En solo 10 días, agreden a balazos y machetazos a más de 200 migrantes en México
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En solo 10 días, agreden a balazos y machetazos a más de 200 migrantes en México

Aunque uno de los objetivos fundamentales del Plan Frontera Sur es la protección de los migrantes a su paso por México y el combate a las redes criminales que los extorsionan, en menos de dos semanas durante el mes de junio se produjeron dos ataques masivos en Sonora y Veracruz contra personas indocumentadas.
Por Manu Ureste
18 de junio, 2015
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Un migrante centroamericano descansa en el albergue 'La 72', en Tenosique, Tabasco. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Un migrante centroamericano descansa en el albergue ‘La 72’, en Tenosique, Tabasco. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

A pesar de que uno de los objetivos fundamentales que plantea el Programa Frontera Sur –la iniciativa que el presidente Peña Nieto lanzó el 7 de julio del 2014- es la protección de las personas migrantes y el combate a los grupos delictivos que se dedican al tráfico y a la extorsión de indocumentados, más de 200 migrantes han sido agredidos a balazos y machetazos en menos de dos semanas del mes de junio a su paso por México.

El primer evento de ataque masivo a migrantes se produjo el pasado martes 2 de junio en la frontera de Sonora con Arizona, Estados Unidos.

Ese día, un grupo de 120 migrantes se dirigía hacia la línea fronteriza estadounidense cuando, después de varias horas de trayecto, uno de los vehículos en los que viajaban se descompuso y el grupo se detuvo para descansar. En ese momento, apareció un sujeto armado y vestido con ropa militar que encañonó a varios indocumentados y les ordenó tirarse en el suelo.

Posteriormente, y sin mediar palabra, el sujeto abrió fuego de manera indiscriminada contra todos, provocando la muerte de al menos tres personas, según informó la Procuraduría de Justicia de Sonora.

De acuerdo con la narración que 13 centroamericanos sobrevivientes dieron a diferentes organizaciones civiles, la balacera, en la que participó otro hombre vestido con ropa tipo militar, también ocasionó que más de 100 indocumentados que viajaban en el grupo corrieran para dispersarse por el desierto.

A más de dos semanas de los hechos, la organización Amnistía Internacional México denuncia que las autoridades mexicanas aún no han ofrecido información sobre el paradero de estos migrantes, ni han dado más detalles sobre las pesquisas del caso.

“Las autoridades del gobierno de Sonora dicen que son tres muertos y 13 rescatados, pero no sabemos qué pasó con el resto de personas que huyeron porque, hasta el momento, no vemos que se esté llevando a cabo una investigación exhaustiva de los hechos”, apunta en entrevista con Animal Político Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional (AI) México, quien exige que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga las averiguaciones, “debido a la presencia de grupos delincuenciales en la zona desértica de Sonora, y por los indicios de la vestimenta militar de los agresores”.

“Este caso debe ser investigado a fondo –insiste el activista-. No puede ser que se cierre sólo porque las autoridades del gobierno de Sonora ya dijeron que encontraron tres cuerpos”.

El otro ataque a migrantes ocurrió tan sólo 10 días después, el viernes 12 de junio; cuando al menos 20 personas armadas con escopetas, pistolas y machetes, agredieron a un grupo de 100 centroamericanos que viajaban en el tren llamado ‘La Bestia’ a su paso por la zona conocida como Las Tembladeras y San José del Carmen, municipio de las Choapas, al sur de Veracruz.

Los migrantes que lograron escapar de la agresión y acudieron al DIF municipal de las Choapas señalaron que el grupo armado les exigió una cuota de 100 dólares para continuar con el viaje, informa el diario digital veracruzano Plumas Libres.

Debido a que muchos de los indocumentados no pudieron pagar o se negaron a hacerlo, los agresores los golpearon, los despojaron de sus pertenencias, y los balacearon en un hecho que ya tuvo un precedente en agosto del año 2013, cuando integrantes del crimen organizado atacaron a más de 500 migrantes en esa misma zona de Las Tembladeras.

