[contextly_sidebar id=”6xKtfMXtEOGyIhXANmMRF9FUsyToieq4″]A casi cinco años de la muerte de los estudiantes del Tec de Monterrey durante un enfrentamiento entre el Ejército y supuestos criminales, las investigaciones se encuentran en la última etapa de integración y al concluir, la Procuraduría General de la República tendrá los elementos para consignar a los presuntos responsables, informa la defensa.
Al terminar la averiguación previa, el Ministerio Público determinará acusar o no a los 20 militares que participaron en la persecución de presuntos miembros del crimen que concluyó con un enfrentamiento alrededor del campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el 19 de marzo de 2010.
Carlos Treviño, abogado de los familiares de los jóvenes asesinados, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asegura que la investigación medular ya se realizado como consta en los 36 tomos que contienen diversos peritajes, incluyendo el de balística, testimonios, videos y análisis.
En estos años también se han superado los “obstáculos” en la investigación. “La dificultad principal en el caso ha sido la actuación del Ejército”, denuncia Treviño, toda vez ha puesto trabas que han alargado la investigación.
Entre las trabas está que “ellos mismos se tratan de proteger diciendo ‘nosotros mismos los vamos a juzgar’. Muchas veces no quieren colaborar, se batalla para notificarlos, trataron de que no declararan los soldados”, dice el abogado integrante de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC).
Hace unos días, la defensa revisó el expediente en la PGR y aunque falta concluir la investigación, las pruebas apuntarían a la responsabilidad de los elementos castrenses, pero no incluiría a mandos superiores, lamenta Treviño.
“Alguna responsabilidad también tienen los mandos, porque a final de cuentas, los soldados también son víctimas en un momento dado porque esto es consecuencia de que los manden a patrullar. El Ejército no está para hacer funciones de policía porque en un momento de estrés, en una persecución, pasan este tipo de cosas”, dice.
La noche del enfrentamiento, los militares atendían una llamada anónima que denunciaba la presencia de un grupo armado en las calles de Monterrey. Iniciaron la persecución y luego sucedió el tiroteo en los alrededores de las instalaciones universitarias.
En los primeros reportes se informó que los dos jóvenes eran sicarios, sin embargo, el rector del ITESM, Rafael Rangel Sostmann, envió un comunicado en el que reconocía que “esa noche, previo al enfrentamiento, estos alumnos se encontraban estudiando dentro de nuestras instalaciones. Ambos contaban con beca de excelencia y tenían un excelente desempeño académico”.
Incluso, tras una investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 45/2010 en la que documenta que las municiones utilizadas para cometer estos asesinatos eran de uso exclusivo del ejército.
Concluyó que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y destruido pruebas en la zona para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.
Además, “se quebrantaron los derechos al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones, así como ejercicio indebido de la función pública”.
Pese a esta evidencia, la investigación estuvo abandonado por parte de la Procuraduría General del Estado de Nuevo León, hasta que hace un año los estudiantes del Tec, junto con CADHAC y Amnistía Internacional retomaron el caso y consiguieron que la PGR encabezara las pesquisas.
Para evitar que el caso se olvide, este miércoles 18 de febrero, alumnos del ITESM, familiares de los jóvenes y organizaciones sociales encabezarán un foro de reflexión sobre el caso, además de un homenaje en memoria de Jorge y Javier.
“Queremos que limpien el nombre de los muchachos”
“He sobrevivido”, así puede resumir Rosa Mercado, madre de Jorge, de 23 años, estos cinco años. Después del asesinato de su hijo único se ha refugiado en la fe en Dios porque si no, “tal vez estaría en un manicomio. Me quitaron a mi motor de vida”, dice en entrevista telefónica.
Rosy, como le dicen sus allegados, pide justicia para los dos jóvenes de una forma muy precisa: “que se limpie el nombre de los muchachos, que oficialmente se diga que ellos no tenían nada que ver con el crimen organizado”.
Aunque ella y quienes conocieron a los jóvenes pueden constatar que se trataba de estudiantes de excelencia, becados en una de las instituciones más reconocidas del país, que “llevaban una vida tranquila”, es necesario que a nadie le quepa duda.
De acuerdo con Rosy, en el oficio del forense que recibió los cuerpos, los identifica como “NN sicarios” y eso “es injusto”.
Patricia Varela, tía de Javier Francisco, de 24 años, coincide en que la única petición es el reconocimiento de los jóvenes como estudiantes. “No puede ser que después de cinco años, no haya ninguna resolución que diga eso (…) Queremos que los muchachos descansen en paz. Es lo que siempre hemos pedido”.
Jesús Arredondo, tío de Javier Francisco, agrega que la siembra de armas a lado de los jóvenes en la escena del tiroteo es una muestra de la responsabilidad de los soldados quienes “estuvieron cerca de ellos”.
Para ambas familias, esta es la única justicia posible. Dicen no estar interesados en buscar el castigo a los responsables porque lo más importante es la memoria de los jóvenes.
“Es bastante mi sufrimiento y no podría vivir tranquila pensando que hay otras familias que sufren. Los que mataron a los jóvenes se equivocaron, cometieron un error, pero el único que hace justicia es Dios”, dice Rosy.
