Cómo la Copa América detonó el mayor escándalo de corrupción de la FIFA
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Cómo la Copa América detonó el mayor escándalo de corrupción de la FIFA

Más de dos tercios del monto total de sobornos que recibieron autoridades de la FIFA según la acusación de la Fiscalía de EU correspondían a pagos ilegales por los derechos de transmisión y publicidad de la Copa América.
AP
Por BBCMundo
29 de mayo, 2015
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Fifa

De los 14 acusados, nueve son autoridades de la FIFA.

La llaman la fiesta del fútbol latinoamericano, pero para una treintena de dirigentes y empresarios ligados a este deporte, la Copa América se transformó en una pesadilla.

El miércoles la Fiscalía de EE.UU. hizo pública una investigación donde acusa formalmente a 14 personas –nueve autoridades de la FIFA y cinco empresarios o ejecutivos- de haber recibido o pactado sobornos por unos US$150 millones a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos de fútbol y adjudicar sedes de campeonatos.

En un mediático despliegue, varias autoridades de la FIFA fueron arrestadas el miércoles en Zúrich.

Más de dos tercios del monto total de sobornos correspondían a pagos ilegales por los derechos de transmisión y publicidad de la Copa América.

La Copa América es un torneo internacional que se realiza cada 4 años y reúne a las selecciones nacionales masculinas de fútbol más importantes de Sudamérica: las diez selecciones que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Además, suelen participar dos equipos invitados, generalmente México y EE.UU.

Y en junio de este año, Chile será sede del evento, cuyos derechos de difusión son hoy mirados bajo lupa.

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Los 14 acusados

Jeffrey Webb – Islas Caimán

Eduardo Li – Costa Rica

Julio Rocha – Nicaragua

Costas Takkas – Reino Unido

Jack Warner – Trinidad y Tobago

Eugenio Figueredo – Uruguay/EE.UU.

Rafael Esquivel – Venezuela

José María Marín – Brasil

Nicolás Leoz – Paraguay

Alejandro Burzaco – Argentina

Aaron Davidson – EE.UU.

Hugo Jinkins – Argentina

Mariano Jinkins – Argentina

José Margulies – Brasil

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¿Dos décadas de corrupción?

Desde 1987 la compañía Traffic, del conocido periodista deportivo y empresario brasileño José Hawilla, adquirió los derechos de transmisión y marketing de la Copa América.

El documento de la Fiscalía estadounidense, una persona denominada como “coconspirador #2” y descrita como “el fundador y dueño de Traffic Group, una compañía multinacional de marketing deportivo con sede en Sao Paulo, Brasil” comenzó a principios de los 1990s a pagar “decenas de millones de dólares” en sobornos requeridos por las autoridades de la Conmebol para continuar como titular de los derechos de transmisión.

“Coconspirador #2 utilizó varias técnicas sofisticadas de lavado de dinero para pagar sobornos y comisiones ilegales”, asegura el documento.

Así, según la investigación del FBI, Traffic mantuvo los derechos de transmisión de la Copa América por 20 años.

Sin embargo, en abril de 2010, la Conmebol llegó a un acuerdo con Full Play, compañía perteneciente a los argentinos Hugo y Mariano Jinkis que le concedía los derechos de transmisión de los siguientes 3 torneos: 2015 (Chile), 2019 (Brasil) y 2023 (Ecuador), además de otros torneos menores.

Viendo peligrar su lucrativo negocio, Traffic demandó en una corte de Florida a la Conmebol y a Full Play argumentando que el convenio violaba un acuerdo firmado entre la compañía brasileña y la confederación en 2001. Según Traffic, el acuerdo les otorgaba los derechos del torneo 2015 y una opción prioritaria de adquirir los de las siguientes tres copas.

Copa América
12 equipos se disputan la Copa este mes de junio.

Lo que no sabía la opinión pública era que el fundador de Traffic buscaba con los Jinkins y con Alejandro Burzaco –socio de Full Play a través de la empresa Torneos y Competencias- una salida conveniente para todas las partes del conflicto.

Y la solución pronto tuvo nombre: Datisa.

