La PGR tiene dos averiguaciones contra Echeverría por genocidio, pero los datos no aparecen
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La PGR tiene dos averiguaciones contra Echeverría por genocidio, pero los datos no aparecen

Hasta 2016 se desclasificarán los expedientes ya consignados en contra del ex mandatario y otros por el genocidio del 68 y el 71.
Por Arturo Angel
1 de abril, 2015
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Luis Echeverría Álvarez, uno de los presidentes mexicanos del priismo clásico.

Luis Echeverría Álvarez, uno de los presidentes mexicanos del priismo clásico.

La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó entregar una versión pública de las dos averiguaciones que hace más de una década consignó en contra del expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio, argumentando en solo cuatro meses dos razones distintas: primero, que ya no existía ningún expediente en sus archivos y luego… que si tiene los datos pero dentro de una averiguación en curso y reservada.

Esta información fue proporcionada exactamente por la misma subprocuraduría de la PGR y ratificada en ambos casos como válida por el Comité de Información de la dependencia. Los datos se habían solicitado por transparencia.

En enero el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) advirtió a la Procuraduría, tras su primer negativa a revelar los datos bajo el argumento de la inexistencia, que la investigación de los hechos ocurridos en el 68 y el 71 tenía que revelarse y más aún al tratarse de crímenes de lesa humanidad, en los que impera el principio de “máxima publicidad”

“Los hechos de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, y de 1971, en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, forman parte de una de las fases más penosas de la historia contemporánea de nuestro país (…) ¿no convendría hacer un esfuerzo por sistematizarla y tenerla disponible?” señaló en ese momento el comisionado Joel Salas Suárez.

Tras esa resolución Animal Político requirió los datos de los referidos expedientes pero la PGR los negó argumentando, ahora, que existe una averiguación en trámite.

La Procuraduría insistió además en la reserva por un periodo de hasta doce años en las averiguaciones previas consignadas. Los dos expedientes que se solicitaron fueron reservados y enviados a un juez en los años 2004 y 2005, por lo que sería hasta 2016 cuando sean desclasificados.

Cabe señalar que según cifras del IFAI, la PGR se encuentra entre las dependencias en contra de las que se interponen más quejas por opacidad: en 2014 fueron más de 200 recursos y en la mitad de ellos los comisionados le dieron la razón a los quejosos.

Primera respuesta: ya no están

En la solicitud de información folio 0001700277814 un peticionario solicitó a la PGR que se le entregaran versiones públicas de las averiguaciones PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002 integradas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y relacionadas con el homicidio masivo de estudiantes en los años 1968 y 1971.

En dichos expedientes la PGR acusó a varias personas, entre ellos al ex presidente Luis Echeverría por el delito de genocidio, considerado en el Código Penal Federal como un ilícito contra la humanidad.

En su petición el solicitante argumentó que la PGR no podía negar esta información pues existía evidencia de que fue entregada antes en otra solicitud y además, porque se trataba de un caso de graves violaciones a derechos humanos o lesa humanidad lo que anulaba la reserva del mismo.

Pero la Subprocuraduría Jurídica de la PGR respondió que la información era “inexistente.” Detalló que la Subprocuraduría de Delitos Federales realizó una “búsqueda exhaustiva” de las averiguaciones sin que las mismas fueron encontradas ya que fueron consignadas en los años 2004 y 2005 según los libros de gobierno.

Se realizó una búsqueda en los archivos de concentración de expedientes, agregó la PGR, sin que se encontrara ningún otro documento. La inexistencia de la información fue revisada y ratificada por su Comité de información en su 43 sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre del año pasado.

Por esta respuesta se presentó el recurso de revisión y el pasado 3 de enero el IFAI resolvió en favor del solicitante y consideró que la Procuraduría estaba obligada a entregar copias del expediente consignado.

Segunda respuesta: Están en otra averiguación

Tras la argumentación hecha por el IFAI, Animal Político solicitó a la PGR el acceso a las versiones públicas de los dos expedientes que consignó en contra del ex presidente Luis Echeverría. La petición quedó asentada bajo el folio 0001700067315.

La respuesta negativa fue de las mismas subprocuradurías que se pronunciaron en la solicitud de noviembre pero con otra justificación: “la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales manifestó que la información solicitada se encuentra inmersa en una averiguación previa que se encuentra en trámite, por lo que tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años”.

La PGR no dio detalles extras de esta averiguación que se encuentra, según ellos, en desarrollo y de la que no hizo referencia alguna en la respuesta de noviembre, cuando señaló tras la “búsqueda exhaustiva” que todo el material estaba consignado.

Al continuar con su argumentación la procuraduría expuso varios artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los que se establece que una averiguación previa y todo su contenido es clasificado hasta por un periodo de doce años.

Lo que la Procuraduría “olvidó” señalar es que uno de los artículos que menciona, el 14 de la Ley Federal de Transparencia, señala en su último párrafo que no puede invocarse el carácter de información reservada en caso de lesa humanidad, situación que aplica al delito de genocidio por el cual fueron consignadas al menos las averiguaciones iniciadas hace más de una década.

Pese a lo anterior, la Procuraduría dijo que esta nueva respuesta respecto a la “reserva” de los datos fue revisada y ratificada por su Comité de Información en la octava sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado 3 de marzo. Se trata del mismo comité que meses antes dio por válido que no existía expediente alguno del caso.

Un “no” reiterado

La negativa a proporcionar datos en el caso Echeverría se suma a otras investigaciones o hechos de alto impacto en donde la Procuraduría también se ha reusado a revelar información sin importar incluso, si existe un pronunciamiento del IFAI.

Por ejemplo, la PGR ha rechazado hasta ahora dar a conocer los peritajes y otros detalles de la investigación por la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, pese a que ha sido clasificado como un caso de graves violaciones a derechos humanos. La PGR ha argumentado desde la reserva de los datos hasta la falta de copias para no entregar datos.

Solo este año el IFAI ha tenido que instruir a la procuraduría para que informe sobre las desapariciones de Iguala, sobre los casos registrados de desaparición forzada en últimos años, para que detalle los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado, entre otros.

De acuerdo con datos del propio IFAI, solo en 2014 la PGR argumentó en 1 de cada 10 casos la supuesta inexistencia de los datos que se le pedían. La dependencia acumuló más de 200 expedientes de queja en ese año.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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