[contextly_sidebar id=”RhmCC9EbtDReCwrXFLzQqPkf7oANSAOh”]Cuando faltan quince minutos para las ocho de la tarde del 24 de febrero, la situación se sale de control en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco.
Allí, cerca de la Cruz Roja del Bulevar de Las Naciones, el fotoperiodista del diario El Sur, Carlos Alberto Carbajal, cubre desde las nueve de la mañana una marcha de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG). Todo transcurre dentro de una calma tensa, cuenta el reportero, hasta que un camión de la CETEG intenta romper el cerco de la Policía Federal que protege el acceso al aeropuerto, y los antimotines responden agrediendo a todo el que se pone en su camino.
En ese momento, Carlos agarra su cámara y comienza a hacer su trabajo. Toma fotos de hombres y mujeres corriendo, y capta a un grupo de policías golpeando y rociando con gases a los pasajeros de un vehículo Datsun que se acaba de estrellar contra un camellón.
“Me di cuenta y tomé fotos –señala el fotoperiodista-. Me paré en el camellón con mi cámara. Entonces, llegaron los policías con sus escudos y me empujaron. Me identifiqué como prensa con una credencial del periódico. Grité “prensa”.
Pero los gritos no sirven de nada. Minutos después, otro grupo de antimotines llega a la zona y golpea a Carlos en la cabeza con un tubo. El impacto lo deja aturdido, y los policías aprovechan para quitarle la cámara. La azotan contra el suelo y destruyen todo el material fotográfico y la herramienta de trabajo.
Aún mareado por el golpe, Carlos se levanta como puede y comienza a correr. Aún no entiende lo que sucede. Mira a los policías y con la credencial en la mano les vuelve a repetir a gritos que es periodista.
Pero a los antimotines no les importa que sea reportero.
“De todos modos te vamos a partir la madre”, le espeta uno de ellos.
12 periodistas asesinados desde 2002 y 46 agresiones en 2014
Esta agresión al fotoperiodista Carlos Alberto Carbajal, que él mismo narró en la web del diario El Sur el 25 de febrero, es uno de los testimonios recabados por el Informe sobre la situación del ejercicio del Periodismo en Guerrero: Obstáculos y carencias; documento elaborado por Freedom House, Reporteros sin Fronteras, y Periodistas de a Pie, entre otras organizaciones civiles, tras realizar un recorrido por la entidad en el que entrevistaron a periodistas, integrantes de la CETEG, y a miembros del gobierno estatal.
El informe destaca que en el estado de Guerrero se contabilizan 12 asesinatos de periodistas desde el año 2002, de los cuales dos se produjeron en 2014. Se trató de Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán, columnista del diario Vértice. Además, el periodista Marco Antonio López, del periódico Novedades de Acapulco, se encuentra desaparecido desde el año 2011.
En cuanto a las agresiones a periodistas, en 2014 se registraron 46 que incluyen amenazas, hostigamiento, robo a domicilio, agresiones físicas durante la cobertura informativa, destrucción del equipo de trabajo, secuestro, y extorsiones telefónicas.
El documento subraya que estas agresiones “provienen en su mayoría de servidores públicos”, destacando entre ellos, elementos de Seguridad Pública, empresas de seguridad privada, la Policía Federal, y el Ejército Mexicano. Incluso, según dijo en la rueda de prensa de presentación del informe Pilar Tavera, de la organización civil Propuesta Cívica, en la lista de “agresores tradicionales” se encuentran las autoridades municipales, principalmente policías locales y alcaldes.
Además de las autoridades, el informe señala que los periodistas en Guerrero son agredidos por los integrantes de movimientos sociales, como los maestros de la CETEG.
“Ahora, los periodistas no solo tienen que cuidarse de la policía, sino de integrantes de movimientos sociales que en ocasiones los agreden porque consideran que están manipulando la información”, expuso por su parte Balbina Flores, integrante de Reporteros sin Fronteras.
En este sentido, el informe agrega que un elemento a tener en cuenta es la “discriminación que hace el movimiento social” hacia algunos medios de comunicación o periodistas que pueden entrar a cubrir una manifestación, “al hacer una preselección de periodistas dependiendo del medio al que pertenecen, o el tipo de notas que publique sobre el movimiento y sus causas”.
Además de los maestros de la CETEG, las policías comunitarias y ciudadanas en Guerrero también tienen filtros que “no permiten la entrada a ciertos medios de comunicación que ellos consideran como vendidos o que alteran las notas”, agrega el informe.
El crimen organizado y “zonas de silencio”
En cuanto a la cobertura en Guerrero de temas relacionados con el narcotráfico, Balbina Flores advirtió que durante el recorrido registraron “información alarmante” sobre una situación de censura y restricción a la libertad de expresión en la entidad.
“Detectamos zonas que están cada vez más restringidas para los periodistas y que, en un muy corto plazo, pueden convertirse en zonas de silencio como las que ya estamos viendo en el estado de Tamaulipas”, señaló la activista, quien mencionó que en localidades del norte del estado, como Tepehuala, Arcelia, Teloloapan, Apaxtla y Chilapa, “los periodistas no pueden entrar porque no hay condiciones de seguridad, debido a los constantes enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes, y entre éstos y las fuerzas de seguridad”.
Se trata, explicó la integrante de Reporteros Sin Fronteras, de zonas donde se están registrando situaciones graves de violaciones de derechos humanos, como es la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado de miles de familias que han sido amenazadas por el crimen organizado y huyen en silencio de sus comunidades.
Ante esta situación, Pepe Jiménez, de Periodistas de a Pie, concluyó que “no existen las condiciones para ejercer el periodismo en Guerrero”, y destacó que los reporteros deben asumir por su cuenta muchos riesgos para poder entrar a determinadas zonas, a las que incluso sólo acceden en grupos organizados por los riesgos que implican.
“Se está cubriendo el estado de Guerrero aparentemente con normalidad, pero no se está haciendo un periodismo de calidad. Las condiciones no están, por ejemplo, en la región de la Montaña, en la Tierra Caliente, o en el puerto. Hay zonas donde se cubre con un riesgo altísimo y hay zonas como en la montaña donde de plano no entra ni la policía ni el Ejército”, enfatizó el periodista.
Horarios de 14 horas y sueldos de 20 pesos por nota
Además de las agresiones, el informe también analiza las condiciones laborales en las que trabajan los periodistas en Guerrero.
Para este apartado, las organizaciones civiles recabaron información en la capital guerrerense, Chilpancinco, donde laboran unos cien reporteros en diversos medios de comunicación, de los cuales “la mayor parte labora en condiciones de suma vulnerabilidad”.
“Sólo en algunos casos los periodistas cuentan con prestaciones sociales. Otros tienen contratos laborales temporales para evitar generar antigüedad laboral, no cuentan con capacitación en cuestiones legales o de riesgo, no cuentan con un seguro de vida, cubren horarios de 12 a 14 horas, y las empresas no les proporciona herramientas para su trabajo”, denuncia el informe, que además apunta que “la paga que perciben los periodistas van desde 20 pesos por nota publicada, hasta un salario que va de mil a mil 500 pesos quincenales”.
Lee aquí el informe íntegro:
