Él es Moisés Sánchez, el reportero asesinado en Veracruz
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Cortesía Familia de Moisés Sánchez

Él es Moisés Sánchez, el reportero asesinado en Veracruz

En conferencia de prensa este 25 de enero, el procurador general de justicia del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo que el periodista Moisés Sánchez fue asesinado por las personas que lo sustrajeron de su domicilio.
Cortesía Familia de Moisés Sánchez
Por Manu Ureste
26 de enero, 2015
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El periodista veracruzano Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas, el pasado 2 de enero. //Foto: proporcionada por la familia de Moisés Sánchez

El periodista veracruzano Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas, el pasado 2 de enero. //Foto: proporcionada por la familia de Moisés Sánchez

Al otro lado del hilo telefónico la voz de Jorge Sánchez suena relajada, liviana. “Ya salimos de dudas”, dice con un suspiro y como si acabara de quitarse del pecho un enorme peso, aún cuando su padre, el periodista veracruzano Moisés Sánchez y director del semanario La Unión, llevaba desaparecido desde el 2 de enero; día en el que un grupo armado entró a su casa y se lo llevó en una camioneta. Este domingo 25 de enero autoridades confirmaron su asesinato.

A continuación traga saliva, y con un ritmo de plática entrecortado por las interferencias de la línea explica que acaba de salir de la Unidad de Servicios Periciales, en Xalapa, donde se realizaron pruebas de ADN a tres cuerpos encontrados en Soledad de Doblado el pasado lunes 5 de enero.

“Hubo un rumor fuerte aquí en Veracruz, de que ya habían encontrado a mi papá y que estaba muerto. Pero acabo de ver los cadáveres en la morgue y no es él –vuelve a suspirar, aliviado-. Así que seguimos con la esperanza puesta en Dios de que pronto aparecerá vivo”.

A pesar de la esperanza, los resultados de la investigación por parte de las autoridades de Veracruz son prácticamente nulos –13 policías arraigados mientras se realizan las pesquisas es todo el balance hasta ahora-. Y a once días de la desaparición forzada del periodista, aún no hay responsables por lo sucedido ese 2 de enero en el municipio de Medellín de Bravo.

Aquel día, sobre las siete y media de la tarde, Jorge cuenta que su padre estaba durmiendo cuando cuatro vehículos –dos coches blancos, otro rojo, y una camioneta negra- llegaron a la calle donde la familia tiene su domicilio en Medellín, ubicado a menos de 20 kilómetros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Eran por lo menos nueve personas con el rostro tapado –relata el hijo del comunicador y también activista social-. Entraron rompiendo puertas y armados con metralletas. Revisaron papeles, cogieron algunas cosas, y preguntaron a mi madre que dónde estaba Moisés. Pero en ese momento ella estaba en shock y no pudo decir nada”.

Finalmente, los encapuchados encuentran al periodista en su habitación.

Todo transcurre rápido.

En plena tarde, con vecinos aún en las calles, y con una impunidad que insulta.

“Sólo lo agarraron y se lo llevaron”, lamenta Jorge, que denuncia que a pesar de las llamadas la policía de Medellín tardó horas en llegar en auxilio de su padre, y que cuando lo hizo fue para informar a la familia que “ya no podían hacer nada” al respecto.

Moisés sale a la calle sin gritos, sin oponer resistencia. Sabe que un error en ese momento puede resultar peor para él y su mujer. “Cuando se lo llevaron –cuenta Jorge-, mi madre dice que lo único que mi padre alcanzó a decir fue que no le hicieran daño a la familia. Nada más”.

Junto con el periodista, los encapuchados también se llevan su cámara fotográfica, su laptop, su celular, y su tablet. Algo que la familia apunta como “un claro indicio” de que tras la desaparición forzosa del periodista está la mano del alcalde de Medellín, el panista Omar Cruz Reyes, quien habría amenazado al comunicador tres días antes de los hechos, según denuncian la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y el propio Jorge Sánchez.

“Mi padre nos dijo que hubo una amenaza. Que un amigo suyo le avisó que estuvo presente en una reunión donde el alcalde se jactaba de que le iba a dar un susto porque no le parecía las cosas que publicaba. Y tres días después, Moisés desaparece. Por eso creemos que el alcalde está involucrado en todo esto, aunque eso ya lo decidirá un juez”, señala el hijo del periodista, luego que la procuraduría del estado “invitara” a Omar Cruz a declarar ante un Ministerio Público, lo cual hizo ayer lunes 12 de enero.

 

Video: Artículo 19

“Moisés publicaba su periódico del sueldo que le daba el taxi”

La mañana del sábado 3 de enero, un día después de la desaparición forzada de Moisés Sánchez, el gobernador de Veracruz habla ante los micrófonos de diversos medios de comunicación. El mandatario comienza a decir generalidades sobre los buenos deseos del año nuevo, cuando varias reporteras aprovechan una pausa en su discurso y le lanzan al unísono la misma pregunta: “¿Qué información hay sobre la desaparición del reportero Moisés Sánchez, de Medellín?”

