Nueve propuestas para la nueva ley de desaparición forzada
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Nueve propuestas para la nueva ley de desaparición forzada

Prevén que prácticamente cualquier persona pueda presentar una denuncia por desaparición, aún sin tener vínculo alguno con la víctima.
Cuartoscuro.
Por Paris Martínez
22 de abril, 2015
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Protesta por desaparecidos en el DF. Foto: Cuartoscuro.

Protesta por desaparecidos en el DF. Foto: Cuartoscuro.

Entre diciembre de 2014 y marzo de este año, en el Senado de la República fueron presentadas cuatro iniciativas para reformar el marco legal que rige en el país en materia de prevención y sanción al delito de desaparición forzada, iniciativas que buscan dotar tanto a las víctimas como a las autoridades de herramientas suficientes para combatir este fenómeno delictivo generalizado.

Aún con diferencias notables entre sí, estas iniciativas legales –presentadas por el PAN, el PRD, el PRI y una más de organizaciones civiles– coinciden en que existen acciones cuyo cumplimiento es imprescindible para combatir este delito, tales como que las autoridades deban actuar “de oficio”, tan pronto como sea notificado de que una persona es presunta víctima de este delito, evitando así que las autoridades eludan la responsabilidad de investigar estos hechos, tal como denuncian las víctimas que ocurre actualmente.

Todas las iniciativas, asimismo, prevén que prácticamente cualquier persona pueda presentar una denuncia por desaparición, empezando por los familiares directos de la víctima, pero también sus parejas sentimentales (aún sin estar casados), amigos, grupos civiles, organismos defensores de derechos humanos, o por toda persona que tenga conocimiento del hecho, aún sin tener vínculo alguno con la afectada.

A continuación, te presentamos un resumen de las principales propuestas formuladas por cada partido, así como por grupos civiles, con miras a generar una ley que responda adecuadamente al actual fenómeno de desaparición forzada en México.

Derecho a no ser víctima…

De las cuatro iniciativas presentadas al Senado, quizá la menos desarrollada en términos de técnica legislativa es aquella presentada por más de un centenar de organizaciones sociales del país –principalmente grupos defensores de derechos humanos, académicos y de familiares de víctimas–, sin embargo, ésta es también la única de las cuatro iniciativas que contempla un factor que la Organización de las Naciones Unidas consideró como fundamental para poder enfrentar correctamente este fenómeno delictivo: la necesidad de reconocer plenamente el derecho que tienen las personas a no ser víctimas de una desaparición forzada.

Este derecho podría ser considerado algo obvio, sin embargo, para las organizaciones civiles, en un país con más de 25 mil desaparecidos, este derecho debe ser explicitado.

Por esta razón, la iniciativa ciudadana propone reformar el artículo 19 de la Constitución, para incluir entre los derechos humanos reconocidos en el país, éste: el derecho a no ser víctima de una desaparición forzada.

Desaparición por particulares

En torno al fenómeno de las desapariciones forzadas, los ordenamientos internacionales suscritos por México establecen que éste delito puede ser cometido lo mismo por un agente del Estado, que por particulares. Esta definición amplia de la desaparición forzada, sin embargo, no está prevista en el marco legal nacional actual, situación que tres de las cuatro iniciativas a discusión en el Senado buscan remediar.

Así, PAN, PRD y organismos civiles proponen tipificar como delito de “desaparición involuntaria de persona”, que es aquella desaparición forzada perpetrada por un particular, con fines distintos al secuestro extorsivo.

El reconocimiento de las desapariciones cometidas por particulares, destaca la iniciativa ciudadana, es imprescindible en el actual contexto mexicano, ya que se trata de una “modalidad” que “comenzó a cobrar relevancia” a partir del inicio de la guerra contra el crimen organizado, en la pasada administración federal, encabezada por Felipe Calderón.

En contra de esta idea, sin embargo, se plantó el PRI, y en su iniciativa de ley insiste en que un caso de desaparición forzada sólo sea reconocido como tal, si es perpetrado por algún agente del Estado, o por particulares que actúan directamente apoyados por agentes del Estado.

Desaparición forzada de bebés

Además de compartir la idea de que en México debe regir una definición amplia de desaparición forzada, que incluya los casos perpetrados por particulares, las iniciativas del PAN y el PRD convergen en la propuesta de tipificar otra forma de desaparición, peculiar por su nivel de crueldad: aquellas en las que las víctimas son menores de edad o, en específico, bebés alumbrados por mujeres desaparecidas, durante su cautiverio.

