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Foto cortesía. Estudio MAR Jaguar.

Una pareja demanda al alcalde de Mexicali por impedir la primera boda gay

El alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, fue demandado por los abogados de Víctor Aguirre y Fernando Urias tras no acatar, por segunda ocasión, un fallo de la Corte que concede a la pareja el derecho a casarse. De confirmarse que hubo desacato, podría haber una inhabilitación del cargo, una multa o destitución de los funcionarios involucrados.
Foto cortesía. Estudio MAR Jaguar.
Por Eduardo Rodríguez Soto
16 de enero, 2015
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El alcalde de Mexicali. Jaime Díaz Ochoa, es señalado de impedir la primera boda gay en Baja California. // Foto: Ayuntamiento de Mexicali.

El alcalde de Mexicali. Jaime Díaz Ochoa, es señalado de impedir la primera boda gay en Baja California. // Foto: Ayuntamiento de Mexicali.

La denuncia por desacato al fallo de la primera sala de la Suprema Corte fue presentada por los abogados de la pareja, Alex Alí Méndez y José Luis Márquez, ante el juez federal cuarto de distrito, Mario Alejandro Moreno Hernández, quien a su vez solicitó al alcalde el pasado 13 de enero fundamentar las razones por las que no se ha realizado la unión conyugal.

El alcalde Jaime Díaz Ochoa, de extracción panista, es señalado por la pareja y sus abogados de ser el principal opositor para llevar a cabo dicha unión conyugal, presionado, señalan, por el obispo José Isidro Macías.

Una vez que Díaz Ochoa presente su informe al juez federal, el caso se turnará a un Tribunal Colegiado de Baja California que determinará si el registro civil incumplió o no la ejecución de la sentencia de la Corte.

De confirmarse que hubo un desacato, explica el abogado Alex Alí Méndez en entrevista telefónica con Animal Político, podría derivar en la “inhabilitación para el cargo público, una multa o incluso la destitución de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en el incumplimiento de esta resolución”.

Sobre la denuncia de impedimento de matrimonio en contra de Víctor y Fernando, presentada por Angélica Guadalupe González Sánchez, la persona encargada de impartir las pláticas prenunpciales en el municipio –y denuncia por la que se frenó el cuarto intento de la boda el sábado 10 de enero–, el abogado Alex Alí señala que este viernes 16 de enero presentarán ante el juez de lo familiar en Mexicali las pruebas para refutar la acusación que considera que los contrayentes “padecen de LOCURA”.

Y enumera los argumentos:

1) El Código Civil de Baja California establece que sólo personas físicas, no organizaciones, podrán presentar una denuncia de impedimento de matrimonio, y Angélica Guadalupe González además lo hizo como presidenta y apoderada legal de la Coalición de Familias de Baja California A.C. 2) La oficial del registro civil Guadalupe Adriana Nevárez tuvo que levantar un acta circunstanciada para certificar quién y en qué términos presentó la denuncia, pero el documento no fue presentado. 3) Angélica Guadalupe González está impedida de presentar una denuncia, pues no es familiar de los contrayentes. El Código de Procedimientos Civiles del estado establece que sólo pueden hacer este tipo de solicitudes las personas que pudieran tener intereses hereditarios a los bienes jurídicos de las personas de que se trate. 4) El Ministerio Público federal o bien el DIF estatal están autorizados de solicitar un examen para corroborar las facultades mentales de los contrayentes; la denunciante no pertenece a estas figuras, y 5) Las actas de nacimiento de Víctor y Fernando, que en original ha tenido el registro civil, no tienen anotaciones marginales sobre algún juicio o declaración judicial que indique que padecen de sus facultades mentales.

“Todas estas inconsistencias hacen que el acto del registro civil que impidió la celebración del matrimonio resulte ilegal”, anota Alex Alí Méndez.

Foto cortesía: Ed Oviedo. Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias, primera pareja del mismo sexo que busca casarse en Baja California.

Foto cortesía: Ed Oviedo. Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias, primera pareja del mismo sexo que busca casarse en Baja California.

La visita al DF

Víctor Aguirre y Fernando Urias llegaron el martes 13 de enero a la Ciudad de México con el propósito de exponer el impedimento de su boda y el desacato al amparo de la Suprema Corte que les concede el matrimonio. Visitaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y dieron un pronunciamiento de su caso en la Cámara de Diputados, donde está instalada la Comisión Permanente.

