[contextly_sidebar id=”YkTTGPelp1vhpXL0GPrdrMxmGmtA3Jrn”]Tras asegurar que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa marca un antes y después para México y luego de insistir en que el caso Iguala continúa abierto, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que emita leyes en contra de la desaparición forzada y la tortura.
Al presentar el informe de Actividades 2014 en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional pidió la emisión de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
“Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, dijo.
Añadió que las autoridades están obligadas a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley.
“No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, si no contamos con información real y objetiva”, dijo el titular de la CNDH.
Agregó que México está obligado a atender los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura y desaparición forzada, como parte del compromiso asumido en el ámbito internacional.
Durante su discurso, González Pérez consideró que incumplir las recomendaciones de la CNDH debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad.
Por ello, pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobernadores que den instrucciones para que se cumplan las solicitudes de información y las recomendaciones que la Comisión hace a las instancias de la administración pública.
Al tomar la palabra, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno tiene un compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, los cuales deben ser respetados por todos.
Advirtió que el gobierno de la República seguirá trabajando en el marco de la ley y cualquier funcionario que se aparte de su cumplimiento debe asumir las consecuencias.
“La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas”, señaló.
Reconoció que el Estado mexicano aún tiene mucho qué hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, y ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, con la total disposición de atender las recomendaciones.
“Toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley; quien quebrante este precepto fundamental del Estado de derecho, tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan”, sostuvo.
Dijo que el gobierno ha articulado una política en materia de derechos humanos con tres grandes ejes: difusión amplia del conocimiento y respeto a los derechos humanos; prevenir la violación de derechos humanos; y protección de los derechos de las personas.
Luego de aclarar que su administración ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH, el presidente Peña Nieto explicó que el primer eje, busca generar una cultura del conocimiento y respeto de los derechos humanos entre la sociedad, para su pleno goce.
El segundo eje se refuerza con el Programa Nacional de Derechos Humanos, en el cual ya se han capacitado a 10 mil 500 funcionarios federales, además de realizar un amplio análisis de cada queja y recomendación, para que no se repitan las conductas que las generaron.
Respecto al tercer eje explicó que México tiene innovadores instrumentos como la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
No obstante, en esta última materia, el presidente advirtió que “aún tenemos que ir por más” y por ello el 27 de noviembre del año pasado planteó la creación de leyes en materia de tortura y desaparición forzada; renovación de los protocolos para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Con información de Notimex.
