María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, dijo que “la interrupción de los procesos de evaluación son un paso atrás que premia a quien incumple su compromiso educativo frente a los alumnos, a grupos de presión con intereses contrarios a la reforma educativa y que pretenden, con acciones de boicot electoral, atemorizar a la población y acorralar a las autoridades para que cedan ante sus demandas”.
Causa en Común señaló que “los llamados de organismos sociales y representantes populares para revertir la suspensión de la evaluación no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Prevalece el silencio ante el incumplimiento de su obligación constitucional de implementar la reforma educativa que busca, principalmente, incidir en la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes.”
Además, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto debe “corregir la decisión y a que por medio de un diálogo incluyente con la sociedad civil, se reconstruya la vía que nos lleve a concretar una reforma real del sistema educativo nacional; donde sin duda, la evaluación a docentes es la herramienta que nos permite garantizar que los profesores cumplan con los estándares para poder impartir una educación de calidad.”
El pasado lunes 1 de junio, diversas organizaciones civiles calificaron como “inconstitucional e ilegal” la suspensión indefinida de la evaluación docente, anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Exigimos al Presidente Enrique Peña Nieto que dé marcha atrás a este anuncio y que no permita que la educación en México se use -ante chantajes y amenazas políticas- como moneda de cambio para negociar con grupos que sistemáticamente violan la ley de forma impune, o como concesión a las cúpulas sindicales que detestan el mérito”, indicaron en un desplegado.
La organización Mexicanos Primero, uno de los grupos firmantes, convocó a los ciudadanos a firmar una solicitud para que se dé marcha atrás a la suspensión.
