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Cuartoscuro

Ya hay nueva ley de transparencia; obliga a partidos y sindicatos a transparentar recursos

Con la Ley General de Transparencia, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
16 de abril, 2015
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. // Foto: Cuartoscuro.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. // Foto: Cuartoscuro.

El dictamen de la Ley General de Transparencia fue aprobado en lo general y lo particular por los diputados con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, por lo que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación.

Según los legisladores, quienes aprobaron el dictamen exactamente igual a como lo pasaron los senadores, esta ley “establece los principios y reglas para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad”.

Diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena presentaron 36 reservas a diversos artículos del dictamen, pero ninguna fue aprobada.

Con esta ley, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia. 

Lo que contempla la ley:

* Obliga a todos los órganos autónomos, dependencias, sindicatos y partidos políticos a rendir cuentas y transparentar toda la información relativa a los recursos públicos que manejan.

*Los senadores, diputados federales y locales estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones.

Son sujetos obligados a esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Asimismo, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

*Será imposible reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

*Establecimiento de sanciones a servidores públicos cuando declaren “con dolo o negligencia” la inexistencia de la información o cuando la reserven sin prueba de daño. Se establecen multas hasta de mil 500 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica de que se trate a quien se niegue a hacer pública la información solicitada.

*Se clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país.

*Transparenta las condonaciones fiscales.

*Mantiene el principio de presunción de existencia de la información.

*Prevé la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que deberá ser aportada por organismos públicos, autónomos, sindicatos, partidos y sujetos obligados. En tanto no entren en vigor los lineamientos que obligan a subir la información a dicha plataforma, lo cual no podrá exceder de un año, los sujetos obligados deben publicar toda la información en sus respectivas páginas de Internet.

La Plataforma Nacional de Transparencia deberá contar al menos con cuatro sistemas de solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Entre los temas que deberán incluir los sujetos obligados en esa plataforma electrónica, figuran directorio de servidores públicos, remuneración bruta y neta de servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base, confianza y por honorarios.

Las preocupaciones de organizaciones civiles y legisladores

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, dijo que “la ley en materia de transparencia resulta inoperante ya que controla políticamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y deja de lado su autonomía“.

Ricardo Luévano, de la organización Artículo 19, escribió que “es absurdo que en casos de violaciones graves a derechos humanos no se haya regulado con especial énfasis la forma en la que el pleno del IFAI debe determinar si se abre o no información ante tan preocupante posibilidad.”

Una de las preocupaciones del Colectivo por la Transparencia va de la mano con lo expresado por Luévano, que no hay claridad sobre lo que el IFAI hará para determinar qué información no se puede reservar. 

Además, dice que, según el dictamen, transparentar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales realmente no será una obligación para los funcionarios, sino que queda sujeta a su voluntad.

Sobre el lo que es el interés público y la seguridad nacional, esto es lo que el diputado panista Carlos Angulo pidió al PRI:

Consulta AQUÍ el dictamen íntegro.

“El acceso a la información pública es un derecho, no una concesión”

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el priista Abel Octavio Salgado Peña, expuso que la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

También dijo que la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado, al fundamentar el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República, al iniciar su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Con este documento, abundó, “se está materializando el mayor avance con relación al derecho humano, al acceso a la información, desde la reforma constitucional de 1977, sin pasar por alto los importantes cambios de 2007, 2013 y febrero de 2014″.

El representante del PRI, expuso que la elaboración de esta propuesta ha implicado meses de trabajo por parte de legisladores de ambas cámaras, quienes han escuchado a la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los órganos garantes de este derecho. Subrayó que ésta es una oportunidad para empoderar a la ciudadanía a través de esta ley.

Precisó que todo acto legislativo es perfectible y que, de ser necesario, en otro momento se podrían realizar las correcciones pertinentes, a efecto de pulir la ley.

Salgado Peña resaltó que se termina con cualquier privilegio de personas físicas, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, al ampliar el catálogo de los sujetos obligados.

El derecho a la información pública no es ninguna concesión, es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta, y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política”, aseveró.