A Duarte –que gobierna una entidad en la que Artículo 19 ha documentado el asesinato de 15 periodistas desde el año 2000, diez de los cuales se han producido desde que comenzara su mandato en el verano de 2010-, la pregunta le hace ruido, lo incomoda.

“No es reportero –corrige de inmediato a la periodista-. Es conductor de taxi y activista social”, puntualiza.

A continuación, asegura que su gobierno está haciendo todo lo posible por localizarlo, y pide que se deje a las autoridades hacer su trabajo. Sin embargo, cuando otra reportera le pregunta si no cree que con sus declaraciones “está demeritando” la labor del director del semanario La Unión, Duarte eleva de nuevo el tono.

“No, yo nunca he dicho que se demerita. Simplemente hay que decir las cosas como son. Y así son las cosas. Punto”, da por zanjado el asunto.

Ante estas declaraciones, tanto la familia del comunicador, como organizaciones civiles y periodistas veracruzanos, salieron indignados en defensa de la labor del reportero, y coincidieron en resaltar que el hecho de que Moisés también trabaje manejando un taxi no le resta importancia a su labor periodística. Al contrario, alegan, gracias a ese otro trabajo, Moisés podía publicar su semanario La Unión.

“Es muy conocido que Moisés siempre iba con su taxi por Medellín y las comunidades aledañas”, apunta Félix Márquez, fotoperiodista veracruzano. “Él podía ir con su pasaje, y si pasaba por un colonia y veía que las luminarias no funcionaban, dejaba a los clientes y regresaba al lugar para preguntar a la gente cuánto tiempo llevaban sin luz –agrega-. O si pasaba con el taxi por otra colonia donde se había prometido pavimentación y el piso estaba en mal estado, se bajaba del carro, tomaba fotos, y luego lo denunciaba en su periódico. En definitiva, Moisés hacía un periodismo comunitario, un periodismo social”.

Por su parte, Ángel Ramos, periodista que conoce a Moisés Sánchez desde el año 2012, explica que a pesar de la cercanía de Medellín con la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, éste “no es un municipio que los medios cubran habitualmente”. De ahí que el papel de Moisés como comunicador sea “fundamental” para “dar voz a quienes viven en su comunidad”.

“En su gacetilla, Moi informaba de las carencias sociales que aquejan al municipio, de la violencia, y de la corrupción en el gobierno municipal, y de los malos manejos”, expone Ramos, que define al respecto a Moisés Sánchez como “un periodista incómodo para el poder”, el cual, a pesar de no dedicarse a la nota roja, sí informaba abiertamente “de la escalada de violencia” que se produjo en Medellín en los últimos meses de 2014.

Moi llevaba muchos años informando lo que pasa en Medellín y naturalmente también empezó a reportear estas cosas; los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, y comenzó a pasar información a los periodistas del Puerto de Veracruz para que los diéramos a conocer”, apunta Ramos, que también plantea la faceta de activista del comunicador como otro factor por el que resultaba “muy incómodo” a las autoridades.

“Por esa misma oleada de asaltos, los vecinos estaban cansados y empezaron a hacer una guardia vecinal de las colonias. Y Moi estaba participando dando difusión al problema, y contactando a otros reporteros de la zona conurbada para que fueran a ver lo que estaba pasando. Y eso también pudo haber incomodado a mucha gente, por ser parte visible de una organización de vecinos que están cansados de la inseguridad”.

En cuanto a las declaraciones del Gobernador sobre la faceta de taxista de Moisés Sánchez, el periodista veracruzano lamenta, en la misma línea que la organización civil Artículo 19, que el ejecutivo estatal trate “una vez más” de desvirtuar la labor de los comunicadores que son agredidos en la entidad, como ya pasó recientemente con los casos de los periodistas asesinados Gregorio Jiménez y Regina Martínez, cuando las autoridades se apresuraron a decir que perdieron la vida por causas ajenas a su profesión periodística.

“Las declaraciones de Duarte diciendo que Moi era sólo un taxista son lamentables –critica el reportero-. Efectivamente, Moi también es taxista. Y es de ahí precisamente de donde obtiene sus recursos para hacer periodismo. Y por eso para mí él es un ejemplo como periodista, porque muchos hacemos este trabajo a cambio de un pago económico, pero a Moisés el periodismo sólo le generaba gastos, porque él no vendía su periódico, lo regalaba”.

Así lo corrobora también su hijo, Jorge Sánchez.

“Mi padre saca el periódico con el sueldo del taxi -enfatiza varias veces-. Y todo lo que publica, los mil o mil 500 ejemplares o lo que vaya a imprimir, sale de su bolsa. Nunca ha cobrado ni un peso para sacar una nota o para callar algo –concluye el joven hablando de su padre siempre en presente-. Él es una persona recta, un apasionado del periodismo”.

**Nota publicada el 13 de enero.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

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