La propuesta de ley presentada por el PRD define esta modalidad como “desaparición equiparada de personas”, que alude a los casos en los que los perpetradores ocultan el paradero de hijos raptados junto con la víctima que tenían por objetivo, o que nacieron durante el cautiverio de su madre. De ser éste el caso, el PRD propone que la pena para el responsable aumente en una cuarta parte.

Asimimso, el PAN propone que para el caso de desaparición de menores de edad o por el ocultar el paradero de los hijos de un desaparecido, la pena sea de 5 a 8 años de cárcel, que se suman a la pena pena por el rapto del tutor.

Patria potestad, blindada…

Una de las principales problemáticas derivadas de una desaparición forzada, tal como han denunciado las familias de las víctimas, es el vacío legal en el que quedan: no pueden acceder a las cuentas de sus seres queridos, no pueden conocer los movimientos de sus teléfonos celulares, no pueden representarlos legalmente para realizar trámites, o para defender sus propiedades o la patria potestad de sus hijos.

Por esta razón, las iniciativas de los tres partidos comparten la propuesta de establecer un mecanismo que responda a esta situación, al cual definen como Declaración de Desaparición Forzada, la cual deberá emitir un juez, una vez que la familia denuncie el delito.

Con esta Declaración, una víctima no podrá ser despojada de sus derechos laborales, educativos o patrimoniales.

Por ejemplo, la propuesta del PRD establece que la víctima de desaparición será considerada bajo “licencia con goce de sueldo”, el cual podrá ser cobrado por sus familiares, los cuales, además, seguirán siendo beneficiados por la seguridad social.

Además, el PAN propone que todos los impuestos de la víctima sean condonados, así como aquellos créditos que le hayan sido otorgados por instancias gubernamentales.

Delito “grave” y de “lesa humanidad”

En todas las iniciativas de ley general para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas presentadas al Senado, éste es un delito que se reconoce como “grave”, por lo cual, los imputados no podrán obtener beneficios que le permitan gozar de la libertad o que reduzcan su sentencia.

Asimismo, todas las iniciativas contemplan “agravantes” que se suman al delito, y que elevan la pena impuesta. Estos casos se refieren a desapariciones en las que la víctima sea menor de edad, adulto mayor, discapacitado, periodista, funcionario público, defensor de derechos humanos, candidato a algún cargo de elección popular, testigo de un hecho delictivo, indígena, mujer embarazada, padre o madre de menores de edad, o cuando pertenezcan a otros grupos vulnerables, como por ejemplo aquellas personas con una preferencia distinta a la heterosexual.

Sin embargo, tanto las propuesta del PAN como la del PRD coinciden en estipular que, cuando la desaparición forzada sea una práctica “sistemática y generalizada” en contra de un grupo poblacional en particular, ésta será considerada como un “delito de lesa humanidad”. Este tipo de delitos, cabe destacar, pueden ser perseguidos directamente por la Corte Penal Internacional, y generan responsabilidades tanto para los perpetradores directos, como para los políticos y funcionarios que los avalaron, permitieron o respondieron de forma omisa ante esta práctica.

Destaca, además, que ambos partidos proponen reconocer la desaparición forzada como un delito consumado aún en caso de “tentativa” para, de esta forma, poder castigar también a aquellas personas que intentaron una desaparición sin concretarla, o en los casos en que la víctima es hallada.

Investigadores con facultades plenas

Las iniciativas discutidas actualmente no sólo contemplan la creación de un marco legal adecuado para reconocer un caso de desaparición forzada, sino que buscan también dotar a las autoridades de mejores herramientas para enfrentar este delito.

De esta manera, todas las iniciativas prevén que todos los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, y tribunales reciban capacitación especial para atender las denuncias que se reciban, sino también mecanismos para que realicen investigaciones correctas.

El PRD, por ejemplo, propone que cada procuraduría estatal, así como la Procuraduría General de la República, establezcan “unidades especiales” para investigar exclusivamente desapariciones forzadas, integradas por ministerios públicos, policías, peritos y técnicos con especlización en este tipo de delito.

Por su parte, el PAN propone autorizar la “intervención de comunicaciones”, siempre que medie la autorización de un juez, así como que las empresas que operan redes públicas de telecomunicaciones se vean obligadas a proporcionar toda la información que la autoridad requiera para rastrear los teléfonos celulares de víctimas.

Asimismo, tanto el PRI, como el PAN y el PRD reconocieron en sus propuestas de ley la necesidad de conferir a las autoridades administrativas o judiciales que investigan una desaparición facultades plenas para, de ser necesario, ingresar a cualquier tipo de instalación oficial, así como a hospitales públicos y privados, de forma “libre e inmediata”, cuando se tenga la presunción de que la víctima pueda hallarse en esos lugares.

