Guatemala obliga a personas indígenas a cambiarse el nombre
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Guatemala obliga a personas indígenas a cambiarse el nombre

Al modo occidental, el apellido y nombre de Francisco son lo mismo. Pero los usos y costumbres del pueblo Q’anjob’al son diferentes: no existe diferenciación entre el nombre propio y los apellidos. El nombre se fija en base a una relación de parentesco lineal con la familia del padre, por lo que el hijo mayor recibe los mismos nombres que su papá, pero al revés
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Por Daniel Villatoro
27 de junio, 2015
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* Daniel Villatoro (1993) es periodista guatemalteco de Plaza Publica. Es uno de los 16 integrantes de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, iniciativa inédita para impulsar el periodismo regional y destacar nuevos talentos. 

La lucha de los pueblos originarios de Guatemala para defender sus nombres. Foto: Aida Noriega / Plaza Pública

La lucha de los pueblos originarios de Guatemala para defender sus nombres. Foto: Aida Noriega / Plaza Pública

Cuando Francisco Pedro Francisco se presentó a las autoridades para tramitar su nuevo documento de identificación recibió una propuesta que sonaba a orden: Cámbiese el nombre.

Sucedió en San Juan Ixcoy, un poblado de la región occidental de Guatemala, cercano a la frontera con México, en el que el 96% de los habitantes es indígena. Entre ellos, Francisco pertenece a una mayoría de la etnia Q’anjob’al, pueblo maya proveniente de las tierras de Chiapas desde antes de la colonia. La responsable de tramitar su documento le dijo que, antes de cualquier cosa, se tenía que cambiar el nombre, y al hacerlo tendría un documento plástico que incluye un chip, el cual al ser escaneado certificaría su nombre y su nacionalidad. Bondades de la modernidad.

Al modo occidental, el apellido y nombre de Francisco son lo mismo. Pero los usos y costumbres del pueblo Q’anjob’al son diferentes: no existe diferenciación entre el nombre propio y los apellidos. El nombre se fija en base a una relación de parentesco lineal con la familia del padre, por lo que el hijo mayor recibe los mismos nombres que su papá, pero al revés. Felipe Andrés Felipe. Conforme a la costumbre, la hija primogénita recibe el nombre de la mamá como primero y luego los nombres del papá. Eulalia Bacilio Juan.

El caso de Francisco no es único. Dos meses después Miguel Marroquín Miguel tuvo el mismo problema. Y así ha sucedido con otros q’anjob’ales que han tramitado su papelería.

Guisela Mayén —de tez blanca y pelo cano— socióloga, doctora en derecho indígena e investigadora cultural, escribe:

“En los pueblos Indígenas guatemaltecos, de habla Q´anjob´al , (…) prevalecen las formas de asignación del nombre, de acuerdo a las reglas utilizadas por las sociedades indígenas en el marco de su cultura. Sin embargo en Guatemala persiste el carácter de asimilación e integración forzada, a través del orden jurídico, que ha sufrido la población indígena desde la época colonial (…)

En las comunidades esto ayuda a reconocer a las personas y las familias de donde proceden.

(…) de esta manera ellos se perpetúan y se considera que así se le da respeto y se mantiene el origen de la familia”.

Mayén se ha encargado de estudiar la cultura maya, la manera en que se organizan políticamente y cómo encajan en el mundo legal del derecho. Sus análisis son parte del combustible de muchos procesos legales que buscan reivindicar las identidades no reconocidas de los mayas en el sistema jurídico oficial de Guatemala.

El acceso de los pueblos originarios a la justicia oficial está entrampado. Por ese recorrido es común encontrarse con pocos traductores que conocen pocas ramificaciones derivadas de los idiomas mayas. Es difícil encontrar a un operador de justicia que hable idiomas mayas. Las instituciones quedan lejos. Los trámites son tardados y costosos. Los ciudadanos desconocen sus derechos, tienen poca asesoría jurídica.

¿Son invisibles los pueblos originarios en Guatemala? Formalmente, no. El país centroamericano ha suscrito varios instrumentos jurídicos internacionales que defienden los derechos de la identidad de los pueblos indígenas y su Constitución establece que dichos tratados tienen preferencia sobre el derecho interno.

Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo establece en el artículo 13 que los pueblos indígenas tienen el derecho pleno de —entre su visión del desarrollo— atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, y mantenerlos para la transmisión a generaciones futuras. El Estado guatemalteco está comprometido también a luchar contra toda discriminación al pleno derecho a tener registro de sus nombres propios.

La manera de nombrarse y las ideas detrás de la composición de un nombre varían entre las sociedades, pero forman parte de la identidad cultural de un pueblo.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas apunta en la misma dirección. La igualdad entre pueblos y personas conlleva no ser objeto de discriminación en el goce de los derechos, en particular aquellos que se fundan en el origen o la identidad

Según la misma declaración, la libertad para determinar su propia identidad —de los q’anjob’ales en este caso— no menoscaba la garantía de poder obtener una ciudadanía en el Estado en el que vivan; y sin embargo ése es justo el problema de Francisco Pedro Francisco: el registro oficial. También el problema de Miguel Marroquín Miguel y muchos guatemaltecos más.

Waqib’aj es el nombre de la asociación que más ha luchado para que el Registro Nacional —a través de su política de identificación de personas— reconozca los nombres y las formas en que los pueblos se los asignan, a manera de sentar jurisprudencia. La lucha por este reconocimiento comenzó formalmente en el 2012 y tres años después continúa en fase de revisión y análisis por sus directores.

Las acciones legales que presentaron para demandar al Registro por la violación de los derechos de Francisco Pedro Francisco, Miguel Marroquín Miguel y Francisco Martín Méndez condujeron a una exhortativa de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala: “Se le solicita a la autoridad recurrida, no violentar los derechos culturales en cuanto a la asignación de los nombres de los pueblos indígenas de ascendencia Maya, Q’anjob’al, Chuj, P’opti’, Akateka y Awakateka, al momento que soliciten el Documento Personal de Identificación”— leía el fallo de la corte.

La sentencia se logró en el segundo de tres casos documentados por Waqib’aj. El primero logró el reconocimiento del derecho agraviado, aunque declaraba sin materia la acusación a una empleada del registro por retardar el trámite de Francisco Pedro Francisco.

La audiencia de Francisco Pedro Francisco

En un salón largo de pisos de madera, con una mesa larga de madera tallada con el escudo nacional y un techo (de madera) con dinteles expuestos, se encuentran los encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución de Guatemala.

Francisco Pedro Francisco se presentó ante ellos en audiencia el 24 de enero de 2013. En su idioma materno —el q’anjob’al— demandó a los magistrados respeto a su identidad, aduciendo que es su derecho. Señaló que tenía derecho al nombre propio y se le había violentado, así como el derecho a la igualdad ante la ley. Prescindió de la ayuda de un traductor. Le acompañó la abogada de Waqib’aj, Lorena Escobar. —¿A cuenta de qué el Estado va a obligarlo a él a cambiarse de nombre?— denunció Escobar al salir de la audiencia.

Francisco Pedro Francisco también salió de la Corte. Pantalones vaqueros, cincho de cuero y camisa a cuadros. Se volvió a colocar el sombrero que se quitó para hablar frente a la Corte y emprendió el camino de regreso a San Juan Ixcoy, el segundo pueblo con mayor población q’anjob’al de Guatemala y de toda América Latina. Sabía que la lucha por mantener su nombre es la lucha por conservar un mundo.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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