En lugar de investigar, autoridades iniciaron una ‘cacería de brujas’: Casa Migrante Saltillo

Tras estas agresiones, organizaciones civiles denuncian que las autoridades mexicanas respondieron con operativos policiacos para detener más migrantes y traficantes de personas, como el que tuvo lugar en Caborca, Sonora, pocos días después del ataque contra 100 indocumentados en la zona desértica entre México y Estados Unidos.

“El INM respondió a estos hechos iniciando acciones coordinadas con la Policía Federal para hacer cateos ilegales, es decir, sin una orden, en hoteles y casas particulares donde se hospedan migrantes. Entonces, en lugar de iniciar una investigación profesional, lo que empezaron fue una cacería de brujas contra indocumentados. Y creemos que esa no debe ser la respuesta del estado mexicano”, indica en entrevista Alberto Xicontécatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo.

Por su parte, Amnistía Internacional México mostró su preocupación por “la falta de información y orientación” que los sobrevivientes han recibido por parte del INM sobre sus derechos como víctimas de una agresión en México.

En este sentido, Perseo Quiroz, director de la oficina en México de AI, subrayó que las autoridades mexicanas “no explicaron con claridad” a los migrantes agredidos que por ser víctimas de un delito grave en México deberían recibir una visa humanitaria para poder obtener atención médica y emocional. Incluso, Amnistía Internacional refiere que tampoco les explicaron la diferencia entre una deportación y un retorno asistido, y que les pidieron “firmar documentos donde renuncian los migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados”.

Ante esta situación, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabriniana para Migrantes en la sección México, exigió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar el respeto a los derechos de los sobrevivientes.

“¿En qué momento llegó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender estas personas de manera integral? –se cuestiona retóricamente Gutiérrez durante la plática con Animal Político para dejar un silencio como respuesta-. Estos migrantes que fueron agredidos en Sonora llegaron completamente traumados. Hay una declaración de un niño de 17 años que dice que fue “el peor momento de su vida”. Y sin embargo, las autoridades mexicanas no han tenido la sensibilidad para proteger, acompañar y dar certeza a estas personas de que van a tener una reparación del daño”.

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"Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales": los peligros de la cultura de la cancelación

Los llamados al boicot a empresas o personas que tengan comportamientos considerados “errados” o inadecuados divide a los progresistas y aviva el debate en Estados Unidos.
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23 de julio, 2020
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El pasado 3 de junio, el estadounidense Emmanuel Cafferty, de 47 años, volvía a su casa después de una jornada más de trabajo.

Su rutina consistía en pasar entre 8 y 12 horas al día inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, California.

Caía la tarde y hacía calor.

Al volante de la camioneta de la empresa, mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior.

Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente, en un gesto que repitió varias veces durante la entrevista con BBC News Brasil.

“En ese momento, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida del revés“, cuenta Cafferty.

Una fotografía dañina

Hacía apenas una semana que George Floyd, un hombre negro desarmado, moría después de que un policía blanco le retuviera en el suelo durante varios minutos presionándole el cuello con la rodilla en Mineápolis.

Las imágenes de la muerte de Floyd desencadenaron lo que se considera la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos en la historia reciente.

En ese contexto, el chasquido de dedos de Cafferty fue interpretado por otro conductor como un gesto específico: un símbolo usado por supremacistas blancos.

“Ese hombre comenzó a tocar la bocina y a insultarme. Gritaba: ‘¿va a seguir haciendo eso?’ y sacó el celular para fotografiarme. Pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico, por accidente. Pero estábamos los dos parados en el semáforo y yo no entendía nada”, relata.

Dos horas después del incidente, su supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía del trabajo sin sueldo.

Una hora más tarde, sus colegas llegaron a su casa para llevarse la camioneta y la computadora de la empresa. Cinco días después fue despedido.

“Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida“, dice Cafferty. Sin estudios superiores, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía su versión del sueño americano.

Ganaba 41 dólares la hora, el doble que en su empleo anterior, y tenía cobertura de salud y de jubilación por primera vez en su vida.

Cuando consiguió la plaza, seis meses atrás, él, sus tres hijas y sus nietos salieron a comer para celebrarlo.

¿Ok o supremacía blanca?

Cafferty explica que no tenía ni idea de que el gesto que se le atribuye, comúnmente asociado con un “OK” en Estados Unidos, pudiese tener connotaciones racistas.

