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La CIDH inicia investigación sobre Ayotzinapa: estas son las 4 claves de su plan

Los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirán este lunes 2 de marzo con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
2 de marzo, 2015
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Padres de los normalistas marcharon el pasado 26 de febrero en la Ciudad de México a cinco meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. // Foto: Cuartoscuro.

Padres de los normalistas marcharon el pasado 26 de febrero en la Ciudad de México a cinco meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. // Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 2 de marzo, los cinco expertos elegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciarán los trabajos de investigación sobre el caso Ayotzinapa con un encuentro con los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasado.

La reunión será en Ayotzinapa, Guerrero, donde también participará el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien informará la posición de las víctimas a cinco meses del ataque contra los jóvenes normalistas perpetrado por policías municipales del municipio de Iguala.

Luego de su primer encuentro el pasado 12 de febrero, los expertos delinearon su plan de trabajo para los seis meses que durará la investigación, el cual incluye entrevistas con autoridades del Estado, expertos implicados o que puedan tener información relevante. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) integrado por Carlos Martín Beristain (España), Ángela María Buitrago (Colombia), Francisco Cox (Chile) Alejandro Valencia (Colombia) y Claudia Paz y Paz (Guatemala), realizará las investigaciones en cuatro áreas:

  • Evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas, incluyendo la evaluación de las medidas técnicas implementadas e investigación de los hechos.
  • Análisis de las acciones llevadas a cabo en la investigación, así como hacer recomendaciones y presentar nuestras conclusiones sobre las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
  • Evaluar las demandas y necesidades de las víctimas, las respuestas que se han dado hasta ahora y hacer recomendaciones sobre el plan integral de atención a víctimas.
  • Emitir recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y atención a las víctimas, que contribuyan a enfrentar de forma estructural el drama de derechos humanos que vive el país.

La intervención internacional

Tras el ataque realizado por policías de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, durante el cual desaparecieron 43 jóvenes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares desde el pasado 3 de octubre.

Como parte de la recomendación, los representantes del Estado mexicano, los padres de los desaparecidos y la CIDH firmaron un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica por parte del órgano interamericano el 18 de octubre. Un mes después se informó el nombre de los expertos.

El grupo contará con un millón de dólares para su trabajo, depositado por el Estado Mexicano y que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, según se explica en un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 16 de enero.

Ellos son los cinco expertos reconocidos por su labor en el derecho humanitario y la procuración de justicia a través de su participación en diversos casos de violación a los derechos humanos:

  • Carlos Martín Beristain: 

El psicólogo originario de Euskadi, España, ha sido perito para la evaluación psicosocial y médica de varios casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor de las comisiones de la verdad de Paraguay, Ecuador, Perú y Guatemala.

Entre sus participaciones destacadas está la coordinación del informe “Guatemala nunca más”, que analizó los testimonios sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los 36 años de guerra civil.

El informe determina la responsabilidad del ejército guatemalteco en la mayor parte de las violaciones a derechos humanos y el número de víctimas (150 mil fallecidos, 50 mil desaparecidos; un millón de refugiados, 200 mil niños huérfanos y 40 mil viudas).

Desde 1989 ha trabajado en la atención a las víctimas, salud mental y derechos humanos en América Latina y África. Fue asesor de salud mental y coordinador del área de apoyo a las víctimas en Brigadas Internacionales de Paz, en El Salvador, Guatemala y Colombia entre 1989 y 2004.

Es autor del Informe técnico de evaluación del impacto psicosocial de las explotaciones de petróleo de la empresa Texaco en Ecuador en las comunidades amazónicas del Ecuador, 2008, y del Informe de respuesta al equipo de expertos de la empresa Texaco.

Ha escrito más de una veintena de libros enfocados a la salud mental de las poblaciones en zonas de conflicto, la verdad, justicia y reparación de daño hacia las víctimas.

  • Claudia Paz y Paz 

La jueza con más de 18 años de experiencia es originaria de Guatemala y fue la primera mujer en su país en ser electa como fiscal general. Durante su administración, de 2010 a 2014, redujo los niveles de impunidad en Guatemala de 98% a 72% y logró encarcelar a centenas de integrantes de los Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y Zetas.

Por primera vez en su país, logró llevar a juicio a un ex jefe de Estado: Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio contra mil 771 indígenas de la etnia ixil, ocurrido entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Fue candidata al premio Nobel de la Paz en 2013 y en agosto de 2012 la revista Fobes la incluyó en la lista de las mujeres más poderosas que están cambiando el mundo en política.

 

  • Ángela María Buitrago 

Originaria de Colombia, es abogada y ha encabezado los casos para sancionar actos de corrupción en su país. Llevó a juicio a Guillermo León Valencia Cossío por sus supuestos nexos con el narcotraficante Daniel Rendón Herrera conocido como Don Mario.

Participó en la acusación al ex gobernador del Departamento del Casanare, Miguel Ángel Pérez, por enriquecimiento ilícito y lideró la condena contra el ex gobernador del Departamento de Meta, Edilberto Castro, por el homicidio de tres dirigentes políticos y la celebración indebida de contratos.

Participó en la estrategia legal del caso de la toma del Palacio de Justicia de Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte del grupo guerrillero M-19, donde fueron condenados los generales Jesús Armando Arias e Iván Ramírez y el coronel Alfonso Plazas Vega. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró como responsable al Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos que incluyó desaparición forzada de personas, tortura, tratos crueles y degradantes y privación del derecho a la vida.

