Olvidados en la frontera: los niños migrantes mexicanos que nadie escucha
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Olvidados en la frontera: los niños migrantes mexicanos que nadie escucha

La organización civil estadounidense WOLA denuncia que, a diferencia de los menores de origen centroamericano, los niños mexicanos que son detenidos por la Patrulla Fronteriza no tienen las mismas oportunidades para acceder a la justicia de este país, ni para solicitar protección cuando son víctimas de trata, violencia, o abusos.
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Por Manu Ureste
26 de enero, 2015
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Niños migrantes en Nogales, Arizona, EU.  Foto: AP.

Niños migrantes en Nogales, Arizona, EU. Foto: AP.

De los 15 mil jóvenes mexicanos que, en promedio, son detenidos al año por la Patrulla Fronteriza, hasta un 60% refiere que intentó migrar a Estados Unidos para huir de la violencia. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la ACNUR, sólo un 5% de esos jóvenes tienen la oportunidad de exponer su caso ante un juez de migración estadounidense, para determinar si tienen derecho a protección en los Estados Unidos, y eviten así la deportación a los lugares de los que huyeron.

Ante esta situación, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) elaboró un informe y un mini-documental, en el que a través de entrevistas realizadas con niños migrantes, la Patrulla Fronteriza, autoridades mexicanas y expertos en el tema, muestran que, a menos que los niños mexicanos puedan demostrar a un agente de la Patrulla Fronteriza que enfrentan un riesgo creíble de ser víctimas de persecución o trata de personas, éstos son enviados directamente a su país de origen, sin oportunidad de ser escuchados y sin un debido proceso.

En contraste, la organización civil WOLA expone que, según la ley estadounidense, los menores migrantes de otros países —que no sean de México y Canadá—, sí tienen derecho a una audiencia migratoria.

“Hicimos este proyecto para llamar la atención sobre algo que nos parece una injusticia en cuanto a la protección de los niños y el derecho a la infancia”, expone en entrevista con Animal Político Maureen Meyer, coordinadora principal del programa México y derechos de los Migrantes de WOLA, que recuerda que en el año 2008 en Estados Unidos se aprobó una ley que tenía como finalidad dar una mayor protección a los menores. Sin embargo, en esa ley se quedaron fuera los jóvenes de nacionalidad mexicana o canadiense, por ser países fronterizos con Estados Unidos.

“Hay una diferencia clave entre los niños mexicanos y el resto –expone Meyer-. Y es que si un menor centroamericano es detenido por la patrulla fronteriza en su intento de entrar a Estados Unidos, lo van a llevar a un centro de refugiados y luego lo mandarán a la casa de un familiar, donde esperará a que se cumpla su derecho de comparecer ante un juez para que se estudie su caso y se analice si acceden a darle protección y asilo”.

“En cambio, en cuanto a los niños mexicanos, parece que la tendencia es asumir que éstos son para deportarlos directamente, y que la mayoría vienen por motivos diferentes a los de trata de personas, violencia, o persecución. Pero nosotros, viendo la situación de inseguridad que hay en México, pensamos que estos niños merecen la misma protección que cualquier otro de Centroamérica”, señala Mayer.

Asimismo, en el mini-documental de WOLA, en el que se narran diferentes historias de menores migrantes mexicanos, se muestra que la Patrulla Fronteriza no está capacitada ni equipada adecuadamente para evaluar si los jóvenes deben ser referidos a otra entidad para una revisión adicional de su caso.

“Se supone que la Patrulla Fronteriza tiene un cuestionario, y que deben preguntarles a los menores mexicanos una serie de cosas para asegurarse que éstos no están huyendo de la violencia, o que no son víctimas de persecución, ni de trata. Pero creemos que en muchos casos no les hacen estas preguntas”, indica la coordinadora principal del programa México de WOLA.

En este sentido, en el informe elaborado por WOLA, en el que se hace una serie de recomendaciones a los gobiernos de México y Estados Unidos, se hace hincapié en que EU tiene una responsabilidad para asegurar que se evalúe adecuadamente a estos menores y se les dé una protección adecuada.

“Todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra la violencia. Como mínimo, la Patrulla Fronteriza debe recibir mejor capacitación para evaluar a estos niños e identificar a víctimas de trata, persecución, u otro tipo de abuso”, insiste Meyer, que critica que ambos países “están incumpliendo con ayudar y proteger a estos niños que huyen de la violencia, y a menudo los devuelven a entornos que pueden poner sus vidas en riesgo”.

Ve aquí el mini-documental:

Lee el informe completo: ‘Cómo pueden los gobiernos de los EU y México proteger mejor a los niños mexicanos no acompañados que huyen de la violencia’

Y aquí el reportaje: Olvidados en la frontera: Los niños mexicanos que huyen de la violencia rara vez son escuchados

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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