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G. D. Olmo

Crisis en Venezuela: Guanta, la ciudad invisible que vive bajo una nube tóxica

Los habitantes de Guanta, junto al Parque Nacional Mochima, una de las maravillas de la costa venezolana, viven expuestos a la contaminación que emite una fábrica de cemento propiedad del Estado situada en las inmediaciones. Las infecciones respiratorias son frecuentes allí.
G. D. Olmo
13 de agosto, 2019
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Guanta está allí. Aunque apenas se la ve.

Desde el mirador de El Morro, situado en el otro frente de la bahía, las luces de sus farolas titilan bajo una nube situada a baja altura.

Es una nube distinta a las demás, más espesa, más pesada.

Si se sigue el rastro con la mirada, la vista intuye la fuente que la emite, la planta cementera de Pertigalete, situada a pocos kilómetros de Guanta y en la zona del Parque Nacional Mochima, uno de los paraísos naturales que abundan en la costa de Venezuela.

Aunque al forastero pueda sorprenderlo, los alrededor de 45.000 habitantes que se estima que tiene Guanta están habituados a vivir en un ambiente saturado de los residuos de caliza y esquisto que la planta, propiedad del Estado, utiliza para producir cemento.

Como la mayoría de sus vecinos, Gerardo Serra, de 77 años, barre a diario su casa, por dentro y por fuera.

“Aquí hay que estar siempre limpiando. Hay días en que el polvo tapa completamente el cerro”, asegura, escoba en mano, mientras señala a la montaña que se yergue frente a su casa en la urbanización Pamatacualito.

“A todos nos preocupa vivir con este problema; es una queja de todo el pueblo, pero…”

Guanta.

G. D. Olmo
Gerardo Serra, como muchos otros vecinos de Guanta, barre a diario el frente de su casa para evitar que se acumule el polvo de la cementera.

En Guanta el polvo lo impregna todo, sobre todo en la época del año en la que llueve menos.

Árboles y plantas, chamizos, cabinas telefónicas, automóviles… Nada se libra de las partículas.

Otra vecina que prefiere no ser identificada muestra los azulejos del patio de su casa, afeados por costras de un material blanquecino. Dice que, cuando llueve, con el agua caen también los materiales que emanan de Pertigalete. Si no alcanza a limpiarlos antes de que se seque el suelo, los restos se solidifican y quedan ahí para siempre.

Mapa

Alamy

Es lo que le ha pasado al auto que descansa en su garaje, cubierto por una suciedad que ya no cede.

Muchos en la zona cubren sus vehículos con fundas de plástico para evitar que les pase lo mismo.

Guanta.

G. D. Olmo
Los vecinos se quejan de que cuando llueve caen residuos del cielo, que, al secarse forman una capa de cemento sobre automóviles, casas y vegetación.

Problemas respiratorios

Pero hay cosas que no se pueden cubrir, como los pulmones de la gente.

En el Centro de Diagnóstico Integral de El Chorrerón, la doctora al frente del servicio de guardia atiende, sobre todo, pacientes afectados por problemas respiratorios.

“Infecciones respiratorias, bronquiolitis y neumonías son lo más frecuente aquí”, me cuenta.

“Esta semana hemos tenido entre 30 y 40 casos. Quienes más sufren son los lactantes y los pacientes asmáticos”.

Este es uno de los centros sanitarios de Venezuela en los que trabajan médicos cubanos y a diario los pacientes aguardan junto a retratos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro a recibir su tratamiento.

Últimamente no resulta fácil.

Guanta.

G. D. Olmo
La planta debería contar con unos filtros que redujeran su efecto contaminante, pero están dañados y no cumplen su función.

“Ahora no tenemos apenas antibióticos”, afirma la doctora, antes de mostrar los nebulizadores a los que necesitan conectarse los enfermos, para los que con frecuencia tampoco hay recargas.

Los problemas respiratorios de los vecinos han sido una constante en los 8 años que lleva trabajando aquí. “Al ser la contaminación el origen del problema nunca pudimos ofrecer una solución definitiva, pero antes, al menos, podíamos tratar a la gente; ahora ya no”, lamenta.

“Quienes más sufren son los lactantes y pacientes asmáticos”.

BBC Mundo intentó sin éxito obtener la versión de las autoridades y los responsables de la planta sobre el problema de la contaminación.

Ni su propietaria, la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos), ni el alcalde de Guanta, ni el Ministerio de Comunicación, responsable de dar información en nombre del gobierno, respondieron a la solicitud de comentarios.

