[contextly_sidebar id=”bej6VxC6EMYjXwG2H0kdS6iO4mWn4CLi”]La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitirá medidas cautelares contra el gobierno de Puebla, luego de la administración de Rafael Moreno Valle no atendiera cinco de las 11 recomendaciones que la comisión hizo acerca de la muerte de un niño en San Bernardino Chalchihuapan, a causa de abuso policial durante un desalojo.
Las medidas cautelares al gobierno de Puebla incluyen la exigencia del cese el acoso contra las víctimas del desalojo de una manifestación, ocurrido el 9 de julio pasado; así como la atención médica de los pobladores que se encuentran en prisión.
Entre los puntos de la recomendación, está pendiente un informe sobre las sanciones administrativas y/o penales impuestas a los funcionarios involucrados, así como la reparación del daño, pues está en estudio la forma como se fijaron los montos asignados.
“La CNDH considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento”, expuso.
Hasta la fecha, la CNDH ha enviado 11 solicitudes de información a diversas instancias del gobierno de Puebla para dar seguimiento a la recomendación y ha recibido en respuesta 28 oficios.
En cuanto a los puntos recomendatorios cumplidos, destacan los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado que participó en los hechos.
Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno poblana, por el cual se otorgan atribuciones a las áreas específicas para que intervengan en la solución pacífica de los conflictos.
El gobierno local emitió un Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos y entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad para que registren su conducta durante los operativos.
