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Frenan campaña de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos en México
“Nos parece que esto tiene un contenido de censura aunque no se diga de esa manera”, dice Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Por Nayeli Roldán
6 de febrero, 2015
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Foto: Amnistía Internacional.

Foto: Amnistía Internacional.

La campaña de difusión diseñada por Amnistía Internacional (AI) para concientizar a la sociedad mexicana sobre las 7 mil denuncias de tortura, los 22 mil desaparecidos y otras violaciones a derechos humanos, pretendía llegar a los más de 710 mil usuarios del Metrobús a través de carteles colocados en 22 estaciones, pero de último momento la compañía de publicidad “Cinco M Dos” frenó la publicación por considerar que se trataba de “contenido político” y determinó incrementar el costo del servicio.

Por tratarse de una organización no gubernamental, AI pagó una tarifa especial de 40 mil 600 pesos por la contratación de los espacios publicitarios en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del Metrobús y Tren Ligero el 9 de enero de 2015, pero siete días después la empresa se retractó del convenio.

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Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México, explica a Animal Político que la empresa le notificó la negativa a cumplir con el contrato debido a que los carteles –que habían sido entregados con anterioridad- tenían “contenido político” y no altruista.

“Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que siempre no podían porque tenían un contenido político y ellos tenían una relación con el gobierno del Distrito Federal, no podían poner ese tipo de imágenes. Nos sorprendió porque ya estaba hecho el pago y las imágenes habían pasado por una serie de filtros de diseño”.

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Andrea Ramírez, gerente Comercial Administrativo de la empresa, lo explicó así en un correo electrónico: “El programa de responsabilidad que manejamos está enfocado principalmente a causas altruistas, por ello es que únicamente les cobramos el costo de producción (…) al revisar el arte de su campaña, nos percatamos que no está enfocado a ninguna causa social altruista, si no más bien tiene un carácter político, el cual ya no cubre con el perfil de organizaciones a las que apoyamos bajo este esquema”.

Por ello, agrega, “en caso de requerir el servicio tendría que considerarse como una campaña de iniciativa privada como cualquier otro cliente”, es decir, con la tarifa regular que asciende a 300 mil pesos mensuales. O en caso contrario, les podrían devolver el dinero.

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“Nos parece que esto tiene un contenido de censura aunque no se diga de esa manera”, pues si pagar 30 mil pesos significa un esfuerzo, pagar 10 veces más solo está al alcance de partidos políticos o empresas transnacionales, advierte Quiroz.

Aunque la campaña estaba prevista del 15 de enero al 15 de febrero, hasta el momento, las partes no han llegado a algún acuerdo, pues ambos mantienen su postura. Sin embargo, hasta que Amnistía Internacional advirtió que emprendería acciones legales debido al incumplimiento del contrato, se pactó una reunión con los representantes de la empresa para el próximo lunes 9 de febrero.

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Aunque este medio solicitó, vía correo electrónico, una entrevista con el representante de la empresa, no hubo respuesta.

En tanto, el 19 de enero inició la colocación de los carteles de AI en la línea 3 del Metro que va de Indios Verdes a Universidad, y por la que circulan aproximadamente 20 millones de personas mensualmente. Cuando los funcionarios del metro revisaron los carteles, solo advirtieron que se trataban de “imágenes fuertes” por lo que debían revisar si el contenido podría ser difundido. Al final, no hubo impedimento para la publicación.

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La campaña

Ante las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, documentadas por Amnistía Internacional, la organización emprendió una campaña en redes sociales para informar sobre los miles de casos de tortura, desapariciones y la violencia que enfrentan migrantes, mujeres y periodistas.

Pero el alcance es limitado, reconoce Perseo Quiroz, pues solo una parte de la población tiene acceso a internet y en cambio, miles de personas de todas las edades ocupan el transporte público todos los días, por lo que el impacto podría ser mayor. Por primera vez, dice, decidieron probar el esquema de difusión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Tren Ligero.

Los carteles “retratan la realidad de lo que estamos viviendo” y aunado a la denuncia, llaman a la acción, sobre todo después de que miles han salido a las calles en diferentes protestas por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En los carteles se lee la leyenda: “Alguien debería hacer algo. Yo soy alguien”. La idea es “invadir el espacio público con esta campaña”, advierte el representante de AI en México, pues uno de los temas preocupantes, a raíz de las movilizaciones masivas, es que “se ha tendido a criminalizar la protesta social”.

“Lo que queremos hacer es que si la gente está cansada de las marchas, hay que buscar nuevas alternativas de movilización y de llegar a la gente con esos mensajes y una de ellas es la transmisión de mensajes a través de estos carteles”.

