El Tribunal de Yucatán rechaza que Congreso estatal legisle sobre matrimonios gay

Las organizaciones que impulsan el recurso interpondrán un recurso de amparo contra la resolución emitida por el Tribunal, luego de que se votó por el sobreseimiento del recurso de acción constitucional por omisión interpuesto en contra del Congreso del Estado.

El Tribunal de Yucatán rechaza que Congreso estatal legisle sobre matrimonios gay
El Tribunal de Yucatán declaró improcedente el recurso presentado. // Foto: Cuartoscuro. Cuartoscuro
El Tribunal de Yucatán declaró improcedente el recurso presentado. // Foto: Cuartoscuro.
El Tribunal de Yucatán declaró improcedente el recurso presentado. // Foto: Cuartoscuro.
El Tribunal Constitucional de Yucatán resolvió declarar improcedente un recurso interpuesto por parejas homosexuales y organizaciones civiles para pedir al Congreso estatal que legisle el matrimonio del mismo sexo en la entidad.

La sede del Tribunal Superior de Justicia del estado fue el escenario de la primera instalación y sesión del órgano colegiado para responder a una demanda interpuesta en mayo de 2014 en contra del Legislativo yucateco, que desde noviembre de 2012 ha mantenido, sin discutir siquiera en comisiones, una iniciativa para modificar el Código y la Ley de Familia del estado que impiden cualquier unión civil que no sea “entre un hombre y una mujer”.

Después de casi dos horas de la lectura del proyecto de sentencia, presentado por el magistrado Santiago Altamirano Escalante, la mayoría de los integrantes del Tribunal Constitucional votó por el sobreseimiento del recurso de acción constitucional por omisión interpuesto en contra del Congreso del Estado.

El abogado de uno de los grupos impulsores del recurso, Jorge Fernández, consideró que la postura del órgano “escupe” sobre la Constitución, que consagra el Derecho a la no discriminación.

Agregó que la resolución era uno de los escenarios esperados y adelantó que la lucha, iniciada hace más de cinco años por las organizaciones civiles, no se va a detener, ya que continuarán en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de la ciudadanía en general sin distinción de su preferencia u orientación sexual.

Señaló que el siguiente paso será interponer un recurso de amparo contra la resolución emitida por el Tribunal y manifestó su confianza en que la justicia federal emita una resolución a favor y que finalmente obligue al Congreso estatal a legislar sobre el matrimonio igualitario en Yucatán.

La demanda encabezada por grupos civiles, como: Indignación-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Oasis San Juan de Dios y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) y que recibió el apoyo de otras 20 agrupaciones a través de la figura del Amicus curiae significa un llamado de atención a los legisladores del PRI y el PAN en el Congreso del estado.

Ambos partidos políticos han mantenido fuera del trabajo de comisiones legislativas la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde hace dos años cuatro meses, bajo el argumento de que existen temas prioritarios que atender.

En noviembre de 2012, las mismas organizaciones civiles, a través del PRD solicitaron al Congreso modificar el artículo 94 de la Constitución que define al matrimonio como “…una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica entre un hombre y una mujer […] con la posibilidad de generar reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

La misma solicitud de modificación legal abarcó el artículo 49 del Código de Familia de Yucatán, en el que se define también al concubinato como la unión de un hombre y una mujer, libres de matrimonio…”.

Las dos figuras legales fueron establecidas desde 2009 en la Constitución Política de Yucatán, a partir de la organización de grupos que se han manifestado abiertamente en contra de la unión civil o incluso sin legalizar entre parejas del mismo sexo.

Fue ese año que, a través de una asociación civil denominada Red Pro-Yucatán y con el respaldo de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y la Arquidiócesis de Yucatán, se conjuntaron nueve mil 700 firmas de apoyo a la creación de una ley de familia que excluía cualquier integración diferente a la heterosexual.

El 15 de julio de 2009, el Congreso del estado aprobó reformas legales que, además de regular temas como el aborto y la adopción, estableció y elevó a rango constitucional que la conformación de una familia solamente por la unión entre un hombre y una mujer, ya sea en concubinato o matrimonio.

De esa legislación, derivó que en Yucatán jurídicamente “la familia es una, se integra por el padre, la madre, los hijos y todas las demás personas unidas o emparentadas entre sí, ya sea por afinidad, por consanguinidad o por adopción”.

Fue hasta el 1 de mayo de 2013, cuando, con el apoyo legal de grupos civiles como Indignación, una pareja homosexual interpuso un recurso de amparo contra la legislación estatal para poder unirse en matrimonio civil en la entidad. Recurso que les había sido negado por el Registro Civil del estado en marzo de ese año.

Un par de meses después, en julio de ese año, el Juzgado Tercero de Distrito le otorgó a la pareja el amparo obligando al Registro Civil yucateco a ignorar lo establecido en los artículos antes mencionados, permitiéndoles celebrar su unión legal el 10 de agosto siguiente.

A partir de entonces, un total de 10 parejas han logrado concretar el matrimonio por la vía civil a través de recursos de amparo. Tanto el Gobierno del estado, a través del Registro Civil, como el Legislativo de esta entidad han mantenido una postura de “respeto” a lo establecido en las leyes estatales pese a la incongruencia de las mismas en el marco de la Constitución del país, que les ha sido señalada por la justicia a nivel federal.

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