte sin saber que una vez atrayendo el tema, este iba a tener todavía más importancia”, cuenta Fernando.

Fue así que el 25 de junio de 2014 la primera sala de la Suprema Corte, mediante un proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, argumentó que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo” y que genera también una violación al principio de igualdad.

La Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 143 y 144 del Código Civil estatal, que conciben al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, y vinculan su finalidad con la perpetuación de la especie.

En septiembre de 2014 fue el segundo intento. Ya con el amparo de la Suprema Corte a su favor, narra Fernando: “Nos alegaron que verían qué podían hacer. Cumplimos todos los requisitos, actualizamos la documentación. Nos respondieron que todo estaba en orden y que no había que pagar otra vez”, pero el enlace matrimonial no se concretó.

“Pretextos tontos”

En esta historia todo indicaba que el 20 de noviembre Víctor y su novio Fernando por fin lograrían casarse, sin embargo el registro civil de Mexicali nuevamente frenó su enlace conyugal. Argumentó que las firmas de los testigos no correspondían, que había errores en los CURP de los contrayentes y que además la ceremonia no había sido programada.

La boda se realizaría aquel día cuando por la tarde recibieron una notificación de “inconsistencias” en la documentación presentada. Asistieron entonces a las oficinas del registro civil para subsanar los faltantes, y al llegar se percataron que no había personal que los recibiera.

“Curiosamente desaparecieron todos. No había ni siquiera una recepcionista que nos atendiera, no había nadie”, señala Víctor.

Junto con su abogado decidieron presentarse al día siguiente por la mañana. La jueza Rosa María Leal Jáuregui les notificó que su enlace matrimonial no estaba programado para esa fecha, pese a que ellos presentaron un documento que demostraba lo contrario. Incluso les pidieron que abandonaran la sala porque había más parejas que estaban a la espera de casarse.

“Que nos disculpen los que siguen pero no nos vamos a salir hasta que nos den una respuesta”. Y como no abandonaron la sala, entonces llegaron elementos de Protección Civil y bomberos de Mexicali a desalojarlos por una “amenaza de bomba”.

“Fue lo más cómico del día, la cereza del pastel. Toda la gente salió riéndose porque sabía que era una mentira. Los policías se tomaban selfies con nosotros y les daba risa, tenían que seguir un protocolo pero sabían todos que era una mentira”, refiere Fernando.

En el tercer intento tampoco pudieron casarse.

El siguiente paso

De concretarse su matrimonio este sábado, destaca Fernando, será “un paso a favor de los derechos humanos que todo ser humano tiene, y eso creo que es el terror más grande de la sociedad. Porque al tener esos derechos saben perfectamente que se abre la posibilidad de la adopción, que es lo que más le aterra aquí a nuestro estado (Baja California) y pues junto con eso devienen todos los derechos que cualquier matrimonio puede tener”.

De hecho, en Baja California están en trámite 13 amparos más con los que parejas del mismo sexo buscan casarse por la vía civil.