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Belén Zapata

Jalisco: 46 empresas ligadas con el narco siguen operando

Una búsqueda avanzada hecha por Animal Político al portal del SAT arrojó que de 62 empresas vinculadas por el Tesoro al Cártel de Sinaloa en Jalisco, 46 son contribuyentes activos.
Belén Zapata
Por Francisco Sandoval
19 de mayo, 2015
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Alrededor de mil 200 personas participaron en la marcha del 9 de mayo en Guadalajara, Jalisco. // Foto: Belén Zapata.

Alrededor de mil 200 personas participaron en la marcha del 9 de mayo en Guadalajara, Jalisco. // Foto: Belén Zapata.

En Jalisco, 46 empresas y personas acusadas por el  Departamento del Tesoro  (Tesoro) de “lavar  dinero” para el Cártel de Sinaloa, mantienen activo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en cuatro casos, las concesiones y permisos que otorgan las autoridades mexicanas para su operación.

El RFC es la llave que permite a cualquier empresa o persona física mantener una serie de beneficios ante el SAT y las instituciones financieras mexicanas. Desde solicitar facturas por concepto de gastos o compra de bienes; recuperar impuestos; tener acceso a financiamientos públicos o  privados, además de ser uno de los requisitos obligatorios para abrir una cuenta bancaria o acceder a una línea de crédito.

Una búsqueda avanzada hecha por Animal Político al portal del SAT, arrojó que de 62 empresas vinculadas por el Tesoro al Cártel de Sinaloa en Jalisco, 24 mantiene su RFC activo, ocho más lo dieron de baja y en 30 casos se desconoce, por lo que resulta  imposible determinar si éstos continúan operando. En tanto de las 24 personas físicas señaladas, 20 mantienen su RFC activo y en cuatro casos ha sido invalidado.

Entre los grupos ubicados por el Tesoro de “lavar” los activos del Cártel de Sinaloa, se encuentran dos de las estructuras vinculadas a Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Guadalajara y que actualmente es un  bastión de la organización sinaloense.

“Con un RFC activo puedes realizar operaciones reales, ficticias o ambas y con ello, ayudar a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas… Y para el fisco se trata de contribuyentes cumplidos”, aseguró Juan Manuel González Navarro, Contador Público (C.P) e integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, entrevistado por Animal Político.

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No son investigados por el Fisco

En los 46 casos detectados, se trata de contribuyentes activos que no son investigados por la autoridad fiscal mexicana.“Las cuestiones de lavado de dinero son ajenas a las cuestiones del orden fiscal”, reconoció Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la Ley Anti-lavado  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instancia de la cual se desprende el SAT.

Entrevistado por Animal Político, reconoció que aun cuando existen personas y empresas que mantienen activo su RFC ante el fisco y que son investigadas por el Tesoro de EU, “no necesariamente significa que tiene que haber una suspensión de sus obligaciones de carácter fiscal” en México, pues se trata de líneas que “no están relacionadas”.

El Funcionario no descartó, sin embargo, que muchas de estas personas señaladas por el Tesoro, se encuentren incluidas en una “lista de personas bloqueadas” de las instituciones financieras mexicanas, a solicitud de la SHCP.

Informó que actualmente esa lista, que emitió la SHCP por primera vez en abril de 2014 y que es “confidencial”, está conformada por poco más de 700 nombres o razones sociales. “Son personas que ha incluido el Consejo de Seguridad como vinculadas a terrorismo y su financiamiento, así como al tema de proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero… pero también aquellas que han sido señaladas por instituciones (como el Tesoro) y gobiernos internacionales”.

Elías Beltrán explicó que una vez que la SHCP ingresa el nombre de la persona a esta lista, se le pide a las instituciones bancarias bloquearlas de toda actividad, por lo que se encuentran impedidos  para realizar operaciones financieras. “Aunque tengan su RFC activo”.

Permisos y concesiones vigentes

Además de mantener sus RFC’s activos, cuatro empresas jaliscienses señaladas por el Tesoro de pertenecer a la red de lavado de Caro Quintero, mantienen vigentes los permisos y concesiones otorgados por  instancias como PEMEX y el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.

