[contextly_sidebar id=”ILoXRRfCFxeDOmcgmKucMR6FDutzFX0p”]El Congreso de Querétaro aprobó el 13 de marzo pasado la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, pero ésta, contraria al principio de progresividad, representa un “retroceso y transgresión” en la materia, alerta el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad, Miguel Nava, quien a su vez exhorta al gobernador priista José Calzada Rovirosa a vetar esta ley, pues también contraviene las reformas constitucionales federal y estatal de junio de 2011 y de septiembre de 2013, respectivamente.
La Ley de Derechos Humanos de Querétaro aprobada en los términos actuales, destaca el ombudsman estatal, además transgrede la autonomía y el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado que actualmente goza de autonomía plena para realizar su labor.
En esta nueva ley, de la que el Ejecutivo estatal tiene como plazo hasta hoy 3 de abril para emitir sus observaciones totales o parciales, se incluye un nuevo apartado que permite la remoción del presidente de la Defensoría por “determinación” de la Legislatura local (artículo 122), por la petición de uno o varios ciudadanos que argumenten su solicitud (artículo 123) o por una “causa grave” (artículo 133, fracción VII): ausentarse por más de tres días sin el permiso del Congreso local.
Incluso los principales funcionarios de la Defensoría (visitador general, secretario ejecutivo y visitadores adjuntos) ahora serán designados y hasta removidos por el propio Legislativo y no por el presidente en turno del organismo que, se supone, goza de “autonomía constitucional de gestión”.
Aunque esta ley tiene una clara intención de irrumpir y acotar la autonomía del organismo, refiere el ombudsman Miguel Nava en entrevista con Animal Político, lo más grave son los impedimentos que dicha ley tiene para defender la dignidad de las personas, la cual deben salvaguardar por mandato constitucional todas las autoridades del país.
Y enumera:
1. El artículo 3 de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro no fundamenta el reconocimiento de los Derechos Humanos en la Convención Americana, “Pacto de San José”;
2. El articulado de dicha ley mantiene el término “presunto” que conlleva a un prejuicio o anticipación de culpabilidad, el cual contraviene al principio de presunción de inocencia;
3. En ella se retoma la “incompetencia laboral” que fue eliminada en la reforma constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011;
4. Su redacción no contiene un lenguaje incluyente, contrario al principio de no discriminación.
5. Además, establece que el informe anual de la Defensoría de Derechos Humanos sólo se entregue a una Comisión conformada por 5 de los 25 diputados y diputadas que conforman la Legislatura.
“Es una ley plagada de inconstitucionalidad, plagada de inconvencionalidad, contraria al orden jurídico nacional y contraria a los tratados internacionales que nuestro país ha aceptado como derecho vigente”, apunta el ombudsman de Querétaro, y enfatiza:
“Hemos hecho pronunciamientos con base en nuestras facultades a la Suprema Corte, lo hemos hecho al propio Congreso de la Unión, lo hemos hecho al Poder Judicial del estado, al Ejecutivo del estado. Eso incomoda. Ha calado muy hondo el que hayamos presentado una iniciativa totalmente innovadora respecto a la unión civil entre personas, abordada desde el punto de vista del Estado Civil como una condición de no discriminación”.
En resumen, de acuerdo con Miguel Nava, con esta Ley de Derechos Humanos recién aprobada Querétaro deja de ser un referente nacional en materia de Derechos Humanos, se vulnera la defensa de la dignidad de las personas y somete al órgano defensor a “cuotas” partidistas y control político. Cuando el ombudsman no guste, se va.
La ley incumple además compromisos firmados en el Pacto por México para defender a los derechos humanos como política de Estado y dotar de autonomía plena a los organismos defensores. Este no es el caso de Querétaro.
