El excesivo y controversial lujo del sindicalismo en México
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El excesivo y controversial lujo del sindicalismo en México

Yates, autos de medio millón de dólares y millonarias propiedades. Los líderes sindicalistas son acusados de obtener ganancias en medio de un sistema donde abundan los excesos y la ausencia de transparencia.
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Por Juan Paullier, de BBCMundo
1 de mayo, 2015
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Estatua de Joaquín Gamboa Pascoe en la Confederación de Trabajadores de México

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Joaquín Gamboa Pascoe, develó una estatua de sí mismo en la sede de la CTM en Ciudad de México.

Mide 2.70 metros, pesa 198 kilos y está hecha de una aleación de metales.

La estatua que Joaquín Gamboa Pascoe, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), develó de sí mismo meses atrás es la última muestra de las peculiares conductas del sindicalismo mexicano.

Excesos, lujos y corrupción. Opacidad, opulencia e impunidad. Los sindicalistas mexicanos tienen mala fama.

O al menos algunos de sus líderes, que representan a la clase obrera pero se dice que viven como reyes. Históricamente a muchos dirigentes se los ha vinculado con un enriquecimiento desmesurado.

“México no merece los líderes sindicales que tiene”, le dice a BBC Mundo Martín Moreno, autor del libro “Los demonios del sindicalismo mexicano”, publicado en febrero.

Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato la petrolera estatal Pemex y senador por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el primer ejemplo de la obra de Moreno.

Algunos medios como el diario Reforma señalan que ha adquirido una Ferrari, autos Mercedes Benz y BMW, tres yates, un departamento en Nueva York, un condominio en Texas y una casa en Cancún.

También se habla de los departamentos de lujo comprados por su hijo José Carlos en Miami por US$7,5 millones y las fotos en jets privados que ha publicado su hija Paulina en redes sociales.

Y la historia de “La Maestra”, considerada en su momento “la mujer más poderosa de México”.

Elba Esther Gordillo
“La Maestra” Elba Esther Gordillo fue acusada de desviar US$208 millones de recursos públicos.

La influyente Elba Esther Gordillo dirigió la mayor organización sindical de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre 1989 y 2013, hasta que fue acusada de desviar US$208 millones de recursos públicos y luego detenida.

O la de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero, exiliado en Canadá desde 2006 luego de que fuera acusado de desviar US$55 millones, acusaciones que la Suprema Corte terminó desestimando.

Son casos que han golpeado la imagen del sindicalismo. Al sector se lo considera, según sondeos de opinón, casi tan corrupto como los partidos políticos y los altos funcionarios.

“Casos aislados”

José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica, Siderometalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y Conexos, se preocupa por derribar esa percepción.

José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM
“Hay muchas denuncias, algunas llegan a ser ciertas, pero hay mucho mito también”, asegura José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM.

“No tengo la capacidad para decir si es cierto o no es cierto. No lo sabemos, realmente no lo sabemos, porque no son situaciones en las que estemos realmente involucrados”, le dice a BBC Mundo en su oficina que mira al Monumento a la Revolución de la capital mexicana.

Para Carazo se trata de “casos aislados”. “Hay muchas denuncias, algunas llegan a ser ciertas, pero hay mucho mito también”, señala.

El dirigente sindical no considera que las denuncias ameriten una reacción de parte de la CTM, que cuenta con cuatro millones de afiliados en sindicatos de empresas privadas, según Carazo.

“No decimos que sean verdad, no decimos que sean mentira, simple y sencillamente no son temas que nos atañen, tenemos suficiente trabajo con la problemática de los trabajadores”, señala.

Carazo se encarga de aclarar que son “muchos” los dirigentes sindicales que no están en esas condiciones, pero defiende el hecho de haber ido creciendo en un trabajo, “y cualquiera que va creciendo tiene derecho a vivir mejor”.