Además, dice Perseo Quiroz, otro objetivo de la publicidad es informar sobre las acciones de AI, pues el próximo 6 de marzo lanzará una colecta para solicitar apoyo económico, pues “es fundamental porque nos permite mantenernos independientes a los Estados y otras entidades financieras.  Nos permite tener independencia en nuestra voz, en nuestros posicionamientos en investigaciones”.

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BBC
"Aceptamos 3,500 dólares por casar a nuestra hija de 5 años y así pagar el tratamiento médico de nuestro hijo"
Una familia afgana desplazada por la sequía dice que vendió a su hija en matrimonio para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Pero el hijo no se ha recuperado y ahora se están planteando vender a sus otras dos hijas que todavía no tienen 10 años.
BBC
22 de abril, 2019
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Nazanin* se comprometió en matrimonio con 5 años de edad. Para cuando tenía 10 años, era esposa. La familia de su esposo, un niño de 12 años, la compró por 3,500 dólares hace seis años.

Sus padres la vendieron para recaudar dinero para el tratamiento de su hijo enfermo, el hermano de Nazanin.

“El dolor de mi hijo era insoportable. Cuando miraba su cara, pensaba que debíamos aceptar el dinero. El papá de Nazanin era reacio, pero le convencí para que aceptara el dinero a cambio de nuestra hija”, cuenta la madre de la pequeña, que vive en el campo de refugiados Shahrak e Sabz, cerca de Herat, en el oeste de Afganistán.

Los padres de Nazanin tienen siete hijos, tres niñas y cuatro niños. Nunca fueron a la escuela y no saben leer o escribir. No tienen dinero ni trabajo.

Inayatulhaq Yasini, del servicio mundial de la BBC, habló con ellos sobre la decisión de vender a su hija.

Arrepentimiento

“Nuestro hijo sufre de epilepsia desde que tenía 4 años y no teníamos dinero para pagar su tratamiento”, cuenta el padre de Nazanin.

En un esfuerzo desesperado por salvar al hijo, la familia decidió renunciar a su hija.

“Tomé el dinero y acepté dar a nuestra hija mayor Nazanin en matrimonio. Usé el dinero para pagar el tratamiento de mi hijo, pero no se recuperó y tampoco pude quedarme con mi hija”, dice la madre.

“Si alguien vende a su pequeña así, es obvio que habrá arrepentimiento. Yo también lo tengo, pero no sirve de nada”, interviene el padre.

Matrimonios infantiles

En Afganistán, la edad legal para el matrimonio es 16 años para las chicas y 18 años para los chicos. Pero muchos se casan a edades más tempranas.

Según un informe de Unicef de 2018, el 35% de las niñas afganas están casadas antes de los 18 años, y el 9% se casan antes de los 15.

En el resto del mundo, Níger es el país con peor desempeño en esta área, con un 76% de las niñas casadas antes de cumplir los 18.

En Bangladesh, donde se ha registrado un notable progreso económico en años recientes, la cifra es del 59%, según el informe.

“Precio de la novia”

Afganistán ha sufrido décadas de guerra y, más recientemente, una terrible sequía, que hace que muchas familias tengan pocas perspectivas de empleo y se enfrenten a la pobreza.

“En nuestras costumbres tribales no es un problema o tabú llegar a un acuerdo de matrimonio, incluso si los niños son muy pequeños. Pero muchos solo casan a sus hijas cuando tienen 18 años”, señala la madre de Nazanin.

Según la ley islámica, el novio debe darle un regalo a la novia, que suele ser una cantidad de dinero acordada al hacer el contrato de matrimonio. Esto se conoce como Mehr (dote) y pertenece a la chica.

Pero además del Mehr, el padre de la novia o el hermano mayor puede pedir y recibir dinero -el “precio de la novia”- de la familia del novio antes de la boda.

Pedir “el precio de la novia” es una tradición afgana que no tiene base en la ley islámica, según Faizal Muzhary, investigador de la organización Afghanistan Analysts Network.

El dinero que se cobra depende de varios factores, como el estatus de la familia, la belleza, la edad y la educación de la niña, y puede oscilar entre unos cientos de dólares a más de US$100.000.

En un país con un PIB per cápita de menos de US$600, el “precio de la novia” puede ser un punto de inflexión para algunas familias.

Fuerte sequía

La familia de Nazanin fue golpeada por la mortal sequía que asoló la mayor parte de Afganistán en 2018.

“Trabajábamos en campos agrícolas y teníamos algo de ganado. Pero tuvimos que dejarlo todo”, relata el padre.

Sus animales murieron deshidratados y la familia abandonó su pueblo natal en la provincia de Badghis, en el noroeste de Afganistán, para trasladarse al campamento cercano a Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán, situada cerca de la frontera con Irán.

