El excesivo y controversial lujo del sindicalismo en México
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El excesivo y controversial lujo del sindicalismo en México

Yates, autos de medio millón de dólares y millonarias propiedades. Los líderes sindicalistas son acusados de obtener ganancias en medio de un sistema donde abundan los excesos y la ausencia de transparencia.
BBCMundo
Por Juan Paullier, de BBCMundo
1 de mayo, 2015
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Estatua de Joaquín Gamboa Pascoe en la Confederación de Trabajadores de México

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Joaquín Gamboa Pascoe, develó una estatua de sí mismo en la sede de la CTM en Ciudad de México.

Mide 2.70 metros, pesa 198 kilos y está hecha de una aleación de metales.

La estatua que Joaquín Gamboa Pascoe, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), develó de sí mismo meses atrás es la última muestra de las peculiares conductas del sindicalismo mexicano.

Excesos, lujos y corrupción. Opacidad, opulencia e impunidad. Los sindicalistas mexicanos tienen mala fama.

O al menos algunos de sus líderes, que representan a la clase obrera pero se dice que viven como reyes. Históricamente a muchos dirigentes se los ha vinculado con un enriquecimiento desmesurado.

“México no merece los líderes sindicales que tiene”, le dice a BBC Mundo Martín Moreno, autor del libro “Los demonios del sindicalismo mexicano”, publicado en febrero.

Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato la petrolera estatal Pemex y senador por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el primer ejemplo de la obra de Moreno.

Algunos medios como el diario Reforma señalan que ha adquirido una Ferrari, autos Mercedes Benz y BMW, tres yates, un departamento en Nueva York, un condominio en Texas y una casa en Cancún.

También se habla de los departamentos de lujo comprados por su hijo José Carlos en Miami por US$7,5 millones y las fotos en jets privados que ha publicado su hija Paulina en redes sociales.

Y la historia de “La Maestra”, considerada en su momento “la mujer más poderosa de México”.

Elba Esther Gordillo
“La Maestra” Elba Esther Gordillo fue acusada de desviar US$208 millones de recursos públicos.

La influyente Elba Esther Gordillo dirigió la mayor organización sindical de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre 1989 y 2013, hasta que fue acusada de desviar US$208 millones de recursos públicos y luego detenida.

O la de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero, exiliado en Canadá desde 2006 luego de que fuera acusado de desviar US$55 millones, acusaciones que la Suprema Corte terminó desestimando.

Son casos que han golpeado la imagen del sindicalismo. Al sector se lo considera, según sondeos de opinón, casi tan corrupto como los partidos políticos y los altos funcionarios.

“Casos aislados”

José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica, Siderometalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y Conexos, se preocupa por derribar esa percepción.

José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM
“Hay muchas denuncias, algunas llegan a ser ciertas, pero hay mucho mito también”, asegura José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM.

“No tengo la capacidad para decir si es cierto o no es cierto. No lo sabemos, realmente no lo sabemos, porque no son situaciones en las que estemos realmente involucrados”, le dice a BBC Mundo en su oficina que mira al Monumento a la Revolución de la capital mexicana.

Para Carazo se trata de “casos aislados”. “Hay muchas denuncias, algunas llegan a ser ciertas, pero hay mucho mito también”, señala.

El dirigente sindical no considera que las denuncias ameriten una reacción de parte de la CTM, que cuenta con cuatro millones de afiliados en sindicatos de empresas privadas, según Carazo.

“No decimos que sean verdad, no decimos que sean mentira, simple y sencillamente no son temas que nos atañen, tenemos suficiente trabajo con la problemática de los trabajadores”, señala.

Carazo se encarga de aclarar que son “muchos” los dirigentes sindicales que no están en esas condiciones, pero defiende el hecho de haber ido creciendo en un trabajo, “y cualquiera que va creciendo tiene derecho a vivir mejor”.

