Esta nota es parte de la investigación Se busca fuero, en la que Animal Político encontró a nueve candidatos a una diputación federal amparados ante la posible responsabilidad en algún delito y de cuyas consecuencias podrían librarse si ganan una curul.

[contextly_sidebar id=”KePeNrTZDWNsW8dC5Qx4AyAQXJSjMxHr”]La candidata a diputada federal del partido Nueva Alianza por el distrito 21 del Distrito Federal, Lilia García Arenas, buscó a finales del 2012 que un juez federal le diera un amparo. ¿El motivo? Tenía temor de ser arrestada por no cumplir con un pago de 50 mil pesos que le impusieron en un juicio hipotecario. Ella argumentó que no se negaba a pagar, sino que nunca pasaron a cobrarle. La realidad plasmada en la sentencia del juicio de amparo 1082/2012-III, resulta muy distinta.

Todo empezó dos años antes, en junio de 2010, cuando un juez civil sentenció a la candidata a pagar 50 mil a un tercero por una demanda hipotecaria. Lilia Arenas no impugnó la sentencia, pero tampoco señaló bienes que se le pudieran embargar para cubrir el pago.

Cerca de un año después, el 5 de mayo de 2011, un actuario (funcionario del juzgado facultado para requerir el pago) acudió al domicilio de Arenas para entregarle el citatorio del pago. Su esposo, dice la sentencia, se negó a recibir el documento. Ese fue el primer intento de cobro.

El 13 de mayo el juez volvió a la carga: Ordenó una nueva diligencia para el cobro, bajo la advertencia de imponer una multa de mil pesos si no pagaba. Con esa orden,el actuario volvió al domicilio. En esa ocasión, un empleado salió a cubrir las espaldas de la hoy candidata con el argumento de que no se encontraba en el domicilio, y dijo desconocer por qué no había pagado la deuda.

Una semana después el juez advirtió que el siguiente paso sería usar la fuerza pública. En noviembre, el actuario acudió con un policía, pero otro empleado de Arenas “no quiso entender” la diligencia, según se asienta en la sentencia. De Arenas no se supo nada.

La candidata, a un paso de la cárcel

En diciembre el juez determinó que de no pagar, procedía un arresto de 24 horas de la ahora candidata y en febrero del 2012, la autoridad acudió al domicilio. Una mujer abrió la puerta y negó conocer a Arenas, pero ese momento un Chevy salió de la casa a toda velocidad. El acreedor, que iba en la diligencia, aseguró que era la propia Arenas quien iba al volante.

En abril hubo otra diligencia más. Esta vez, otro hombre que reconoció ser empleado de la candidata dijo que esta no estaba y “no sabía” porque no había esperado a la autoridad. En agosto finalmente los actuarios encontraron a la candidata en un local, pero ésta bajó la cortina frente a ellos y no les permitió el paso.

Luego de los seis intentos fallidos se ordenó el arresto por 24 horas de la candidata, quien solicitó un amparo para evitarlo. Al revisar las constancias de todas las diligencias fallidas el juez federal no sólo le negó ese recurso, sino reiteró que debía ser arrestada si se negaba a pagar.

Animal Político buscó contacto con Lilia García Arenas a través del área de comunicación del Partido Nueva Alianza para conocer el final del caso y su posición al respecto, pero hasta ahora no ha habido respuesta.