No es la doctora la única que ha notado los efectos que aparentemente tiene sobre la salud de la gente la contaminación de la fábrica de Pertigalete.

“Cuando vivía en Guanta me levantaba todas las mañanas con una reacción alérgica”, recuerda Manuel Fernández, uno de los asesores que colaboró en la elaboración de un informe con el que el diputado opositor Armando Armas, elegido en el Estado Anzoátegui, denunció la acción contaminante de la cementera.

El informe encontró que, debido al polvillo, de cada 10 niños atendidos en el ambulatorio David Zambrano, el principal centro sanitario de la localidad, 6 lo eran por problemas respiratorios o cutáneos.

Los problemas respiratorios eran también una de las causas más frecuentes por las que los adultos acudían al médico.

Guanta.

G. D. Olmo
En este centro médico de Guanta, en el que trabajan médicos cubanos, no hay antibióticos para responder a las infecciones respiratorias.

La planta perteneció a la compañía mexicana Cemex hasta que en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la empresa, con el argumento, entre otros, de que no cumplía sus obligaciones sobre protección medioambiental.

Quienes mejor la conocen son sus trabajadores, algunos de los cuales conversaron con BBC Mundo bajo condición de anonimato. Aseguran que varios de sus representantes sindicales han sido “secuestrados” e intimidados por parte de los servicios de seguridad.

“El problema de la contaminación siempre existió, pero se ha agravado desde la expropiación por la falta de mantenimiento”.

Sin filtros

Según el relato de los empleados, los filtros que deben succionar los residuos que genera el proceso de producción del cemento están dañados y ya no cumplen su función, por lo que ahora salen al aire sin control.

Paradójicamente, aunque seis de sus siete hornos están parados y la producción ha caído a mínimos históricos, ahora contamina más que nunca.

“La tecnología está obsoleta y eso está provocando un daño ambiental incalculable”, denuncian los empleados, que reclaman al gobierno que invierta en el mantenimiento de la planta para hacerla sostenible, en lo económico y en lo ambiental.

Guanta.

G. D. Olmo
En las mismas aguas a las que vierte la planta se bañan los turistas que llegan al paradisíaco Parque Nacional Mochima.

La zona en la que se ubica la planta tiene un alto valor ecológico. Se trata del Parque Nacional Mochima, casi cien mil hectáreas de “bahías, playas, islas, golfos y ensenadas de grandes maravillas naturales”, privilegiada por una “exuberante diversidad biológica”, de acuerdo con la descripción del Instituto Nacional de Parques.

Se trata de un paraíso al que tradicionalmente acudían turistas de todo el país para disfrutar sus vacaciones, aunque la crisis actual de Venezuela haya hecho caer drásticamente el flujo de visitantes.

“Nunca lo arreglarán”

Manuel Fernández asegura que “la empresa no solo contamina el aire, sino también los acuíferos”, una denuncia secundada por Antonio Oteiza, presidente de la asociación Movimiento Ecológico, que afirma: “Hace tiempo comprobamos que el polvo está cubriendo los corales”.

El problema, dice Fernández, ha alcanzado ya a otras poblaciones de la cercana Gran Barcelona, una de las mayores concentraciones urbanas de Venezuela, en la que muchas comunidades viven de la pesca.

Barcelona

G. D. Olmo
Según sus críticos, la planta está contaminando todo el norte del Estado Anzoátegui. También cercana Barcelona donde algunas de las comunidades más desfavorecidas se buscan la vida pescando en el río Neverí.

Según la oficina del diputado Armas, que ahora vive fuera del país a causa de lo que sus colaboradores describen como “persecución gubernamental”, ya en 2011 se elevó una queja a la Asamblea Nacional, que ordenó realizar un estudio sobre el impacto medioambiental de la cementera.

Nunca llegó a realizarse.

Tampoco se cumplieron las directrices que en 2014 dio el Ministerio de Medio Ambiente para reducir los daños provocados por la planta, ni las reiteradas promesas de las autoridades locales de destinar a tal fin fondos de la petrolera estatal PDVSA.

A estas alturas, muchos en Guanta creen más probable que la planta acabe cerrando por su inoperatividad antes de que se subsanen los problemas que la han vuelto tan nociva.

La mujer que no quiso identificarse resume ese sentir: “Eso no lo van a arreglar. Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho”.


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