Destaca, además, el hecho de que tanto PRD como PAN plantean que la “coadyuvancia” de las familias en la investigación sea un derecho reconocido a las víctimas, permitiendo así no sólo que éstas colaboren en la indagatoria, sino también que vigilen su correcto desarrollo y, en caso de que un agente del Ministerio Público obstruya o entorpezca una pesquisa, incluso proponen penas que podrían ser de hasta 5 años de cárcel (según la iniciativa perredista) o de ocho años en prisión (en el caso de la iniciativa panista).

Por último, el PAN propone que en el caso de investigaciones por desaparición forzada, la autoridad no pueda archivar el expediente o declararlo en “reserva”.

Vigilancia a las autoridades

Además de la propuesta de tipificar la desaparición forzada perpetrada por particulares, otra coincidencia en las iniciativas del PRI y el PAN es la necesidad expresada por ambos partidos de contar con un eficiente registro nacional de personas detenidas, en el cual queden inscritos los datos de toda persona que sea arrestada por una autoridad, tan pronto como esta acción oficial es ejecutada. Esto permitiría detectar con mayor facilidad los casos de detenidos que no son presentados ante el Ministerio Público, y que son víctimas potenciales de desaparición forzada.

Para inhibir la participación de agentes del Estado en desapariciones forzadas, además, el PRD propone que todos los vehículos terrestres pertenecientes a fuerzas de seguridad pública estén permanentemente monitoreados por medio de instrumental que no sólo permita conocer la geolocalización de cada unidad oficial, sino también qué personas lo abordan.

Base de datos genéticos

Entre los puntos de plena coincidencia entre las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, uno de los más destacados es la necesidad de crear un registro nacional de perfiles genéticos de personas desaparecidas, elaborado a partir de muestras de ADN recogidas entre sus familiares.

Este registro permitirá contar con una base de datos confiable, con la cual contrastar la información genética de personas que permanecen en calidad de desconocidos en las instituciones de salud, así como los cuerpos no identificados depositados en morgues y fosas comunes, o los restos rescatados de fosas clandestinas.

Los tres partidos, además, contemplan en sus iniciativas mecanismos para eficientar la operación del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, en este rubro, la propuesta más destacable es la del PRI, pues estipula que dicha lista oficial deberá incluir explícitamente “el señalamiento de las personas que sean afectadas o exista la presunción de ser afectadas por el delito de desaparición forzada.”

Penas propuestas

Aunque las iniciativas presentadas por los partidos políticos son convergentes en señalar que debe existir un estricto procedimiento penal en contra de quienes sean señalados como autores de una desaparición forzada –las tres prevén que los imputados enfrenten juicio en reclusión, y que en su beneficio no aplique ningún tipo de fianza, preliberación o conmutación de pena–, los tres partidos tienen cálculos distintos del número de años que un sentenciado deberá pasar en prisión.

El PRI, por ejemplo, propone penas que van de 2 a 60 años de cárcel por cometer, participar o por no denunciar una desaparición, y plantea que esta pena se puede duplicar cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor, discapacitado, indígena, mujer embarazada, o bien que tenga hijos menores de edad al ser desaparecido.

Por su parte, el PAN planteó una pena de 50 años por cometer una desaparición forzada, que aumentaría a 55 años si la víctima es servidor público, periodista, defensor de derechos humanos, precandidato.

La propuesta del PAN prevé, asimismo, incrementar la sentencia a 65 años de cárcel si la víctima pierde la vida como producto de su rapto.

El PRD, cabe destacar, es el que prevé las menores sanciones por desaparición forzada. Por ejemplo, si ésta es cometida por un funcionario público, la propuesta perredista prevé una sentencia máxima de 30 años de cárcel, mientras que si el delito es cometido por un particular, su sentencia sería sólo de 20 años de prisión.

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COVID: 'Brasil es como un Fukushima biológico, un reactor nuclear que está fuera de control'

Miguel Nicolelis, un reconocido neurocientífico y profesor de la Universidad de Duke, en EE.UU., advierte sobre el riesgo que representa la situación sanitaria de Brasil para el mundo.
16 de abril, 2021
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Miguel Nicolelis habla de la situación de Brasil como un “Fukushima biológico”. “Cuando la gente me pide que haga una metáfora, digo que para mí es como Chernóbil o Fukushima, un reactor nuclear, pero uno biológico, que está fuera de control en una reacción en cadena”, dice para BBC Mundo el reconocido neurocientífico y profesor de la Universidad de Duke (Estados Unidos) desde su casa en Sao Paulo.

