Defensores analizan poner queja contra diputada que calificó a migrantes como "un peligro"
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Defensores analizan poner queja contra diputada que calificó a migrantes como "un peligro"

La legisladora federal Patricia Peña Recio dijo que, adonde llegan, los migrantes "ejercen la prostitución" y asaltan a la gente porque no tienen dinero.
Por Manu Ureste
24 de marzo, 2015
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Los migrantes son “un peligro” para México. Porque “asaltan a la gente”, “ejercen la prostitución”, y además “se matan” entre ellos. Así lo dijo la diputada federal Patricia Peña Recio, legisladora del PRI por Coatzacoalcos, Veracruz.

Peña Recio, cuyo perfil oficial indica que es licenciada en Ciencias de la Educación e integrante de la comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, hizo estas declaraciones al confirmar que en el municipio de Coatzacoalcos se cerró una casa de Apoyo a migrantes centroamericanos. 

“Lo primero que hicimos fue cerrar una casa en donde ellos recibían ayuda de otros lados”, señaló la diputada suplente de Joaquín Caballero Rosiñol, que además pidió el cierre de otros lugares como el centro de apoyo para migrantes porque, según ella, “son un peligro para la ciudadanía, (los migrantes) son personas que llegan sin dinero, y están allí saltando” y “haciendo cosas indebidas en la vía pública”.

Asimismo, la representante federal alegó que no es responsabilidad de México atender a las personas que proceden de otros países.

No es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares, la responsabilidad la tenemos con los ciudadanos que nos dieron la confianza, esa es nuestra obligación”, dijo la diputada, que no obstante recalcó que sí se respetan las garantías de los migrantes, aunque no se les permita estar en los albergues.

“Se les está respetando sus garantías. No los estamos agrediendo, ni nada de eso -enfatizó-. Se les respeta que van de paso y que se les atiende de alguna manera, pero que circulen. No se está permitiendo que se queden ahí ni un día”.

Escucha aquí el audio íntegro de las declaraciones de la diputada Patricia Peña, en un video publicado por el portal veracruzano Plumas Libres.

Analizan queja contra la diputada por “discriminación y xenofobia”

Ante estas declaraciones, Karina Arias, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que investigan y trabajan el tema migratorio en México, adelantó que están analizando hacer un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se sancione a la funcionaria.

“Como red de organizaciones, estamos analizando hacer un exhorto al Conapred. Porque si la declaración de por sí ya es grave, lo es mucho más porque viene de una funcionaria pública”, expuso Karina Arias en entrevista con Animal Político. 

Asimismo, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabrinianas para migrantes y refugiados en su sección México, dijo que, como organización civil, también están analizando emitir una queja formal contra la legisladora priista por unas declaraciones que calificó como “lamentables”, y que “demuestran una actitud de xenofobía y de ceguera respecto a las personas migrantes”, y que además “discrimina” a los albergues y a la labor social y humanitaria de los activistas.

En cuanto a las palabras de Patricia Peña, cuando asegura que “no es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares”, la defensora de migrantes recordó que en junio de 2011 se llevó a cabo una reforma en la Constitución Mexicana, a partir de la cual se incluyó el principio ‘pro-personae’ que busca la protección de los derechos de las personas, más allá de su nacionalidad o estancia regular en un país. 

“Invitaría a la diputada a que, más allá de retractarse, comprenda cuál es su función como legisladora y como una promotora de la ley en este país. Yo quisiera recordarle que hubo una modificación al Artículo 1º Constitucional, que vuelve a centrar cualquier ley en el derecho pro-persona. Y me parece que esta fijación de decir que su responsabilidad es solo con los nacionales mexicanos, transgrede totalmente ese artículo”, apuntó la activista, que además resalta que Patricia Peña, como diputada federal, “debería ser la primera en vigilar que esté cumpliendo ese artículo y que se esté velando por el derechos de las personas”.

Deberíamos interrogarnos sobre qué tipo de gente es la que llega a los cargos públicos donde se generan las leyes en México -plantea Gutiérrez-. Porque es muy preocupante que siendo representante federal, esta mujer haga ese tipo de declaraciones”, hace hincapié la directora en México de la Misión Scalabrinianas, que concluye recordando que en Estados Unidos hay miles de migrantes mexicanos que sufren por actitudes xenófobas y de discriminación, como “esa población centroamericana que ella señala como un foco de infección y de perdición”.

Por su parte, Germán Guillermo Ramírez, presidente de la asociación Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska, en Coatzacoalcos, rechazó las palabras de la legisladora, y aseguró que no es cierto que todos los migrantes centroamericanos cometan delitos contra la población mexicana.

“La realidad no es esa. Esta señora tiene que ver que hay de todo; que hay gente buena y mala en México y también en Centroamérica, y no podemos generalizar. Los migrantes necesitan que alguien los ayude a llevar un pan a su mesa, así que cada quien piense qué haría si estuviera en lugar de ellos”, señala el activista en conversación telefónica con Animal Político.

“Los migrantes no andan aquí en Coatzacoalcos porque vengan a dar la vuelta y a pasear por México. Ellos cruzan por aquí porque tienen que llevar comida a su casa. Y quienes digan que eso es algo que está mal, y que no se les debe ayudar, que se tienten un poco el corazón“, pidió el activista.

Coatzacoalcos, foco rojo de agresiones a migrantes

Cabe resaltar que Coatzacoalcos es un foco rojo de agresiones a migrantes, a su paso por el estado de Veracruz.

La Casa del Migrante de Saltillo publicó en enero del pasado año 2014 un informe, en el que daba a conocer que el 42% de los casos de cobro de cuotas y extorsiones a migrantes se produjo en Coatzacoalcos.

 

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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