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Segob presentó al Senado un reporte sobre desaparecidos basado en datos "inexistentes"
La Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron la "inexistencia" de una base de datos.
Por Paris Martínez
7 de enero, 2015
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El caso de los desaparecidos en México ha causado protestas en el país. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El caso de los desaparecidos en México ha causado protestas en el país. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El 22 de mayo de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió en el Senado de la República con los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad, para informar a los legisladores que las autoridades federales cuentan ya con una base de datos sobre personas “no localizadas”, elaborada por un “grupo pequeño” de especialistas a partir del análisis de cada caso reportado en México, y que permite distinguir entre aquellas personas que han sido víctimas del delito de desaparición forzada, y la gente que “se escapa con el novio”, “que se va a trabajar a otro lado”, o que se fue de casa por un “conflicto matrimonial”.

En el encuentro con los representantes del Poder Legislativo, el secretario de Gobernación informó, además, que esta base de datos –elaborada por las autoridades federales a partir de información presentada por procuradurías de justicia estatal–, incluye también los casos de personas reportadas como extraviadas o desaparecidas, pero que finalmente fueron localizadas e, incluso, les informó que a partir de la integración de esta base de datos, se sabe que 22 mil 688 personas reportadas como desaparecidas entre 2006 y 2014 fueron finalmente localizadas “con vida”.

Todas estas afirmaciones realizadas por Osorio Chong ante el Senado, sin embargo, se basaron en información “inexistente”, tal como reconocieron la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de los oficios SEGOB/CNS/IG/DGAJ/2936/2014, SDH/DGEADH/DGAAV/922/2014, el oficio Número 102-009, el oficio DGPPDH/1262/2014, así como un oficio sin folio del SNSP, fechado el 21 de agosto de 2014.

El 31 de julio del año pasado, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación concluyó que la base de datos de personas desaparecidas que ya fueron localizadas, y de la que habló Osorio con los senadores, en realidad no existe, tal como admitió el Comité de Información de dicha dependencia federal.

A la letra, el documento señala que “se confirma la inexistencia (de la base de datos) manifestada por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, la Oficina del Secretario y la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos”.

En particular, la oficina de Osorio Chong reconoció que “después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta unidad administrativa, no se localizó ninguna expresión documental” que sustentara las afirmaciones realizadas por el secretario de Gobernación.

Así, debido a que ningún área de la Secretaría de Gobernación pudo localizar la base de datos de la que habló su titular, el Comité de Información de dicha dependencia concluyó que tal base de datos es manejada por “el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación”.

No obstante, también a través de un oficio fechado el 21 de agosto de 2014, el mismo Secretariado Ejecutivo del SNSP reconoció que toda la información con la que cuenta sobre personas desaparecidas obra en poder de la Secretaría de Gobernación, organismo que tiene en sus manos, se aseguró, el “proceso de actualización y depuración” del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dicho registro, cabe destacar, tampoco especifica cuántas personas “no localizadas” están extraviadas y cuántas fueron desaparecidas de manera forzosa, ni incluye la base de datos de personas localizadas de que Osorio Chong habló ante el Senado, tal como puede constatarse en su página oficial de internet, rnped.segob.gob.mx.

**Nota publicada el 6 de enero.

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
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26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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