[contextly_sidebar id=”NV2SOJcZwIFWsrlMMNXJZ8T65ru5DPf5″]El Centro de Derechos Humanos Miguel Agusitín Pro Juárez presentó este jueves 2 de julio un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que quedan inscritas las instrucciones que recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez –que estaba al frente de las tropas que participaron en las ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México–: “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Esta indicación, según el Centro Prodh, es “prueba” de que las ejecuciones perpetradas por los militares, que suman ocho según la PGR y entre 12 y 15 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se cometieron siguiendo una instrucción superior, por lo que demandó que las autoridades civiles investiguen la responsabilidad que la cadena de mando tuvo en la matanza de hace un año.
Tal como señala la instrucción VII de la “Orden de Relevo y Designación de Mando del 11 de junio de 2014 dirigida al nuevo jefe militar a cargo de los soldados asentados en Tlatlaya: “Las tropas deberán operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Este mismo documento, sin embargo, también señala en su instrucción XIV que “las operaciones deben realizarse en estricto apego a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos a instalaciones militares”.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la orden de “abatir” a presuntos delincuentes “obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos (…) sobre todo considerando que en el propio expediente el término ‘abatir’ es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida humana”.
Lo anterior, sin embargo, no es del todo exacto: el término “abatir” no es sinónimo de “matar”, sino de “derribar”, “derrocar”, “echar por tierra”, “hacer que algo caiga o descienda”, “inclinar”, “tumbar”, “poner tendido lo que estaba vertical”. De hecho, ninguna de las 10 acepciones que la Real Academia Española de la Lengua reconoce para “abatir” vincula al término con la supresión de la vida.
En una revisión de los comunicados de ambas instituciones, encontramos que el término “abatir” se utiliza en 20 ocasiones para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes en enfrentamientos con las fuerzas armadas, tan solo en boletines relacionados con sus operaciones en los dos sexenios más recientes.
Se trata, en el mejor de los casos, “de una orden confusa”, señaló Mario Patrón, director del Centro Prodh, por lo que debe investigarse seriamente si existe responsabilidad no sólo de los elementos de tropa que participaron en la matanza, sino también a mandos medios y superiores.
Los mandos que presuntamente serían los responsables, según el Centro Prodh, son: Salvador Cienfuegos (secretario de la Defensa Nacional), Jaime Godínez Ruiz (comandante de la 1 Región Militar), José Luis Sánchez León (comandante de la 22/a Zona Militar), Francisco Ortega Luna (adscrito a la comandancia de la 22/a Zona Militar), Raúl Castro Aparicio.
Hasta ahora sólo siete soldados han sido arrestados y procesados por el caso, pero sólo tres de ellos están acusados de homicidio; sin embargo, no hay plazo para que se dicte sentencia.
Durante la presentación del documento –donde también estuvieron las organizaciones Amnistía Internacional, Fundar, Insyde Artículo 19 y el Instituto Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos–, el Centro Prodh también hizo pública la identidad de la “testigo Julia”, la sobreviviente de los hechos que por un año mantuvo oculta su identidad, y cuyo testimonio fue la primera evidencia de que el operativo realizado por el Ejército el 30 de junio de 2014 concluyó con la ejecución extrajudicial de hasta 15 personas.
Clara Gómez González, o Julia, señaló que ésta sería la única vez que se presentaría en público, y lo hacía ante la necesidad de denunciar que es falso que haya recibido una “indemnización millonaria”, como afirmaron recientemente autoridades federales, y para denunciar también que esta información falsa la pone en riesgo de ser víctima de secuestro o extorsiones.
Clara Gómez es madre de una joven de 15 años que murió en el operativo militar de Tlatlaya; sin embargo, la menor, de nombre Erika, no es reconocida por la PGR como víctima de ejecución extrajudicial, lo cual, señaló su madre, es prueba de que la Procuraduría intenta maquillar el verdadero número de ejecutados que dejó la acción del Ejército.
En el acto de presentación del documento interno de la Sedena, el Centro Prodh formuló 11 exigencias a la autoridad, tendientes a garantizar la aplicación de la justicia y el derecho a la verdad, en torno a la matanza de Tlatlaya, que a continuación te presentamos:
1. Crear una nueva comisión indagatoria con especialistas independientes, conforme al protocolo de Minnesota.
2. Realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas de ejecución.
3. Interrogar en el fuero civil a todos los mandos que podrían tener responsabilidad por su calidad de superiores jerárquicos conforme a la cadena de mando.
4. Suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes”.
5. Transparentar los expedientes asociados al caso.
6. Reparar el daño a la señora Clara Gómez González, una de las testigos y sobreviviente de la matanza.
7. Adoptar un procedimiento especial para la investigación de casos en que servidores públicos hayan privado de la vida a civiles.
8. Generar un mecanismo de alto nivel para cumplir con las recomendaciones formuladas en el informe final del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU.
9. Que el Poder Judicial resuelva a favor de Clara Gómez el juicio de amparo que inició contra las extensiones de la jurisdicción militar.
10. Nueva ronda de reformas al Código de Justicia Militar para hacerlo compatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
11. Cumplir cabalmente las medidas cautelares brindadas a Clara y su familia.
Esto ocurre un día después de que la Procuraduría de Justicia del Edomex informara que siete policías estatales fueron acusados formalmente de torturar a tres mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares mexicanos.
Cuatro de los policías ya fueron detenidos e ingresados a un penal, informó el miércoles 1 de julio la dependencia estatal.