Desde que comenzara la pandemia, la covid-19 ha dejado allí 13 millones de infectados y más de 350,000 muertos, convirtiendo a la nación sudamericana en el segundo país con más decesos después de EE.UU. (559,000), según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Mientras se teme que una variante más contagiosa del virus, la P.1, esté impulsando el aumento de casos, no son pocos los expertos y trabajadores sanitarios que denuncian que el sistema de salud está, en algunas áreas, al borde del colapso.

En ese contexto, la de Nicolelis, quien ha asesorado a algunos estados de la región noreste del país en la lucha contra la enfermedad que causa el SARS-Cov-2, es una de las voces que alertan sobre la gravedad de la situación.

Semillero

Según el experto, los factores que explican cómo Brasil se volvió un reactor nuclear biológico fuera de control se pueden resumir en tres: la “falta de liderazgo gubernamental, la ignorancia (del gobierno) y la confianza en noticias e información falsa o el negacionismo científico”.

Miguel Nicolelis

Cortesía: Miguel Nicolelis
Uno de los proyectos más conocidos del neurocientífico Miguel Nicolelis es el que permitió que en la inauguración del Mundial de 2014, el saque de honor lo hiciera un paciente parapléjico que usó un exoesqueleto controlado por su cerebro.

Y para el científico, es fundamental que no sólo Latinoamérica sino el mundo sepan que lo que está pasando “no es culpa del pueblo brasileño”.

“Los brasileños quieren salir de esto, no quieren exportar variantes a todo el mundo”, señala, pero apunta a lo que considera ha sido una ausencia de estrategia y dirección para enfrentar la pandemia por parte del gobierno federal, al que acusa de carecer de empatía.

“El gobierno brasileño nunca diseñó una estrategia o tomó alguna iniciativa con la intención real de luchar contra la pandemia”.

Y así, advierte, Brasil se ha convertido en un semillero de variantes que amenazan al mundo. “Literalmente permitimos que este virus esté haciendo estragos por todo el país, que es enorme”.

“A pesar de que tenemos un sistema nacional de salud pública que es bastante bueno, el gobierno nunca lo aprovechó para financiarlo y fortalecerlo significativamente en medio de esta crisis”.

Enfermera en un hospital

Fabio Teixeira/Anadolu Agency/Getty Images
Unidad de Cuidados Intensivo del Hospital Municipal de Sao José, en Río de Janeiro.

Como consecuencia, “estamos en medio de un colapso de la salud nacional, algo que nunca ha sucedido en la historia de Brasil”.

Varios estados han reportado escasez de suministros de oxígeno y sedantes.

Nicolelis habla además de la alta tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en varias zonas del país, cercano al 100% en algunos casos.

Todo esto es “la razón por la que tenemos tantos casos y tantas mutaciones que ocurren simultáneamente en todo el país”.

“Y cuando hay un número alto de mutaciones como las que estamos teniendo, el surgimiento de variantes es lo esperado. Es algo que puedes dar por sentado que va a suceder”.

El instituto brasileño de salud pública Fiocruz dice que ha detectado 92 variantes de coronavirus en el país, incluyendo la P.1.

El gobierno

Nicolelis cuestiona que en Brasil no se haya creado un comando central, un grupo de trabajo científico o “un liderazgo proveniente del presidente y de su gobierno que fuese eficaz para atender toda esta tragedia”.

Hombre siendo vacunado

MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images
El presidente Bolsonaro dijo que 2021 será el año de la vacunación de los brasileños.

“El presidente negó la gravedad de la crisis desde el principio”, recuerda el experto.

Ya en marzo de 2020, Jair Bolsonaro criticó el cierre de escuelas y comercios en algunas partes de su país por el coronavirus, al que comparó con una “gripecita” o “resfriadito”.

“Hizo campaña contra cualquier medida de aislamiento social, se opuso a las mascarillas”, prosigue el experto. Y eso, en su opinión, creó una “confusión masiva” en todo el país.

Nicolelis está lejos de ser el único que ha cuestionado la forma en la que el líder ha manejado la pandemia.

Médicos responsables de unidades de cuidados intensivos consultados por BBC Brasil señalaron que a pesar de ser defendido por el mandatario, el llamado “kit covid” o “tratamiento temprano” para el coronavirus contribuye a aumentar el número de muertes de pacientes críticos.

