Unidad para Desaparecidos busca a menos de 650 personas (a los de Ayotzinapa no)
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Unidad para Desaparecidos busca a menos de 650 personas (a los de Ayotzinapa no)

Dice que son los casos que “conoce”. La Unidad opera con un presupuesto recortado y sin el nuevo protocolo de búsqueda; dos subprocuradores responsables ya renunciaron.
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Por Arturo Angel
22 de mayo, 2015
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

En junio de 2013 el gobierno federal puso en marcha la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, área responsable de buscar sin distinciones a las personas no localizadas en todo el país. La realidad a casi dos años de su creación, es que dicha unidad investiga el paradero de menos de 650 mujeres y hombres.

Además, la Unidad opera aun sin el nuevo protocolo y bases de datos para el rastreo homologado de personas que se viene preparando desde finales de 2013, y con un presupuesto que este año se vio recortado un 60 por ciento.

En México, distintas estimaciones y registros incluso oficiales hablan de miles de personas que no están localizadas.

Por citar dos ejemplos, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación tiene un conteo de 25 mil 840 personas cuya ubicación presuntamente se desconocen, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha estimado que son más de 27 mil los desaparecidos.

Pero datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que depende la mencionada Unidad Especializada, arrojan que dicha área “tiene conocimiento” solo de 621 personas que desaparecieron en este siglo.

Ese número de desaparecidos equivale a menos del 2.5 por ciento de la cantidad de personas que están reportadas como no localizadas en el registro de Gobernación.

Un dato a destacar es que uno de cada seis casos que investiga la Unidad corresponde a un tema de presunta desaparición forzada, aunque el listado no incluye a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El decreto de creación de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, del 21 de junio del 2013, estableció en su artículo tercero que la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas era responsable de “coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas”.

El entonces procurador Jesús Murillo Karam señaló que la intención era contar con una única área que facilitara la búsqueda de las personas no localizadas en México y evitara a los familiares la necesidad de estar buscando entre un estado y otro a sus víctimas.

Cabe recordar que la Unidad Especializada depende jerárquicamente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR, la cual ha visto renunciar a sus dos últimos titulares.

Los 621 que sí busca la Unidad

Los datos de la PGR revelados a través de una solicitud de transparencia y con corte en marzo de este año, arrojan que la Unidad Especializada tiene conocimiento de 621 personas no localizadas. El 31 por ciento corresponde a desapariciones ocurridas en 2013, mientras que el 15 por ciento son casos surgidos en 2010, y el resto se distribuye en otros años hasta 2001.

La información desglosada de la Procuraduría evidencia que cinco de cada seis desaparecidos son hombres y que el 34 por ciento de todos los casos corresponden a personas entre 24 y 33 años de edad.

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Hay cinco entidades que concentran el 65 por ciento de todas las desapariciones que investiga la Unidad Especializada: el estado de México con 121 desaparecidos; el Distrito Federal con 105 casos; Guerrero con 68; Tamaulipas con 56 y Morelos con 43.

Cabe destacar que entre los más de 600 casos se encuentra el de una desaparición ocurrida en Texas, Estados Unidos, y otra que corresponde a la Ciudad de Guatemala en Guatemala. En cambio, hay diez estados del país en donde la Unidad Especializada no busca a ningún desaparecido.

En su respuesta a la solicitud de transparencia la Procuraduría no da ninguna explicación del porque la Unidad Especializada tomó conocimiento de estos casos, es decir, si fueron denuncias directas presentadas ante sus agentes del Ministerio Público, si son los que ya tenía registrados la extinta Procuraduría de Atención a Víctimas, o si atrajo los casos siguiendo algún criterio para ello.

La información tampoco aclara en cuántos casos el trabajo de la Unidad ha conseguido ubicar a las personas no localizadas ya sea vivas o muertas.

Veracruz encabeza desaparición forzada

La PGR reveló que entre los casos de los que tiene conocimiento la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, se encuentran 120 que corresponden a posibles desapariciones forzadas, es decir, víctimas cuyo paradero no se conoce luego de que fueron detenidas ilegalmente por alguna autoridad federal, estatal o municipal.

En este caso el perfil está más recargado hacia los hombres que concentran el 93 por ciento de las víctimas. El rango de edad más común en este tipo de desapariciones son personas de 29 a 33 años de edad con 22 por ciento del total.

Respecto a los estados que tienen la mayor cantidad de casos de desaparición forzada bajo investigación de la Unidad, la estadística la encabeza Veracruz con 29 víctimas que equivalen al 24 por ciento del total. Le siguen Tamaulipas, Coahuila, el Distrito Federal y Chiapas.

Esta información coincide con la tendencia delictiva que tiene la PGR por el delito de desaparición forzada. Cifras de la Procuraduría indican que actualmente, a través de todas sus áreas, hay abiertas 189 averiguaciones por este ilícito, de las cuales 51 corresponden a casos ocurridos en Veracruz.

Un dato a destacar es que la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas no registra ni un solo caso de desaparición forzada en Guerrero, lo que significa que dicha unidad no mantiene rastreo alguno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero.

Cabe recordar que la propia investigación oficial de la ¨PGR atribuye a policías de Iguala y de Cocula el secuestro de los normalistas. En enero, el entonces procurador Jesús Murillo Karam aclaró que se haría la consignación por el delito de desaparición forzada, sin embargo, hasta ahora esto no ha ocurrido.

Unidad sin sistema y con poco dinero

Desde el 2013 la PGR prepara en colaboración con varios estados del país un nuevo protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas basado en un software especializado y dos bases de datos. Dicho mecanismo es similar al que usa la Cruz Roja Internacional y su funcionamiento estaría coordinado por la Unidad Especializada. Hasta ahora no se ha concretado.

Inicialmente el proyecto estuvo a cargo del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, pero este renunció ene l 2014. En su lugar llegó Eliana García quien le dio un impulso importante en la segunda mitad de ese año pero, por motivos que no se han hecho públicos, su arranque no se ha formalizado.

García presentó su renuncia al cargo este mes la cual le fue aceptada por la nueva procuradora Arely Gómez.

De acuerdo con lo dicho en su momento por la ahora ex subprocuradora, el nuevo sistema facilitaría la búsqueda de personas no localizadas en todo el país pues cruzaría datos de forma automática entre dos grandes bases: una ante mortem con el ADN de familiares de personas desaparecidas, y una post mortem con el material genético de personas fallecidas.

La ausencia de esta herramienta no es el único reto para la Unidad. En 2015 su presupuesto asignado fue de 14 millones 767 mil pesos, cantidad que representó un recorte de más del 60 por ciento. Además, los recursos para 2016 podrían ser aun menores luego de que el gobierno adelantó que se replanteará todo el presupuesto.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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