“Mucha gente quisiera ver en el sindicalismo gente que vivamos como obreros”, añade, “pues no se da porque tampoco se da en el periodismo, tampoco en el gobierno, en las empresas”.

Vínculo político

El poder de los sindicatos no se puede concebir sin el estrecho vínculo que muchas veces existe entre estos y la autoridad de turno.

“Las grandes centrales obreras no surgieron desde abajo, sino desde el poder presidencial”, aseguró recientemente el intelectual Gabriel Zaid en una columna en el diario Reforma.

“Esta confederación”, le dice Carazo a BBC Mundo”, siempre se ha manifestado institucional (…) estamos respaldando al gobierno que está en el poder. Como confederación sí pertenecemos a un partido, al PRI, desde su surgimiento”,

Carlos Romero Deschamps
Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato la petrolera estatal Pemex y senador por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El caso emblemático que expuso una unión controversial fue el “Pemexgate”, en el 2000. El desviamiento irregular de al menos 500 millones de pesos (casi US$40 millones) del fondo del sindicato petrolero a la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Francisco Labastida

Romero Deschamps, y el tesorero del sindicato, Ricardo Aldana, fueron involucrados y acusados ante la justicia pero los cargos se desestimaron.

BBC Mundo solicitó una entrevista con el diputado Aldana pero no obtuvo respuesta.

El Instituto Federal Electoral determinó que había habido un desvío y multó al PRI. Al líder sindical la justicia lo halló inocente de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La causa por fraude electoral contra Romero Deschamps prescribió en 2011.

“La mayoría de los sindicatos”, opina Moreno, “sirven para enriquecer a sus líderes al amparo de la protección presidencial desde hace muchos sexenios”.

“No podemos estar peor”, le dice a BBC Mundo el Dr. Arturo Alcalde Justiniani, abogado de sindicatos independientes.

“El modelo actual de sindicalismo en el país llegó a un extremo en términos de corrupción (…) El sindicalismo es un gran negocio porque los líderes se apropian de las finanzas sindicales”, añade.

Cuestiona la situación en la que operan la gran mayoría de los sindicatos en México.

“Las centrales obreras están totalmente subordinadas al empresariado y al Estado en menor medida”, sostiene.

La tasa de trabajadores afiliados a sindicatos, recuerda Alcalde Justiniani, ronda el 10% y hace hincapié en que “uno de cada 100 trabajadores está en un sindicato real”, aquellos en los que hay “elecciones legítimas, rendición de cuentas patrimonial, y un mínimo funcionamiento democrático en asambleas y congresos”.

“Me los regala mi esposa”

Son acusaciones que Carazo rechaza tajantemente al asegurar que los comicios sindicales son “legítimos” y “transparentes”.

¿Hay falta de transparencia en las finanzas?

Sede de la CTM en Ciudad de México
Vista interior de la sede de la CTM: la estatua del líder Gamboa Pascoe abajo; al fondo, el cartel: “Nuestra lucha por una mejor justicia social”.

“Tenemos la obligación estatutaria de presentar nuestros estados de cuenta. (…) pero lo que sucede es que se quiere que se presenten ante quienes no son nuestros agremiados”.

La información no es pública.

Para muchos sindicatos las cosas podrían empezar a cambiar.

La Ley General de Transparencia, aprobada en abril pero que aún no entra en vigor, obligará a 180 sindicatos que representan a trabajadores estatales a explicar el destino de los recursos que reciben.

Pero para mostrar que no tiene nada que ocultar, Carazo me enseña su reloj.

Un Emporio Armani que, dice, se venden por 1.500 pesos mexicanos (casi US$100).

“Me los regala mi esposa”, aclara antes bajar al estacionamiento y enseñar su Nissan Sentra último modelo. Nada de Ferraris.

En la planta baja de la sede de la central sindical la estatua del líder Gamboa Pascoe queda custodiada desde lo alto por un enorme cartel: “CTM. Nuestra lucha por una mejor justicia social”.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

Getty Images
106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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