Según Naciones Unidas, 275.000 personas tuvieron que desplazarse de Afganistán occidental debido a la sequía.

Muchas agencias locales e internacionales están dando ayuda, pero el padre de Nazanin cuenta que todavía está esperando la suya,

Atrapados en una espiral de deuda. el futuro de las otras dos hijas de la pareja, que todavía no tienen 10 años, parece incierto.

“Si mi miseria continúa, y encuentro alguien dispuesto a darme dinero por mis otras hijas, haré lo mismo. Mis prestamistas me están llamando dos o tres veces al día para que les pague lo que les debo”, señala el padre de Nazanin,

“Mis hijas son los únicos bienes que tengo”.

Matrimonio infeliz

Golpeados por la sequía y el desplazamiento forzado, la familia optó por una boda temprana para recortar los gastos de alimentación.

El año pasado, cuando Nazanin cumplió 10 años, la familia organizó su boda, a la que asistieron más de 100 personas.

“Le di todo lo que pude a mi hija. El dinero del matrimonio que recibimos tampoco fue tanto”, cuenta el padre.

Pero estuvo lejos de ser un evento feliz.

“Si no estuvieras en una situación tan desesperada, no aceptarías el matrimonio de una niña tan pequeña. Juro que no lo hubiera hecho, pero necesitaba el dinero. Fui obligado por mi necesidad”, insiste el padre.

“¿Qué podemos hacer? Esta era la única opción posible para mí. No estoy solo, muchos otros han hecho lo mismo debido a la sequía y problemas financieros”.

Un informe de 2015 del Consejo Noruego de Refugiados constató que las mujeres y niñas que viven en asentamientos informales en áreas urbanas corren más riesgo de ser casadas con hombres mayores que son más capaces de pagar el “precio de la novia”.

Pero Nazanin, ahora con 11 años, no está casada con un hombre mayor.

“Pasó dos meses en casa de sus suegros. La trataron como a su propia hija. Su esposo tiene unos 12 años. También es muy tímido y no habla mucho”, explica la madre.

Sin su consentimiento

A Nazanin nunca le consultaron sobre su boda. Sus padres nunca le contaron los roles y responsabilidades que implica la vida de casada y, sin sorpresa, Nazanin tuvo problemas para adaptarse.

“No dice nada. Pensamos que no era feliz porque nos extrañaba”, expone la madre.

“Les pedimos que dejaran que la niña se quedara con nosotros unos años más”, añade.

Nazanin está de vuelta con sus padres. Sus suegros han prometido acogerla de nuevo cuando crezca un poco, en dos o tres años.

“No sabe cómo comportarse con sus suegros y su esposo porque es muy joven”, dice su padre.

“Viven en la provincia de Nimruz. Hace diez días, nuestro yerno vino y se quedó con nosotros unos días”, cuenta.

Cambio de la ley

Unicef documentó 161 compromisos y matrimonios infantiles en Herat y Badghis entre julio y octubre del año pasado. De ellos, 155 involucraron a niñas y seis a niños.

“El matrimonio infantil es una norma social bien arraigada en algunas partes del país. La situación empeora por la guerra y la sequía”, dice la jefa de Comunicación de Unicef en Afganistán, Alison Parker.

“De julio a octubre hubo una subida en las bodas infantiles. Pero desde entonces, ha habido una fuerte intervención del gobierno, que ha resultado en una clara reducción de estas bodas”.

El gobierno afgano está desarrollando una ambiciosa campaña de cinco años para terminar con todas las bodas forzadas y de menores para 2021.

Una ley que aumentará la edad mínima para que las niñas puedan casarse a los 18 años está pendiente de aprobación en el Parlamento.

Niña inteligente

La familia de Nazanin todavía está a la espera de recibir ayuda del gobierno o de las agencias humanitarias. La única ventaja es que el lugar les está ofreciendo posibilidades de aprender.

Los padres están orgullosos del hecho de que su hija mayor sepa escribir su nombre y el de su padre.

“Nazanin es una niña inteligente. Se sabe el alfabeto”, dice la madre.

Dos de sus hijos también van a la escuela.

Pero la familia está lejos de sentirse feliz y dice que no hay nadie que los apoye. Esto le preocupa a la pequeña Nazanin.

“Nazanin me dice: ‘Mamá, me casaste a una edad joven, pero mi hermano no se recuperó’. Pero también dice: ‘Mi hermano se recuperará y yo también creceré’. Me arrepiento de haberla casado, pero todavía confío en tener un buen futuro”, afirma la madre.

*El nombre de Nazanin se ha cambiado para proteger su identidad. Ilustraciones de Jilla Dastmalchi.


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