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Veracruz, el estado donde se desvió más dinero destinado a capacitar y evaluar policías

La entidad gobernada por Javier Duarte es la que más recursos desvió, y la más opaca en cuanto al gasto del dinero.
Por Arturo Angel @arturoangel20
20 de febrero, 2015
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Los policías firmaron un documento en el que aceptan acatar lo dispuesto en la Constitución de Oaxaca y en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. // Foto: Cuartoscuro.

Los policías firmaron un documento en el que aceptan acatar lo dispuesto en la Constitución de Oaxaca y en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. // Foto: Cuartoscuro.

Los gobiernos de Veracruz, Durango, Puebla y Sinaloa transfirieron en 2013 a cuentas bancarias no autorizadas, más de 300 millones de pesos del subsidio federal que recibieron para profesionalizar a sus policías.

Esta operación bancaria impide que se verifique cómo y en qué se gastaron los recursos, los rendimientos que generó el dinero o si hubo sobrantes.

En su análisis de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Veracruz movió sus más de 114 millones de pesos a cuentas ajenas a la del subsidio, Puebla sus 91 millones, y Durango y Sinaloa los 62 millones que les tocó.

Por ello la ASF solicitó a cada uno de esos estados que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes y se proceda contra los funcionarios de los consejos de seguridad o de la tesorería local que resulten involucrados. Las sanciones podrían ir desde multas para los involucrados hasta su destitución.

Veracruz, Sinaloa y Durango son estados en donde los policías locales, además de combatir a la delincuencia común, tienen el reto de hacer frente a grupos del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa o Los Zetas. Puebla, por su parte, ha sido identificado por la Procuraduría General de la República como punto importante de robos a transportes y de hidrocarburos.

Los más de 300 millones de pesos que estas entidades desviaron a otras cuentas, tienen como objetivo capacitar a los agentes, aplicar mejores exámenes de control de confianza, y contribuir a la compra de uniformes y equipos.

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Pero esta anomalía no fue la única que los auditores descubrieron en el uso de los 2 mil 500 millones de pesos del subsidio para la Policía Acreditable, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública repartió en 2013 a todos los estados. Por lo menos hay irregularidades en el gasto de la quinta parte de todo el dinero.

La Auditoría solicitó a nivel nacional que se iniciaran 22 procedimientos en contra de funcionarios involucrados.

Los casos van desde el movimiento no autorizado de los recursos, hasta la no devolución de los intereses que generaron, o su utilización para comprar camionetas o pagar impuestos.

La Auditoría alertó que existen 226 millones de pesos del subsidio que los estados gastaron, sin que haya documentos como facturas o recibos, que respalde en que se usaron. En proporción es casi el 15 por ciento del total del gasto que se hizo.

Casi ningún estado se salva de esta situación pero la mayor opacidad está en Veracruz el cual, según la auditoría financiera, no comprobó pagos por más de 38 millones de pesos. Le siguió Nayarit con 20 millones 842 mil pesos sin comprobar, y Coahuila con 17 millones 544 mil pesos.grafica2a

Del “guardadito” a las camionetas

Los auditores detectaron que 20 estados no entregaron a la Tesorería de la Federación más de 6 millones 700 mil pesos que se generaron por intereses a favor en las cuentas bancarias del subsidio. El mayor “guardadito” lo hizo Jalisco que se quedó con casi un millón 300 mil pesos, seguido de Nuevo León y Chiapas.

Otra irregularidad distinta ocurrió en Querétaro cuyo gobierno apartó de su subsidio poco más de 3 millones de pesos que usó para pagar impuestos estatales, lo que viola los lineamientos de uso de este recurso ya que solo puede ser usado para fortalecer a los cuerpos policiales.

En Quintana Roo, los auditores detectaron que el gobierno utilizó 7 millones 600 mil pesos para la compra de 16 camionetas modelo Colorado de seis cilindros, lo que también es ajeno a los objetivos del subsidio.

La Auditoría reveló que Michoacán traspasó de la cuenta bancaria del subsidio a otra distinta 50 millones de pesos bajo promesa de pago, y que luego ese dinero fue canalizado a terceros. El 2013 terminó sin que ese dinero hubiera sido repuesto.

Por estas irregularidades los auditores solicitaron a los estados involucrados que se abran las investigaciones administrativas que correspondan y se sancione a los funcionarios involucrados.

El análisis de los auditores a la aplicación del subsidio para la Policía Acreditable arrojó 48 recomendaciones, 22 procedimientos de responsabilidad, y 33 pliegos de observaciones dirigidos a los estados y al propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que es el responsable de entregar el dinero y supervisar que se use para lo que es.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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