En los cuatro casos, se buscó tener una versión de los dueños o encargados de las compañías, pero sólo con la gasolinera “Petro Londón S.de R.L de C.V” se pudo hacer contacto telefónico. Allí un empleado del establecimiento, quien no proporcionó su nombre, informó que no están presentando servicio, pero que están por reanudar sus operaciones, en un par de semanas, con “nuevo dueño”. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia Federal de PEMEX,su concesión tiene vigencia hasta el  8 de enero de 2023.

Las gasolineras Energéticos Vago y ECA Energéticos también cuentan con concesiones vigentes por PEMEX, que vencen el  28 de abril de 2003 y el 11 de julio de 2021, respectivamente.

El Grupo Constructor Segundo Milenio, es otra de las compañías que mantiene vigente su licencia comercial de operaciones ante el Ayuntamiento de Zapopan. Una investigación periodística hecha por Reporte Índigo, publicada el 8 de julio de 2013, reveló que dicho Grupo Constructor, cuyo presidente era Luis Cortés Villaseñor, fue el encargado de construir el Fraccionamiento Zotogrande en Zapopan, un complejo habitacional de lujo, cuyas casas y condominios cuestan más de 3 millones de dólares, según se puede consultar en páginas dedicadas a la venta de bienes raíces.

La información difundida por el Tesoro en 2013, es que Cortes Villaseñor era uno de los “prestanombres” de la familia Sánchez Garza, vinculados a su vez con el líder fundador del Cartel de Guadalajara.

Cortes Villaseñor, cuyo RFC se encuentra inactivo ante el SAT, fue asesinado en Zacatecas el pasado 26 de abril de 2015, junto al reconocido abogado jalisciense Antonio de Jesús Diocleciano Molina de la Puente, presidente del despacho jurídico Grupo Molina y quien de acuerdo con la revista Proceso “solía ostentar” su amistad con gobernadores y ex gobernadores de Jalisco.

¿Venden las empresas?

Sin investigaciones o señalamientos en su contra del lado mexicano, hay empresas de las señaladas por el Tesoro que aparentemente han vendido sus activos y los nuevos propietarios continúan con una actividad parecida o similar a la denunciada por las autoridades de EU.

La gasolinera Servicio y Operadora Santa Ana S.A de C.V, en Zapopan, Jalisco, fue hasta hace un par de años una de las empresas proveedoras de combustible de la entonces Secretaría de Viabilidad del Estado, hoy Secretaría de Movilidad. Actualmente se llama “Multiservicios 511 S.A de C.V”, tiene nuevo dueño, opera en la misma dirección que la razón social anterior y su concesión, ante PEMEX, tiene vigencia hasta el 20 de mayo de 2022.

No es la única empresa jalisciense en esa situación. La información recabada por ANIMAL POLITICO, revela que una de las direcciones donde presuntamente operaban las  sociedades (anónimas) Minerales Nueva Era y Minerales Nueva Generación, es una de las utilizadas actualmente por la empresa Basei S.A de C.V, dedicada la renta de plantas dosificadoras de concreto.

En los tres casos detectados, se tuvo contacto telefónico con empleados de dichas compañías, quienes confirmaron el cambio de dueño y razón social, pero negaron vínculos con las empresas denunciadas por el Tesoro.

 “Es una estrategia legal, más que fiscal, para tratar de que las autoridades les pierdan la pista y puedan continuar con sus actividades ilícitas”, sostuvo el C.P Juan Manuel González.

Jalisco es un claro ejemplo de cómo el Gobierno Mexicano combate con sangre y plomo a los grupos del narcotráfico, pero omite investigar sus ganancias. Mientras en EU se decomisan los bienes y las cuentas de testaferros y empresas ligadas al narco mexicano, además de que se castiga con hasta 10 años de cárcel a las personas que hagan negocios con ellos, en México estos personajes continúan abiertamente sus actividades financieras, lo que les permite armarse para asesinar policías, tomar carreteras, incendiar negocios y autos y derribar un helicóptero militar.

Si no se ve voluntad política para actuar estratégicamente contra estos grupos criminales, el gobierno debe ser consciente de que seguirán operando con el poder mostrado en Jalisco.

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

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El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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