[contextly_sidebar id=”OmFKdowdyPgaFttHpMHElnvHkV6G0634″]El 5 junio se cumplen seis años del incendio de la guardería ABC, una de las peores tragedias infantiles en la historia de nuestro país que dejó 49 niños muertos y otros 70 lesionados. A casi un sexenio de los hechos, el expediente del caso tiene más de 160 mil hojas pero a ningún sentenciado; la ley para que guarderías no estén en riesgo se aplica a medias y de la investigación de PGR sólo hay nuevas promesas.
Este balance fue dado a conocer por defensores de derechos humanos, activistas y víctimas de aquel evento, quienes resumieron que se trata de un caso en el que hay ausencia de justicia, de verdad y de reparación del daño causado.
El lunes 1 de junio, una representación de los padres de los niños fallecidos se reunió con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer los avances del caso, pero lo que hubo, según dijeron, fue un resumen de lo ya hecho… y la promesa de un nuevo plan de investigación del incendio.
En el encuentro no estuvo presente – pese a la solicitud de las víctimas- la procuradora Arely Gómez, pues asistió a los festejos agendados por el Día de la Marina en Ensenada Baja California, como confirmó a Animal Político el área de Comunicación Social de la Procuraduría.
“Los padres y madres han visto pasar cinco procuradores y cada procurador les dice lo mismo, ahora se habla de un plan de investigación a seis años de los hechos, lo que es un indicador más de que no hay justicia ni reparación en el caso” dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
En ese contexto, se anunciaron acciones a nivel nacional e internacional para impulsar la petición de las víctimas de que el caso sea atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo pronto, a través del sitio de activismo mundial AVAAZ.ORG se inició una campaña de recolección de 25 mil firmas para exigir justicia por la targedia. En seis días, ya reunieron más de 20 mil.
Además, entre el 4 y 5 de junio habrá una vigilia y marcha en la Ciudad de México y en Hermosillo Sonora para recordar el sexto año de la tragedia.
Investigación y juicio inconcluso
El caso ABC, judicialmente hablando, está inconcluso en las dos dimensiones de la justicia en México: la procuración –que es la investigación de los hechos – y la administración – que se refiere al juicio-.
En el tema del juicio, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio (organización fundada por los padres de los niños fallecidos en la guardería) dio a conocer que el expediente ya suma 168 tomos distintos con mil páginas aproximadamente, es decir, poco más de 168 mil páginas en total.
Lo grave es que pese a ese cúmulo de dictámenes, documentos y diligencias que engrosan el expediente radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Sonora, no hay una sola sentencia dictada. Los 22 procesados del caso, en su mayoría funcionarios de nivel medio o bajo, están en libertad.
La última en salir de prisión fue Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien evidenció que las pruebas en su contra eran insuficientes. Otros como el ex delegado del IMSS en Sonora Arturo Leyva Lizárraga o el ex secretario de Protección Civil del estado Willebaldo Alatriste Candiani, salieron a la calle pagando fianzas de millones de pesos.
“Se ha vuelto una situación de acumular papel y de no dar resultados como debería ser en la procuración y procesos de impartición de justicia que una y otra vez han favorecido a los responsables de la tragedia” dijo José Francisco García Quintana, padre de un niño fallecido e integrante del movimiento.
Del lado de la investigación la situación parece aún más retrasada. Luego de que en 2013 la PGR abrió una nueva averiguación para determinar si el incendio fue provocado, como apuntaban testigos, hasta el día de hoy no hay resultados.
El Centro Agustín Pro, que ha tenido acceso al expediente también, dijo que pericialmente la PGR no ha podido aun confirmar el origen del incendio. Apenas hace unas semanas, se firmó un contrato con una empresa inglesa para realizar nuevos peritajes.
En ese contexto el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, se reunió el lunes 1 de marzo con representantes de la familia para decirles que la próxima semana viajará a Sonora y les presentará “un nuevo plan de investigaciones”.
“Ojalá no solo quede en un plan sino que realmente de resultados. Hemos visto pasar cinco administraciones de procuradores. Voto de confianza ya no hay” agregó García.
Ley ineficiente, riesgo latente
En 2010, luego de la tragedia en la Guardería ABC, una comisión investigadora designada por la Suprema Corte determinó que había irregularidades en la operación de las guarderías en el país. El Ministro Arturo Zaldívar propuso un dictamen que se estableciera que existía un desorden generalizado en la operación de estancias infantiles y sanciones, pero en votación dividida el Pleno se rechazó.
El antecedente sirvió para que en 2011 se publicara en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida coloquialmente como Ley 5 de Junio, cuyo objetivo es regular la operación de guarderías para prevenir eventos como el de la ABC.
El problema es que a cuatro años de distancia menos de la mitad de los estados han armonizado su legislación con la ley, es decir, no aplican sus fundamentos. Las entidades que están retrasadas, según el informe del Movimiento 5 de Junio, son Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Tlaxcala, Distrito Federal, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León.
Stephanie Erin Brewer, activista del centro Agustín Pro, recordó que un informe presentado un año después de que se publicó la ley arrojó que había por lo menos dos mil guarderías de todo tipo en el país operando en condiciones irregularidades y que la mitad de las que dependían de Sedesol tenían problemas.
El riesgo de que se repita un caso como el de la guardería es latente aunque no se reconoce. De acuerdo con los datos difundidos por García Quintana, del 2009 a la fecha han muerte 20 menores en estancias infantiles, guarderías y similares. El dictamen pericial en los casos fue un problema u obstrucción en vías respiratorias, sin que se indagara más.
“En marzo 2014 hubo una evacuación en guardería en Río Colorado (Sonora). La versión oficial es fuga de gas pero si eso pasa más allá imagínense de la magnitud de la tragedia. Pudo ser pero que en ABC. El riesgo de repetición es real” dijo García.
Ofensiva internacional
De acuerdo con los activistas, con motivo del sexto año de la tragedia en la guardería ABC habrá varias acciones a escala nacional pero también internacional en marcha. Una de las más importantes es la recolección de firmas en la plataforma de activismo AVAAZ.ORG con la que se busca presionar a las autoridades para que se haga justicia.
Ana Sofía Suarez, activista de AVAAZ, detalló que la estrategia denominada “Juntos pro la Justica ABC” ya lleva más de 20 mil firmas en seis días.
“Se trata de demostrarle a los padres que no están solos y sobretodo de reforzar el llamado y el impacto llegue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se vea que muchos mexicanos están cansados de la impunidad en el caso”, dijo.
Cabe señalar que en octubre del año pasado padres y madres de los niños fallecidos en la guardería acudieron a Washintgton para pedir a la CIDH que intervenga en el caso, Hasta el día de hoy se encuentra pendiente el estudio de admisión.
La organización no gubernamental New Media Advocacy Project, que se encarga de impulsar la atención de casos de violaciones a derechos humanos, presentó un video donde se aborda la tragedia en la guardería y al falta de resultados, cuyo objetivo es reforzar la petición hecha en la CIDH.
Además se anunció que de forma paralela a las actividades del próximo 4 y 5 de junio en México, habrá manifestaciones en España, Argentina, Chile y Holanda por lo menos.
**Nota publicada el 3 de junio.