 

  • Francisco Cox

El abogado chileno fue parte del equipo legal que trabajó en la extradición del general Pinochet a España. Fue asesor principal del director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Asesoró a la CIDH en los casos de Villagrán Morales en Guatemala, donde se acusó al Estado por el secuestro, tortura y muerte de cuatro menores y por el asesinato de otro menor en 1990 por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y por la omisión estatal en brindar una adecuada protección judicial a las familias de las víctimas.

También asesoró en el caso de Castillo Páez, un estudiante desaparecido en 1990, por el cual la CIDH determinó la responsabilidad del Estado peruano de violaciones a los derechos humanos.

Es representante legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Chile (CEJIL).

  • Alejandro Valencia

Desde hace 26 años, el abogado colombiano se ha dedicado a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Fue asesor general de la Comisión de la Verdad del Ecuador, consultor de la Comisión de la Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.

Encabezó el Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. 

Es consultor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e investigador en derecho humanitario del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia.

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AFP

El gobierno de EU pide cadena perpetua más 30 años de cárcel para 'El Chapo' Guzmán

La fiscalía estadounidense presentó un memorando de sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión para Joaquín "El Chapo" Guzmán como líder del cartel de Sinaloa. El juez decidirá la pena la semana próxima.
AFP
11 de julio, 2019
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El gobierno de Estados Unidos definió qué pena quiere para Joaquín “El Chapo” Guzmán por ser un líder “despiadado y sanguinario” del narco en México: cadena perpetua más 30 años de cárcel.

El memorando de sentencia fue presentado por la fiscalía de EE.UU. al juez Brian Cogan este miércoles, cuando resta una semana para la fecha definida por éste para dictar sentencia a Guzmán en Nueva York.

Todo indica que el dictamen que aguarda a “El Chapo” es pasar el resto de su vida en prisión, al menos antes de apelar el fallo, ya que el gobierno ha evitado pedir la pena de muerte como parte del acuerdo para extraditarlo desde su México natal.

Uno de los abogados de Guzmán, Jeffrey Lichtman, indicó en un comunicado que su cliente “enfrenta una sentencia de por vida obligatoria, por lo que incluso si el gobierno solicitaba un año de prisión, el juez Cogan debe sentenciarlo a cadena perpetua”.

El pedido de la fiscalía ocurre una semana después que el propio juez rechazara un pedido de “El Chapo” para ser sometido a un nuevo juicio en EE.UU., al advertir que hubo una “cadena montañosa de pruebas contra el acusado”.

La fiscalía anunció además que presentará pedidos de restitución a víctimas identificables de conspiración de asesinato por parte Guzmán, aunque por ahora solo una de ellas indicó que pretende seguir ese reclamo.

Los cálculos del gobierno

“El Chapo”, de 62 años, fue hallado en febrero culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba, en un juicio considerado el mayor en la historia de EE.UU. por drogas.

En su memorando de sentencia, la fiscalía sostiene que probó que Guzmán “fue responsable de la importación o intento de importación dentro de EE.UU. de al menos 1.213.100 kilogramos de cocaína”.

Agrega que además hizo lo mismo con “1.440 kilogramos de cocaína base, 222 kilogramos de heroína, 49.800 kilogramos de marihuana y cantidades de metanfetamina”.

Corte de Estados Unidos donde se enjuició a El Chapo.
Getty Images

El juicio de “El Chapo” es considerado el mayor en la historia de Estados Unidos por narcotráfico.

Todo esto, señala el gobierno, como líder de “una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México”, apelando al secuestro, tortura y asesinato.

“La abrumadora evidencia en el juicio mostró que el acusado era un líder despiadado y sanguinario del Cartel de Sinaloa”, sostienen los fiscales.

Y recuerdan que sólo por el primero de los cargos en los que “El Chapo” fue encontrado culpable, el de liderar en una empresa criminal continua entre 1989 y 2014, “la sentencia mínima obligatoria es la cadena perpetua”.

Agrega que el pedido de 30 años adicionales se debe a que el jurado condenó a “El Chapo” por el uso ilegal de un arma de fuego en relación con el narcotráfico, ofensa que involucró una ametralladora y tiene esa sentencia mínima obligatoria consecutiva a la cadena perpetua.

“Juicio espectáculo”

Por otro lado, el gobierno solicitó “la restitución de las víctimas de conspiración de asesinato por un monto que luego determinará la Corte”.

“Todas menos una de las víctimas con las que el gobierno pudo ponerse en contacto indicaron que no buscarían la restitución en este caso”, añade la fiscalía, que aguarda una declaración jurada de quien aceptó, cuya identidad se desconoce.

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

Getty Images
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno de EE.UU. ya había presentado una solicitud de decomiso de más de US$12.700 millones a “El Chapo”.

Esta suma surge de una estimación del valor de mercado de las drogas traficadas por Guzmán, sin considerar los costos operativos del negocio.

En su respuesta de este miércoles al memorando de la fiscalía, el abogado defensor de “El Chapo” sostuvo que el pedido de restitución a las víctimas “es una ficción muy parecida a la solicitud de decomiso de US$12.700 millones”.

“El gobierno no ha localizado ni un centavo de sus activos. Todo parte del juicio espectáculo”, indicó Lichtman.

Además, insistió con el argumento de que el jurado mintió y cometió “crímenes” en el proceso, pese a que el juez ya desestimó esto como base para aceptar el pedido de un nuevo juicio.

“Ni el juez ni el gobierno se preocupan”, protestó Lichtman. “Por esta razón, siempre habrá una mancha de injusticia en este veredicto”.


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