Cambiar la forma en que las instituciones y la sociedad ven a las personas con discapacidad es el gran reto para su inclusión en el sistema educativo coincidieron funcionarios del Poder Judicial, la administración pública y la sociedad civil.
Durante el seminario Hacia un sistema de educación inclusiva en México, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, dijo que la mayor queja específica que reciben en Conapred es de niños con discapacidad que no son aceptados en las escuelas y aseguró que “la discapacidad no es problema de la persona, sino de la sociedad”.
Bucio Mújica consideró que el derecho a la educación es desigual e inaccesible para este sector pese a que está garantizado constitucionalmente.
“Un sistema educativo inclusivo es el único que nos llevará a garantizar el compromiso constitucional de igualdad y la no discriminación”, expresó.
Bucio consideró que para lograr el cambio de paradigma, acorde a la Convención de la ONU, es necesario modificar todos los componentes del modelo educativo actual y explicó que los programas de inclusión son como eslabones aislados de una cadena, pues por ejemplo existe el ingreso a la educación de las personas con discapacidad, pero no se garantiza la permanencia ni el egreso de las personas con discapacidad.
Por su parte, la ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantiza que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos de manera efectiva y “en igualdad de condiciones que el resto de la población”.
Además, Sánchez Cordero recordó la resolución dictada en el caso de Ricardo Adair, joven con síndrome de Asperger a quien se le reconoció “la autonomía personal y de voluntad”.
En 2013, la Corte dictaminó que Ricardo tenía razón al rechazar y ampararse contra el estado de interdicción —cuando una persona es declarada judicialmente incapaz y debe mantenerse bajo la guarda de un tutor por carecer de aptitudes para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes— y ordenó que un juez de lo familiar retome su caso para establecer qué actos podrá realizar por sí mismo.
“En la Corte misma se ha reconocido a las personas con discapacidad como titulares de derechos, se ha promovido que las personas con discapacidad efectivamente ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna. Se ha reiterado su dignidad, el respeto a la diferencia que implica la discapacidad”, explicó la ministra.
En la actualidad hay un modelo en el que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, y recordó que el derecho a la educación de ese sector les está reconocido en la Constitución. Abundó que el Estado mexicano tiene frente a sí la gran oportunidad de ofrecer una educación no especial, sino inclusiva.
Además, dijo que las prácticas discriminatorias, sus patrones y los discursos que los sustentan deben identificarse desde el Poder Judicial para dar un giro en la impartición de justicia hacia la igualdad de trato y oportunidades para las personas con discapacidad.
