10 claves del porqué México retrocedió 10 años en libertad de prensa
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Manu Ureste

10 claves del porqué México retrocedió 10 años en libertad de prensa

Freedom House resalta en su último informe que México es uno de los 65 países catalogados como “no libres” para ejercer el periodismo, compartiendo este ranking con otras naciones como Rusia, China, Honduras, Corea del Norte, Irán, o Siria.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
8 de mayo, 2015
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Protesta en la ciudad de México de periodistas, luego que se diera a conocer el asesinato en febrero de 2014 del reportero veracruzano Gregorio Jiménez. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Protesta en la ciudad de México de periodistas, luego que se diera a conocer el asesinato en febrero de 2014 del reportero veracruzano Gregorio Jiménez. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

A tres días del asesinato el pasado 4 de mayo del periodista veracruzano Armando Saldaña, el número 84 a nivel nacional desde el año 2000 a la fecha, la organización civil Freedom House presentó ayer jueves 7 de mayo su informe relativo al año 2015, en el que destaca que la libertad de ejercicio periodístico en México ha sufrido un retroceso de una década.

En el documento Freedom of the Press 2015, la organización refiere que en el índice de libertades, en el que 0 es la mejor puntuación y 100 la peor, México obtuvo 63 puntos. La peor cifra desde el año 1995.

Asimismo, Freedom House resalta que México es uno de los 65 países catalogados como “no libres” para ejercer el periodismo, compartiendo este ranking con otras naciones como Rusia, China, Honduras, Corea del Norte, Irán, o Siria.

“México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y comunicadores”, recalca el informe.

Animal Político detalla las 10 principales claves por las que, de acuerdo con el informe, se ha producido un retroceso en la libertad de prensa en México.

Violencia criminal, la peor amenaza

El informe Freedom of the Press 2015 subraya que la violencia criminal en México constituye “la peor amenaza al periodismo independiente en el país”, y cita al respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano autónomo que tiene registro de 88 periodistas y trabajadores de los medios asesinados en el periodo comprendido entre el año 2000 y abril de 2014. Por su parte, Artículo 19 lleva contabilizados 84 homicidios de comunicadores, entre 2000 y lo que va de 2015.

“Año con año, México es testigo de cientos de ataques a periodistas y medios de comunicación. Y aunque no todos terminan en homicidio, muchos de ellos son aparente resultado de actos de funcionarios corruptos o que abusan de su poder”, plantea el informe, en el que se recuerda, entre otros, los casos del periodista Gregorio Jiménez, asesinado en febrero de 2014 en el estado de Veracruz; y el de Octavio Rojas, corresponsal de policiaca del diario El Buen Tono, quien también apareció asesinado en Cosolapa, municipio oaxaqueño limítrofe con Veracruz.

Agresiones en la cobertura de manifestaciones

En 2014, Freedom House resalta que tanto reporteros como trabajadores de medios de comunicación fueron “víctimas frecuentes de agresiones o detenciones temporales” durante la cobertura de las numerosas manifestaciones, en las que se protestó por los graves abusos contra los derechos humanos y la ley de Telecomunicaciones

Ataques a instalaciones de medios

Las oficinas de varios medios de comunicación del país fueron objeto de ataques a lo largo del año. Freedom House expone el ataque contra el corresponsal de radio comunitaria, Indalecio Benítez. El incidente ocurrió en agosto afuera de la estación, misma que se encontraba muy cerca de su casa, y cobró la vida de su hijo. En septiembre, la periodista Karla Janeth Guerrero Silva, que solía criticar los servicios públicos de la localidad, recibió una golpiza brutal de hombres armados que irrumpieron en las oficinas de un periódico de Silao, Guanajuato.

Más autocensura

La prevalencia de las amenazas y de la impunidad de los perpetradores han ocasionado que “la autocensura aumente y se extienda incluso a zonas no consideradas focos de violencia asociada a las drogas, tales como Zacatecas y los municipios que rodean al Distrito Federal”.

