[contextly_sidebar id=”azRjBGeG8jQ2S9wz7iNRK5uySZr6wtiO”]La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 22 de abril, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular y turnó la minuta al Senado, para su análisis y eventual ratificación.
El propósito de la legislación es proteger el ahorro popular, robustecer el sistema financiero nacional, así como regular a intermediarios financieros para que operen de manera profesional y segura.
El dictamen avalado amplía el fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras populares en liquidación, a fin de que recuperen hasta un millón de pesos, adicionales a las 25 mil Unidades de Inversión previstas hasta ahora, con lo que se beneficiará a los afectados por el fraude en Ficrea.
De acuerdo con la resolución, los legisladores también dieron su aval a un artículo en el que se especificó que los defraudados de Ficrea que depositaron ahorros hasta de un millón de pesos comenzarán a recibir su dinero a partir de mayo, no así los que tiene una cantidad mayor pues tendrán que esperar a la liquidación de la empresa.
En la exposición de motivos del documento aprobado se señala que, mediante este mecanismo, se fomentará la confianza en el sector de ahorro y crédito popular, al implementar este programa social en protección de los ahorradores.
También se aumentan las penas, ya que las sanciones van de dos a 15 años de prisión y multas de dos mil a 350 mil días de salarios mínimo, ante irregularidades realizadas por los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
El dictamen sobre la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular surgió de una iniciativa elaborada por un grupo de senadores y diputados, que tenía el objetivo de realizar las reformas necesarias para prevenir y evitar que se presenten casos como el de Ficrea.
Ficrea fue liquidada por las autoridades correspondientes en diciembre pasado, tras haber realizado operaciones fraudulentas por cerca de dos mil 700 millones de pesos, con afectación a más de seis mil 800 ahorradores.
