[contextly_sidebar id=”uobUAYhQbIKiunuMQA3dq7hinZvIHoXi”]Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en periodo electoral funcionaron. La Secretaría de Gobernación cedió en un punto que contradicen la reforma educativa: respetar el “la permanencia” en sus lugares de trabajo como parte de sus “derechos sindicales”, lo que significa dejar de lado los procesos de evaluación propuestos por la Federación.
Esto forma parte de la minuta firmada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, en la que responde a las 11 demandas de la disidencia magisterial, luego de una negociación que se alargó hasta la madrugada del miércoles 3 de junio y que este viernes se retomará al medio día.
Además, aceptó que las propuestas de la CNTE sean parte de la “construcción del nuevo modelo educativo”. El compromiso incluye la realización de mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Pública para la “valoración de la propuesta pedagógica” de la disidencia a partir de este mes.
Miranda, a nombre del gobierno Federal, cedió a una parte de la demanda de la CNTE referente a la “cancelación de la evaluación como instrumento de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento”.
En la respuesta, Gobernación dice reconocer a los trabajadores de la educación y respetar “sus derechos laborales, logros políticos, administrativos, económicos, sociales, jurídicos, sindicales, garantizando su derecho a la permanencia en el empleo”. Todo esto como un “factor fundamental en la estabilidad laboral”.
De acuerdo con líderes magisteriales que pidieron anonimato, esta respuesta es favorable a sus intereses porque no menciona que los exámenes serán requisito para que los profesores mantengan su plaza. Esto, dicen, sólo había sido un logro en Oaxaca, con la movilización de la sección 22 de Oaxaca, pero ahora “el beneficio será nacional”.
El compromiso firmado por Miranda contradice la Ley del Servicio Profesional Docente (parte de la Reforma Educativa), pues en el artículo 52 se establece que la “permanencia”, será resultado de la evaluación “obligatoria” del “desempeño docente” y que se realizaría al menos una vez cada cuatro años.
Mientras que los profesores que reprueben los exámenes tienen derecho a cursar programas de regularización, y presentar hasta tres evaluaciones, pero si su resultado es insuficiente, sería despedido.
Aunque el subsecretario Miranda reconoce que el Ejecutivo no está facultado para modificar la Constitución y “abrogar” la reforma como lo demanda la CNTE, sí promete que la “estabilidad laboral” y la “permanencia” están garantizados.
Este compromiso es independiente a la suspensión de las evaluaciones docentes anunciada por la SEP el pasado 30 de mayo, dice uno de los dirigentes consultados. Explica que independientemente de que la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación, encargado de las evaluaciones, deciden reponer los exámenes, la disidencia magisterial está exenta de participar gracias a este acuerdo con Gobernación.
Miranda también aceptó la propuesta de la CNTE para participar en la “construcción de un proceso de evaluación integral” y que “no sea punitiva”, es decir, que no puedan ser despedidos.
Otra de las “victorias” es el pago a todos los trabajadores de la educación de base e interinos, es decir, que no tienen una plaza. Esto porque al aplicar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece que la Federación pagaría los salarios solo al personal registrado en la base de datos recopilada por cada entidad y corroborada por la SEP, hay personal que no ha recibido salario.
La SEP detectó irregularidades en las nóminas estatales por lo que los pagos solo se efectuaron al personal reconocido, pero la disidencia magisterial logró que el gobierno federal se comprometiera a realizar los pagos y a “concluir los trámites que se encuentran en tránsito y rezagados”.
Este viernes 5 de junio, la dirigencia de la CNTE y el subsecretario Miranda tendrán otra reunión al medio día para precisar algunos puntos de la minuta del gobierno federal.
Uno de ellos tiene que ver con la falta de respuesta a la demanda de “asignación automática de plazas a todos los egresados de las normales públicas del país”. Si el gobierno Federal aceptara este punto, significaría otro incumplimiento a la reforma educativa, toda vez que se establece que el ingreso al servicio docente será por medio de un concurso de oposición.