En este apartado, se resalta también el caso de Tamaulipas, estado donde presuntamente se ha asesinado a una docena de periodistas desde el año 2000, y en el que “las notas sobre temas de criminalidad se han visto fuertemente limitadas en los medios tradicionales”.

“(Ante esta situación) la ciudadanía recurre de forma anónima a las redes sociales para compartir información sobre la violencia local, la actividad delictiva y personas desaparecidas”, revela el informe.

Ley Federal de Telecomunicaciones, nuevo flanco de amenazas

Para Freedom House, la promulgación en julio pasado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “abrió un nuevo flanco de amenaza para la libertad de expresión”.

“Si bien esta ley permite mayor competencia en ambos sectores, también le otorga el gobierno la facultad de monitorear y suspender la actividad en Internet durante actos de protesta”, advierte la organización.

Además, el informe recuerda que esta ley autoriza al gobierno a geoposicionar y rastrear el uso de teléfono celulares en tiempo real y obliga a las compañías de internet a conservar información sobre los usuarios sin que sea necesaria la supervisión de un juez.

“En teoría, esos registros de información permitirían que las autoridades identificaran o monitorearan a los informantes, a los contactos de los periodistas y a individuos que participen en actos de expresión política”, apunta el informe.

Radios comunitarias e indígenas, en situación más precaria

Asimismo, Freedom House apunta que si bien la Ley de Telecomunicaciones promueve la competencia en un sector dominado por el duopolio Televisa-TV Azteca, continúa existiendo la preocupación de que esta competencia siga controlada “por unos cuantos grupos comerciales de gran tamaño, mientras que las estaciones de radio no comercial se encontrarían en una situación jurídica y financiera aún más precaria”.

“Las estaciones de radio comunitarias, que sirven a comunidades que sufren marginación política y económica, normalmente son objeto de clausura por alegatos de transmisión ilegal, lo cual se debe frecuentemente a presiones de compañías de medios más poderosas o de intereses políticos y comerciales que se sienten amenazados por contenidos difundidos por esas estaciones”, puntualiza el informe.

Más amenazas a comunicadores

Las intimidaciones a periodistas han aumentado en México en los últimos años. Freedom House recuerda que en el mes de marzo fue allanada la casa de Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 que se dedica a defender la libertad de prensa. Asimismo, expone el caso de Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, quien recibió amenazas telefónicas en su oficina, en el mismo mes.

Presiones de diferentes actores para manipular contenidos

La organización civil apunta que los medios de comunicación en México enfrentan presiones de diversos actores “que pretenden manipular el contenido noticioso e impedir su publicación”.

Entre esos actores se encuentran los dueños de agencias que defienden agendas políticas o de negocios, importantes publicistas que buscan recibir cobertura positiva o neutral, y funcionarios gubernamentales.

Interferencia en la creación de publicaciones críticas

Freedom House advierte que las autoridades estatales y locales o sus aliados “interfieren en ocasiones con la producción y distribución de nuevas publicaciones de carácter crítico”. En este sentido, apunta que en septiembre de 2014 en Quintana Roo, un juez federal ordenó al gobernador del estado, Roberto Borge, detener la creación de portadas falsas para la revista Luces del Siglo, así como su distribución en las redes sociales.

Publicidad para manipular coberturas

El informe refleja que, en el mes de marzo, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias informó que funcionarios del gobierno de México “aplican criterios discrecionales” para la erogación federal y estatal de unos 12 mil millones de pesos en publicidad oficial.

“Dichos fondos han sido utilizados para configurar políticas editoriales y promover agendas partidistas y personales. La asociación descubrió que muchos de los medios de comunicación manipulaban la cobertura para obtener contratos de publicidad más favorables de parte del gobierno”, señala Freedom House.

Lee aquí el informe para México íntegro. 

 

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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