Y es que “más de un año después del inicio de la pandemia en la nación sudamericana, el líder sigue respaldando el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina, pese a que varias investigaciones indican que estos fármacos no son efectivos en el tratamiento de la covid-19″, señaló la periodista Nathalia Passarinho.

“El mundo entero sufrirá las consecuencias”

De acuerdo con el profesor, “si Brasil no está bajo control, (si hay) cientos de miles de casos todos los días, vamos a tener un depósito de nuevas variantes que pueden surgir y extenderse a América del Sur y a América Latina, y luego al mundo entero en cuestión de semanas”.

Entrada de un servicio de Emergencia

MARCIO JAMES/AFP via Getty Images
Varios estados, en Brasil, han reportado escasez de suministros de oxígeno y sedantes.

“Si se permite que tanta gente se infecte todos los días y no se hace nada para controlar esta pandemia aquí, el mundo entero sufrirá las consecuencias”.

Se trata, en su opinión, de una amenaza contra los esfuerzos de la comunidad internacional para frenar la pandemia.

Nicolelis es uno de los tantos expertos brasileños que cree que Brasil debe entrar en un confinamiento nacional.

“Sería la única alternativa que realmente tenemos en este momento para intentar bajar drástica y rápidamente el número de casos nuevos y reducir la transmisión del virus”, señala.

Pero Bolsonaro se opone a cualquier medida de confinamiento, pues sostiene que el daño a la economía sería peor que los efectos del propio virus y ha tratado de revertir, en los tribunales, algunas de las restricciones impuestas por las autoridades locales.

El presidente argumenta que las medidas de ese tipo hacen a los pobres más pobres.

Vacunación

Una de las prioridades, según Bolsonaro, es la vacunación masiva. De hecho, ya dijo que 2021 será “el año de la vacunación de los brasileños“.

“Estamos y hemos estado desde el principio luchando sin descanso contra la pandemia. Somos un ejemplo para el mundo”, indicó el presidente.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

Reuters
El presidente Bolsonaro se opone a un confinamiento nacional que muchos expertos y científicos brasileños recomiendan para frenar la propagación del virus.

Según el Ministerio de Salud de Brasil, 24.809.790 personas han recibido ya la primera dosis y 8.000.733 la segunda, en un país de más de 210 millones de habitantes.

De acuerdo con el periodista de la BBC Jake Horton, para fines de marzo el país había recibido la mitad de las 46 millones de dosis que tenía como objetivo.

“Brasil ha ordenado ahora dosis suficientes para vacunar a toda su población, pero los críticos dicen que estos acuerdos llegaron demasiado tarde, ya que otros países grandes con un poder adquisitivo similar ahora están por delante en la cola”, señaló Horton.

Brasil, destacó, cuenta con “un sólido historial en la realización de campañas de vacunación y, en comparación con muchos otros países de América Latina, tiene una infraestructura de atención médica bien establecida”.

Sin embargo, explica Nicolelis, confiar en un programa de inmunización “claramente no es suficiente para solucionar el problema”.

Y Chile lo demuestra.

El ejemplo del vecino

Para el docente, Chile se ha convertido en un ejemplo de lo que se debería hacer: una combinación de medidas.

Prototipos de vacunas

Getty Images
En marzo, el Instituto Butantan informó que solicitaba la autorización de las entidades reguladoras brasileñas para iniciar los ensayos clínicos en humanos de su candidata a vacuna contra covid-19.

Aunque el país ha avanzado con rapidez en las jornadas de vacunación, ha tenido que imponer medidas de confinamiento porque registró un aumento de los casos.

Y es que se ha demostrado que la vacunación no puede sustituir otras medidas de prevención, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Nicolelis, quien ha vivido en Estados Unidos desde 1989, cuenta que la pandemia lo agarró en Brasil cuando se encontraba visitando a su madre en Sao Paulo.

Fue invitado a coordinar un grupo de científicos para asesorar a los gobiernos de los estados del noreste del país de cara a la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Por casi un año, trabajó como voluntario.

“Básicamente me encontré en medio de la crisis haciendo algo que había hecho cuando era estudiante de medicina, pues comencé mi carrera científica trabajando en temas epidemiológicos”.

Dice que, como muchos brasileños, se ha confinado por su cuenta en su apartamento por más de un año.

Entre las soluciones que vislumbra, insiste, está un confinamiento nacional, que dure al menos 30 días y que empiece cuanto antes, y que se pueda conseguir vacunar entre dos y tres millones de personas cada día.

“Hay soluciones”, dice, para evitar que se siga profundizando “la tragedia”.


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