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Disminuyen 1.2% los ingresos en los municipios con más homicidios en México
Además de afectar el ingreso de los municipios, la violencia provoca una disminución de las personas autoempleadas, indica un estudio del Instituto para la Seguridad y Democracia.
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Por Nayeli Roldán (@nayaroldan)
3 de abril, 2015
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La inseguridad tiene consecuencias, como costos altos en términos del Producto Interno Bruto (PIB), del gasto público, del desarrollo económico local, del desempeño laboral y educativo e incluso de la esperanza de vida. // Foto: Cuartoscuro.

La inseguridad tiene consecuencias, como costos altos en términos del Producto Interno Bruto (PIB), del gasto público, del desarrollo económico local, del desempeño laboral y educativo e incluso de la esperanza de vida. // Foto: Cuartoscuro.

La violencia generada por los cárteles de la droga y su lucha por el territorio en México ha generado cambios en las economías locales. A mayor violencia, menos oportunidades de empleo y de crecimiento en los municipios con más homicidios dolosos.

Así lo concluye el estudio “Una aproximación a los costos de la violencia en México” realizado por el Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE) en el que se explican los impactos cuantitativos del crimen organizado en las localidades.

El documento indica que el aumento de un homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye los ingresos municipales en 1.2%. Además, se incrementó alrededor de 1.5% la proporción de personas desocupadas en un municipio durante 2013.

El estudio agrega que la violencia relacionada con el narcotráfico no tiene necesariamente un efecto lineal sobre el desempeño económico sino que existe cierto umbral a partir del cual se contrae la actividad económica. Después de una reiterada situación de violencia, tanto empresas como individuos cambian sus decisiones para el mediano y largo plazos, lo que incluye su localización, inversión y producción.

De acuerdo con el análisis, hubo una disminución de entre dos y tres puntos porcentuales de la proporción de personas en un municipio trabajando en el mismo trimestre debido a la violencia.

También se reporta un incremento de cerca de 1.5% en la proporción de personas desocupadas en un municipio y hubo una disminución de cerca de 0.4 puntos porcentuales de la proporción de personas propietarias de un negocio en un municipio violento.

Otro de los efectos por el aumento de homicidios es una disminución de la proporción de personas autoempleadas en 0.5 puntos porcentuales, según refiere el estudio de INSYDE.

Los municipios de estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco concentran el mayor número de homicidios en el país, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, por lo que incluso, fueron señalados por el presidente Enrique Peña Nieto, como zonas prioritarias de atención.

El estudio refiere que durante los enfrentamientos entre carteles las organizaciones criminales se convierten con frecuencia en “los poderes de facto, lo que significa que nadie está por encima de ellas”. Esto quiere decir que el crimen organizado permite, por ejemplo, “qué candidato es electo como presidente municipal, a quién se nombra como jefe de la policía, qué noticias se reportan e incluso qué festividades se celebran”.

De ahí que la inseguridad ciudadana tiene consecuencias significativas para la sociedad, con costos altos en términos del Producto Interno Bruto (PIB), del gasto público, del desarrollo económico local, del desempeño laboral y educativo e incluso de la esperanza de vida.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo calculó que, tan solo en el año 2000, el total de las pérdidas económicas en México a causa de la violencia fue de 12.3% del PIB total, lo que representaba, por ejemplo, 65% del gasto programable en 2006.

Hacia finales de 2011, un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), calculaba el costo que este fenómeno genera en México en 15% del PIB.

En tanto, en el Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó un ejercicio de análisis sobre los años de vida perdidos por causa de los homicidios, es decir, el impacto que tiene la violencia letal en la expectativa de vida.

En 2009, la región perdió 331 millones de años de vida, si se considera la pérdida en la expectativa de vida y la población. Colombia perdió 16 meses de expectativa de vida, El Salvador 21 meses, Guatemala 17 meses, Venezuela 20 meses. Para México representó la pérdida de seis meses de vida. Al estudiar el efecto de las muertes por homicidio en la expectativa de vida, es importante tomar en cuenta su repercusión en el ingreso que cada país dejó de percibir.

El estudio concluye que la inseguridad en México ha ido escalando a niveles que hoy “son en verdad alarmantes y que afectan las actividades diarias de las personas en su vida, su patrimonio, su libertad y su salud”. De ahí que la violencia y el crimen constituyen la mayor preocupación de muchas comunidades en el país, por encima de temas como el empleo y la salud. En resumen, los datos ilustran un círculo vicioso: con la inseguridad se incrementan la pobreza y la desigualdad, con lo que se genera más crimen y violencia.

A continuación puedes consultar el estudio “Una aproximación a los costos de la violencia en México”:

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