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Cuartoscuro/Archivo

6 años ABC: 160 mil hojas de un juicio sin sentencia, ley a medias y nuevas promesas

La PGR no ha podido confirmar causa del incendio y a seis años del accidente prepara otro plan de investigación, denuncian padres y activistas. Campaña internacional reúne más de 20 mil firmas para que CIDH atraiga caso.
Cuartoscuro/Archivo
Por Arturo Angel
5 de junio, 2015
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Marcha_Aniversario_Guarderia_ABC-10

El 5 junio se cumplen seis años del incendio de la guardería ABC, una de las peores tragedias infantiles en la historia de nuestro país que dejó 49 niños muertos y otros 70 lesionados. A casi un sexenio de los hechos, el expediente del caso tiene más de 160 mil hojas pero a ningún sentenciado; la ley para que guarderías no estén en riesgo se aplica a medias y de la investigación de PGR sólo hay nuevas promesas.

Este balance fue dado a conocer por defensores de derechos humanos, activistas y víctimas de aquel evento, quienes resumieron que se trata de un caso en el que hay ausencia de justicia, de verdad y de reparación del daño causado.

El lunes 1 de junio, una representación de los padres de los niños fallecidos se reunió con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer los avances del caso, pero lo que hubo, según dijeron, fue un resumen de lo ya hecho… y la promesa de un nuevo plan de investigación del incendio.

En el encuentro no estuvo presente – pese a la solicitud de las víctimas- la procuradora Arely Gómez, pues asistió a los festejos agendados por el Día de la Marina en Ensenada Baja California, como confirmó a Animal Político el área de Comunicación Social de la Procuraduría.

“Los padres y madres han visto pasar cinco procuradores y cada procurador les dice lo mismo, ahora se habla de un plan de investigación a seis años de los hechos, lo que es un indicador más de que no hay justicia ni reparación en el caso” dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

En ese contexto, se anunciaron acciones a nivel nacional e internacional para impulsar la petición de las víctimas de que el caso sea atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo pronto, a través del sitio de activismo mundial AVAAZ.ORG se inició una campaña de recolección de 25 mil firmas para exigir justicia por la targedia. En seis días, ya reunieron más de 20 mil.

Además, entre el 4 y 5 de junio habrá una vigilia y marcha en la Ciudad de México y en Hermosillo Sonora para recordar el sexto año de la tragedia.

Investigación y juicio inconcluso

El caso ABC, judicialmente hablando, está inconcluso en las dos dimensiones de la justicia en México: la procuración –que es la investigación de los hechos – y la administración – que se refiere al juicio-.

En el tema del juicio, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio (organización fundada por los padres de los niños fallecidos en la guardería) dio a conocer que el expediente ya suma 168 tomos distintos con mil páginas aproximadamente, es decir, poco más de 168 mil páginas en total.

Lo grave es que pese a ese cúmulo de dictámenes, documentos y diligencias que engrosan el expediente radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Sonora, no hay una sola sentencia dictada. Los 22 procesados del caso, en su mayoría funcionarios de nivel medio o bajo, están en libertad.

La última en salir de prisión fue Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien evidenció que las pruebas en su contra eran insuficientes. Otros como el ex delegado del IMSS en Sonora Arturo Leyva Lizárraga o el ex secretario de Protección Civil del estado Willebaldo Alatriste Candiani, salieron a la calle pagando fianzas de millones de pesos.

“Se ha vuelto una situación de acumular papel y de no dar resultados como debería ser en la procuración y procesos de impartición de justicia que una y otra vez han favorecido a los responsables de la tragedia” dijo José Francisco García Quintana, padre de un niño fallecido e integrante del movimiento.

Del lado de la investigación la situación parece aún más retrasada. Luego de que en 2013 la PGR abrió una nueva averiguación para determinar si el incendio fue provocado, como apuntaban testigos, hasta el día de hoy no hay resultados.

El Centro Agustín Pro, que ha tenido acceso al expediente también, dijo que pericialmente la PGR no ha podido aun confirmar el origen del incendio. Apenas hace unas semanas, se firmó un contrato con una empresa inglesa para realizar nuevos peritajes.

En ese contexto el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, se reunió el lunes 1 de marzo con representantes de la familia para decirles que la próxima semana viajará a Sonora y les presentará “un nuevo plan de investigaciones”.

“Ojalá no solo quede en un plan sino que realmente de resultados. Hemos visto pasar cinco administraciones de procuradores. Voto de confianza ya no hay” agregó García.

Ley ineficiente, riesgo latente

En 2010, luego de la tragedia en la Guardería ABC, una comisión investigadora designada por la Suprema Corte determinó que había irregularidades en la operación de las guarderías en el país. El Ministro Arturo Zaldívar propuso un dictamen que se estableciera que existía un desorden generalizado en la operación de estancias infantiles y sanciones, pero en votación dividida el Pleno se rechazó.

El antecedente sirvió para que en 2011 se publicara en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida coloquialmente como Ley 5 de Junio, cuyo objetivo es regular la operación de guarderías para prevenir eventos como el de la ABC.

El problema es que a cuatro años de distancia menos de la mitad de los estados han armonizado su legislación con la ley, es decir, no aplican sus fundamentos. Las entidades que están retrasadas, según el informe del Movimiento 5 de Junio, son Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Tlaxcala, Distrito Federal, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León.

Stephanie Erin Brewer, activista del centro Agustín Pro, recordó que un informe presentado un año después de que se publicó la ley arrojó que había por lo menos dos mil guarderías de todo tipo en el país operando en condiciones irregularidades y que la mitad de las que dependían de Sedesol tenían problemas.

El riesgo de que se repita un caso como el de la guardería es latente aunque no se reconoce. De acuerdo con los datos difundidos por García Quintana, del 2009 a la fecha han muerte 20 menores en estancias infantiles, guarderías y similares. El dictamen pericial en los casos fue un problema u obstrucción en vías respiratorias, sin que se indagara más.

“En marzo 2014 hubo una evacuación en guardería en Río Colorado (Sonora). La versión oficial es fuga de gas pero si eso pasa más allá imagínense de la magnitud de la tragedia. Pudo ser pero que en ABC. El riesgo de repetición es real” dijo García.

Ofensiva internacional

De acuerdo con los activistas, con motivo del sexto año de la tragedia en la guardería ABC habrá varias acciones a escala nacional pero también internacional en marcha. Una de las más importantes es la recolección de firmas en la plataforma de activismo  AVAAZ.ORG con la que se busca presionar a las autoridades para que se haga justicia.

Ana Sofía Suarez, activista de AVAAZ, detalló que la estrategia denominada “Juntos pro la Justica ABC” ya lleva más de 20 mil firmas en seis días.

“Se trata de demostrarle a los padres que no están solos y sobretodo de reforzar el llamado y el impacto llegue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se vea que muchos mexicanos están cansados de la impunidad en el caso”, dijo.

Cabe señalar que en octubre del año pasado padres y madres de los niños fallecidos en la guardería acudieron a Washintgton para pedir a la CIDH que intervenga en el caso, Hasta el día de hoy se encuentra pendiente el estudio de admisión.

La organización no gubernamental New Media Advocacy Project, que se encarga de impulsar la atención de casos de violaciones a derechos humanos, presentó un video donde se aborda la tragedia en la guardería y al falta de resultados, cuyo objetivo es reforzar la petición hecha en la CIDH.

Además se anunció que de forma paralela a las actividades del próximo 4 y 5 de junio en México, habrá manifestaciones en España, Argentina, Chile y Holanda por lo menos.

**Nota publicada el 3 de junio.

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Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
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El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


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