Ya que están aquí, ¿por qué no se casan?, le han propuesto a la pareja. “No se trata del boleto de avión, es una cuestión de derechos humanos. En Baja California pagamos nuestros impuestos”, refiere Víctor.

Mi compañero y yo estamos aquí con indignación y vergüenza. Indignados ante los hechos cínicos y vergonzosos de los que hemos sido víctimas por parte de las autoridades del municipio y el registro civil de Mexicali, Baja California. Con vergüenza, por tener que salir de nuestro estado para buscar justicia ya que nuestros legisladores y autoridades no han hecho nada al respecto. Por el contrario, hacen caso omiso en una obvia complicidad de la doble moral que prevalece en nuestro estado”, señaló Fernando desde la sala de prensa de San Lázaro.

Aquí el pronunciamiento:

“Soy de mente abierta”

Por su parte, en una declaración hecha este lunes a medios de comunicación locales que lo cuestionaron sobre el nuevo impedimento de la boda, el alcalde de Mexicali dijo que está dispuesto a acatar el fallo de la Suprema Corte “en cuanto estas diferencias jurídicas se resuelvan”.

“Seguimos sosteniendo lo mismo, el gobierno que encabezo debe ser cuidadoso y muy respetuoso de las resoluciones judiciales… al margen de las opiniones personales y debe ser institucional y respetar a todos los seres humanos que soliciten cualquier situación de trámite en el gobierno municipal”, anotó y descartó que él  o su gobierno sean homofóbicos.

A la pregunta de si está a favor del matrimonio gay, respondió:

Yo estoy a favor de respetar la decisión de los adultos con sus derechos a salvo, en ese ánimo estoy, de respetar la decisión que cada quien tome… Yo soy de mente abierta y, en ese sentido, respetuoso sobre todo de las decisiones de las personas”.

Mañana sábado a las 10:00 horas (tiempo local) se realizará una manifestación frente al Palacio Municipal de Mexicali en la que participarán integrantes de la comunidad LGBT, ciudadanos y defensores de los derechos humanos para apoyar a Víctor y Fernando, y en contra de la homofobia y la discriminación.

En tanto, en redes sociales continúa la campaña #MisDerechosNoSonLocura.

Víctor Aguirre y Fernando Urias en su visita a la Cámara de Diputados para exponer su caso. // Foto tomada de Facebook.

Víctor Aguirre y Fernando Urias en su visita a la Cámara de Diputados para exponer su caso. // Foto tomada de Facebook.

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#YoSoyAnimal
AFP

El 'silencio sepulcral' de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EU

Miles de personas abandonaron Centroamérica en los últimos meses. Pero ante la "tragedia humanitaria", como algunos llaman al fenómeno, contrasta el silencio de dos de los países con mayor número de migrantes.
AFP
9 de julio, 2019
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Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500,000 personas.

Pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.

De esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara sobre el problema.

La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco, reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.

La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.

Pero en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para controlar el ingreso de migrantes a su territorio.

La estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional formada por militares.

BBC Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no hubo respuesta.

“Silencio sepulcral”

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de Honduras y Guatemala.

La embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale al 1% de su población”.

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a 15.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur.

Por eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia. Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no es una prioridad para esos países.

Una explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos gobiernos.

El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.

También fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

A su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.

Protestas Honduras

AFP
Desde hace meses Honduras padece una creciente ola de protestas en las calles.

Además, desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en marchas y protestas en las calles.

“Los dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC Mundo.

“Por eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como personas”.

Dinero de EE.UU.

Por otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del norte otorga a las naciones centroamericanas.

Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Migración frontera sur

AFP
Desde hace semanas México endureció su política migratoria.

Es una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y educación, por ejemplo.

Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.

En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.

También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.

Y para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la corrupción y en apoyo a jóvenes.

Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones para prevenir la migración.

De acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos fondos representan unos US$450 millones para este año.

Albergue Ciudad Juárez

AFP
Los albergues en la frontera norte de México están saturados.

Una cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto fue de US$22.500 millones.

La región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de algunos países ante la migración irregular.

“El problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

“Se pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.

“No culpamos a nadie”

Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?

Las autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de personas.

La primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados Unidos.

Jimmy Morales

AFP
El presidente Jimmy Morales de Guatemala envió 1.000 policías a la frontera con México.

Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.

La estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”, y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de quienes pretenden abandonar el país.

Y, en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.

“No estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y Guatemala”.

Parte de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador.

El proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan la migración de Centroamérica.

“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.

“Hay una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre por falta de oportunidades e inseguridad”.


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