“Mucha gente quisiera ver en el sindicalismo gente que vivamos como obreros”, añade, “pues no se da porque tampoco se da en el periodismo, tampoco en el gobierno, en las empresas”.

Vínculo político

El poder de los sindicatos no se puede concebir sin el estrecho vínculo que muchas veces existe entre estos y la autoridad de turno.

“Las grandes centrales obreras no surgieron desde abajo, sino desde el poder presidencial”, aseguró recientemente el intelectual Gabriel Zaid en una columna en el diario Reforma.

“Esta confederación”, le dice Carazo a BBC Mundo”, siempre se ha manifestado institucional (…) estamos respaldando al gobierno que está en el poder. Como confederación sí pertenecemos a un partido, al PRI, desde su surgimiento”,

Carlos Romero Deschamps
Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato la petrolera estatal Pemex y senador por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El caso emblemático que expuso una unión controversial fue el “Pemexgate”, en el 2000. El desviamiento irregular de al menos 500 millones de pesos (casi US$40 millones) del fondo del sindicato petrolero a la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Francisco Labastida

Romero Deschamps, y el tesorero del sindicato, Ricardo Aldana, fueron involucrados y acusados ante la justicia pero los cargos se desestimaron.

BBC Mundo solicitó una entrevista con el diputado Aldana pero no obtuvo respuesta.

El Instituto Federal Electoral determinó que había habido un desvío y multó al PRI. Al líder sindical la justicia lo halló inocente de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La causa por fraude electoral contra Romero Deschamps prescribió en 2011.

“La mayoría de los sindicatos”, opina Moreno, “sirven para enriquecer a sus líderes al amparo de la protección presidencial desde hace muchos sexenios”.

“No podemos estar peor”, le dice a BBC Mundo el Dr. Arturo Alcalde Justiniani, abogado de sindicatos independientes.

“El modelo actual de sindicalismo en el país llegó a un extremo en términos de corrupción (…) El sindicalismo es un gran negocio porque los líderes se apropian de las finanzas sindicales”, añade.

Cuestiona la situación en la que operan la gran mayoría de los sindicatos en México.

“Las centrales obreras están totalmente subordinadas al empresariado y al Estado en menor medida”, sostiene.

La tasa de trabajadores afiliados a sindicatos, recuerda Alcalde Justiniani, ronda el 10% y hace hincapié en que “uno de cada 100 trabajadores está en un sindicato real”, aquellos en los que hay “elecciones legítimas, rendición de cuentas patrimonial, y un mínimo funcionamiento democrático en asambleas y congresos”.

“Me los regala mi esposa”

Son acusaciones que Carazo rechaza tajantemente al asegurar que los comicios sindicales son “legítimos” y “transparentes”.

¿Hay falta de transparencia en las finanzas?

Sede de la CTM en Ciudad de México
Vista interior de la sede de la CTM: la estatua del líder Gamboa Pascoe abajo; al fondo, el cartel: “Nuestra lucha por una mejor justicia social”.

“Tenemos la obligación estatutaria de presentar nuestros estados de cuenta. (…) pero lo que sucede es que se quiere que se presenten ante quienes no son nuestros agremiados”.

La información no es pública.

Para muchos sindicatos las cosas podrían empezar a cambiar.

La Ley General de Transparencia, aprobada en abril pero que aún no entra en vigor, obligará a 180 sindicatos que representan a trabajadores estatales a explicar el destino de los recursos que reciben.

Pero para mostrar que no tiene nada que ocultar, Carazo me enseña su reloj.

Un Emporio Armani que, dice, se venden por 1.500 pesos mexicanos (casi US$100).

“Me los regala mi esposa”, aclara antes bajar al estacionamiento y enseñar su Nissan Sentra último modelo. Nada de Ferraris.

En la planta baja de la sede de la central sindical la estatua del líder Gamboa Pascoe queda custodiada desde lo alto por un enorme cartel: “CTM. Nuestra lucha por una mejor justicia social”.

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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