De acuerdo a la Liga contra la Difamación, una organización centenaria que combate los discursos de odio en Estados Unidos, el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por usuarios racistas en foros de internet como 4chan. La propia organización recomienda tener cuidado con la interpretación de la señal.

“La abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación. Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, alerta la organización.

George Floyd

Twitter/Ruth Richardson
George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Eso es exactamente lo que le pasó a Cafferty. O peor.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘OK’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, afirma exasperado, al tiempo que se frota los brazos para mostrar el color de su piel.

El autor de la fotografía y del primer post contra Cafferty admitió ante el equipo local de la cadena estadounidense NBC que quizá exageró en la interpretación que hizo del supuesto gesto y que, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cafferty trabajaba, no quería que fuera despedido.

El usuario borró el mensaje original e incluso la cuenta de Twitter. Pero ya era tarde, el post se había viralizado y el empleo estaba perdido.

BBC News Brasil no logró localizar al autor del post original.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, se desahoga.

Ha tenido que acudir a terapia semanal para lidiar con el dolor y el miedo que ha sentido.

Multitud online, efectos offline

El caso de Cafferty es emblemático de lo que se considera un peligroso efecto colateral de la llamada cultura de la cancelación.

El movimiento comenzó hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y preservación medioambiental, como una manera de amplificar la voz de los grupos oprimidos y forzar acciones políticas de marcas o figuras públicas.

Funciona así: un usuario de redes sociales como Twitter o Facebook, presencia un acto que considera equivocado, lo graba en video o lo fotografía y lo publica en su cuenta, con el cuidado de etiquetar a la empresa empleadora del denunciado y autoridades públicas u otros influencers digitales que puedan amplificar el alcance del mensaje. Es común que, en cuestión de horas, el post haya sido replicado miles de veces.

La cascada de menciones a una empresa suele precipitar actitudes sumarias para frenar el desgaste de imagen, sin que la persona a la que se denuncia pueda defenderse adecuadamente.

“En mi caso, me escucharon una vez y luego ya me despidieron. Parece que concluyeron que era un racista”, señala Cafferty.

BBC News Brasil intentó hablar con la empresa SDG&E, donde trabajaba Cafferty, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Como reacción a las primeras denuncias de usuarios contra Cafferty en Twitter, la empresa afirmó: “Creemos firmemente que no hay espacio en la sociedad para ningún tipo de discriminación” y añadió que inició una investigación sobre la conducta del entonces todavía empleado.

La cancelación va más allá del típico troleo de internet, con insultos coordinados, frecuente en disputas de opinión entre usuarios de redes.

Es un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada.

Extremadamente frecuente en Estados Unidos, hoy desprestigia también a personas anónimas, gente común como Cafferty.

“Usted puede ser cancelado por algo que diga en medio de una multitud de completos extraños si alguno de ellos lo graba en video, o por un chiste que suene mal en las redes sociales, o por algo que usted dijera o hiciera hace mucho tiempo y de lo que quede algún registro en internet”, escribió el columnista del diario The New York Times Ross Douthat en un artículo sobre el fenómeno de la cancelación.

“Y no hace falta que sea prominente, famoso o político para ser públicamente avergonzado y permanentemente marcado: todo lo que usted necesita hacer es tener un día particularmente malo y las consecuencias pueden durar mientras Google exista

¿Injusticias en el movimiento por la justicia social?

El alcance de la cultura de la cancelación en Estados Unidos ha despertado dudas ante la posibilidad de que se cometan injusticias.

El de Cafferty no es un caso único.

A finales de mayo, un investigador contratado por una consultora política progresista compartió en Twitter el resultado de un estudio que indicaba que, en los años 60, las protestas raciales violentas aumentaron el porcentaje de votos para candidatos republicanos, en cuanto que los actos pacíficos favorecieron a los políticos demócratas en las urnas.

Activistas consideraron que su comentario era una reprimenda a los actos de protesta por la muerte de George Floyd y pasaron a exigir su dimisión. El investigador fue despedido días más tarde.

El mes pasado, una profesora de teatro en Nueva York fue acusada de haberse adormecido durante una reunión online en la que se hablaba de acciones a favor de la justicia racial en el curso.