Según la información recopilada por el FBI, en marzo de 2013 los cuatro hombres tuvieron una corta reunión en Buenos Aires. Los argentinos le dijeron al representante de la brasileña que Full Play y Torneos y Competencias ya habían quedado de acuerdo con la Conmebol en el pago de una serie de sobornos relacionados con los derechos de la Copa América. Le pidieron al representante de Traffic contribuir con US$10 millones a lo que este accedió.

Dos meses después de la reunión nacía Datisa, empresa cuya propiedad se dividió en tres partes iguales, para Traffic, Full Play y Torneos.

Sólo cuatro días después de su creación, Datisa celebraba en Londres un contrato con Conmebol que le otorgaba la exclusividad mundial de los derechos comerciales de los torneos de 2015, 2019 y 2023, además de un apetecido cuarto torneo extra: la Copa América Centenario, que se jugará en 2016 en EE.UU. para celebrar los 100 años del torneo.

Lea también: Por qué EE.UU. se convirtió en el árbitro anticorrupción de la FIFA

El centenario

El contrato, por US$317,5 millones (US$75 millones por la de 2015, US$77,5 millones por la de 2016, US$80 millones por la de 2019 y US$85 millones por la de 2023), fue firmado por representantes de los tres propietarios de Datisa y por 12 autoridades de Conmebol.

Eso, según las cifras oficiales.

Copa América
En junio comienza la próxima Copa América. La sede será Chile.

Porque según la investigación estadounidense, Datisa se comprometió a pagar US$100 millones en sobornos para las autoridades de la Conmebol quienes, además, son miembros de la FIFA.

Las comisiones ilegales se ejecutarían en cinco pagos: US$20 millones durante la firma del contrato y US$20 millones por copa.

Supuestamente cada pago, a su vez, se dividía entre los distintos miembros: US$3 millones para cada uno de los oficiales “top” de la Conmebol, es decir, su presidente y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina, y US$1,5 millones para cada uno de los siete otros presidentes de la Conmebol. Los US$500.000 restantes se le entregarían a una onceava autoridad.

Posteriormente, al sumarse la Confederación de Fútbol Centroamericana y del Caribe (Concacaf) al torneo centenario, Datisa se comprometió a desembolsar US$35 millones por los derechos, más unos US$10 en sobornos.

Según la información publicada por la Fiscalía estadounidense, se alcanzaron a ejecutar dos de los cinco pagos convenidos. Es decir, las autoridades de la Conmebol ya recibieron, según la investigación del FBI, US$40 millones en sobornos.

El modus operandi incluyó transacciones a través de bancos estadounidenses y suizos y la creación de subsidiarias cuyo fin específico, según el documento de la Fiscalía de EE.UU., era el pago de sobornos.

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El escándalo en cifras

  • 47 cargos
  • US$150 millones en sobornos recibidos por autoridades de la FIFA para facilitar derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos de fútbol y adjudicar sedes de campeonatos.
  • 14 acusados de 11 países
  • 25 coconspiradores

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Reacciones

Según información publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU., en diciembre de 2014 José Hawilla, dueño y fundador de Traffic Group se declaró culpable de los cargos de conspiración para estafa, fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

Dado el curso de la investigación, el hecho permaneció confidencial hasta la publicación del informe el miércoles.

Hawilla acordó entonces pagar una multa de US$151 millones, de los cuales US$25 millones fueron entregados al momento de declararse culpable.

Sepp Blatter
El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, aseguró que “todo mal comportamiento dentro de la FIFA debe parar ya y debe ser castigado. Vamos a cooperar con las autoridades para lograrlo”.

Tras hacerse pública la investigación el actual presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout aseguró a través de un comunicado su repudio a “todo acto de corrupción”.

Indicó también que apoya “irrestrictamente las investigaciones iniciadas respecto de supuestos actos irregulares” comprometiéndose a colaborar “abierta y enfáticamente”. Sin embargo, no hubo mención respecto de las acusaciones de soborno por los derechos de los últimos torneos de la Copa América.

El que sí respondió sobre el tema fue Sergio Jadue, presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Jadue comentó a los medios locales que efectivamente la federación recibió dinero de Datisa, pero como pago por los derechos de transmisión, dinero que se encuentra en las arcas de la federación. “Estoy tranquilo, está el comprobante de depósito”, declaró el dirigente.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, aseguró que “todo mal comportamiento dentro de la FIFA debe parar ya y debe ser castigado. Vamos a cooperar con las autoridades para lograrlo”.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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