Una petición firmada por casi 2.000 personas pidió su dimisión, acusándola de racista. La profesora lo niega y alega que estaba descansando la vista mirando para abajo momentáneamente cuando se hizo la foto.

Cruce de cartas

Ante lo que calificaron como “atmósfera sofocante”, un grupo de 150 periodistas, intelectuales, académicos y artistas, considerados progresistas, decidieron publicar en Harper’s Magazine un texto titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”.

Firmada por nombres de peso como el lingüista Noam Chomsky, los escritores JK Rowling y Andrew Solomon, la activista feminista Gloria Steinem, la economista trans Deirdre McCloskey, y el analista político Yascha Mounk, la carta afirma que “el libre intercambio de informaciones e ideas, fuerza vital de una sociedad liberal, se vuelve cada día más restringido”.

Y continúa: “Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está esparciendo ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia a las visiones opuestas, una moda del señalamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”.

JK Rowling

Reuters
Acusada de transfobia, JK Rowling firmó una carta contra la cultura de la cancelación.

En la misma línea, una de las editoras de opinión de The New York Times, Bari Weiss, renunció esta semana por medio de una carta abierta en la que acusa a la publicación de promover un “nuevo macartismo”, en referencia a la patrulla ideológica anticomunista de los años 50 en Estados Unidos.

“Artículos que eran fácilmente publicados hace apenas dos años, ahora colocan a un editor o autor en problemas. Eso si no hace que sea despedido. Si un texto se percibe como probable fuente de reacción interna o en las redes sociales, el editor ni siquiera lo publica”, escribió Weiss, contratada por The New York Times poco después de la elección de Trump en 2016, en un esfuerzo por amplificar la diversidad de voces en el diario.

En un artículo para la publicación The Atlantic, en la que cita el caso de Cafferty, el analista político Yascha Mounk explica por qué firmó el manifiesto.

Mounk aplaude lo que llama “la nueva determinación estadounidense” para desenraizar preconceptos de la sociedad.

“No obstante, sería un enorme error, especialmente para quienes se preocupan por la justicia social, considerar lo que sucedió con Cafferty como un detalle menor o el precio a pagar por el progreso”, escribió Mounk.

La respuesta a la carta dentro del movimiento progresista no tardó en llegar.

Un grupo de periodistas, artistas e intelectuales acusó a los autores de la primera carta de, desde lo alto de su éxito profesional y cómoda posición en el mercado, ignorar las dificultades de las minorías -como la comunidad negra o la comunidad LGBTIQ- en el debate público, en el mundo académico, en las artes, en el periodismo, en el mercado editorial.

“Los firmantes, muchos de ellos blancos, ricos y dotados de grandes plataformas, argumentan que tienen miedo de ser silenciados, que la llamada cultura de la cancelación está fuera de control y que temen por sus empleos y por el libre intercambio de ideas, al mismo tiempo que se expresan en una de las revistas de mayor prestigio del país”, señalan los firmantes del nuevo documento, titulado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto“.

Algunos de los que suscribieron el texto prefirieron permanecer anónimos, citando apenas la institución en la que trabajan, por miedo a las represalias.

Los autores citan por su nombre a algunos de sus antagonistas: mencionan que la escritora JK Rowling estuvo involucrada recientemente en un debate sobre la palabra “mujer”.

Una protesta por los derechos de las personas transgénero

Getty Images
Las activistas transgénero defienden su derecho a autodefinirse como mujeres.

Al comentar un texto que hablaba de “personas menstruantes”, Rowling afirmó: “Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio”.

Su afirmación fue tachada de transfóbica y fue duramente criticada.

La discusión política en torno a la cuestión será larga y beligerante.

Ajeno a ella, Cafferty intenta recuperar su empleo. Demandó a la empresa en la que trabajaba y al hombre que lo fotografió, pero no espera que haya un veredicto antes de un año.

Cafferty dice simpatizar con los movimientos por la justicia racial, pero indica que nunca realizó activismo político en su vida.

“Ni cuenta de Twitter tenía antes de ser cancelado”, subraya.


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https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0&t=28s

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https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk

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