En conjunto estos cinco arquitectos e ingenieros suman más de 150 años de experiencia en la construcción de líneas del Metro. No hay una sola línea que esté trabajando actualmente en que no hayan participado ya sea en su concepción o reparación. Pero hoy todos ellos viven desempleados, con deudas, algunos con nuevas enfermedades y tal vez lo peor: estigmatizados.

Ninguno ocupó un cargo directivo y de hecho, todos pertenecen al área de Obras Civiles del llamado Proyecto Metro, la cual es ajena al tema de la incompatibilidad de los trenes y los rieles (además de fallas en el mantenimiento) que son el factor clave de que la referida línea no funcione.

La obra civil de la Línea 12 del Metro incluso cumple con todas las especificaciones aplicables a una construcción de esa dimensión como lo avala un dictamen elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. La auditoría realizada por CISTRA también descartó cualquier inconveniente.

Cabe recordar que el monto de las multas impuestas a todos los funcionarios de Proyecto Metro supera los 23 mil millones de pesos, cantidad superior a los 17 mil millones que costó hacer la línea.

Los tribunales, confían los ex funcionarios, terminarán exonerándolos de la acusación que en su momento les impuso la Contraloría, pero mientras tanto, enfrentan una realidad en la que ya fueron estigmatizados y sus carreras quedaron arruinadas. La falta de trabajo se agrava con el costo que deben desembolsar para defenderse de las acusaciones que les impusieron y que aún podrían terminar incluso en cargos penales.

Aunque no quieren que sus fotografías circulen públicamente, estos arquitectos e ingenieros accedieron a comentar con Animal Político algunas de las dificultades que hoy enfrentan. Además, adelantaron que están conformándose en una agrupación para hacer un frente común en los procesos que enfrentan y por lo pronto, esperan una audiencia con el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Arquitecta María Antonieta Noemí Estrada López. 32 años de experiencia

La Contraloría General impuso a la arquitecta Estrada López una sanción de siete años de suspensión y multa económica de 30 millones 580 mil pesos. Los contralores consideraron, como en todos los casos, que la funcionaria incumplió con disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos y de la Ley de Obras.

Además, y también como en los demás casos, se notificó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la cual inició una averiguación previa en la que se incluyó a más de medio centenar de ex servidores públicos y que podría derivar en una orden de aprehensión.

“Han sido meses muy problemáticos, continuamente tiene uno el temor de que lleguen a detenerlo o a una sanción mayor (…) El otro día encontré una carta pegada en la puerta y era una publicidad equis pero yo ya pensaba que se trataba de un citatorio” señaló.

A esto se añaden los problemas de salud que se le han desencadenado entre ellos temas de presión y gastritis.

Sobre los 30 millones de pesos que le impusieron de sanción, Estrada dijo que es una cantidad irrisoria sobretodo porque ella al igual que sus compañeros son inocentes. El problema es que como se considera que hubo daño al erario en cualquier momento podrían embargarle sus bienes.

“A mí me reocupa muchísimo porque yo tengo una casa que me heredaron mis papas con sus ahorros. Esta casa es la que se le va a quedar a mi sobrina. Si me despojan a mí de una casita pues despojan a mi sobrina y nos quedamos en la nada cuando no somos culpables de nada verdaderamente” apunto.

La arquitecta explico que ella como los otros inhabilitados enfrentan un proceso tanto administrativo como penal que requiere de distintos abogados y aunque varios de ellos los han apoyado sin cobrar existe un compromiso de pago que tiene que cubrirse. El problema, dijo, es que muchos no pueden ya ni conseguir empleo.

Ingeniero Joaquín Jesús Sánchez Loaeza, 35 años de experiencia

Jefe Unidad Departamental de Reinserción de Obra

Por un error de la Contraloría que hasta ahora no se ha corregido, Sánchez fue investigado como si ocupara el cargo de Director de Obrad Inducidas, es decir un puesto directivo, cuando en realidad fue contratado como jefe de unidad departamental, uno de los puestos de menor jerarquía en el gobierno.

Pero el considerarlo directivo ha traído consecuencias graves para él. Se le impuso una inhabilitación de ocho años para ocupar cargos públicos, y tiene que pagar once millones de pesos de sanción, además la correspondiente investigación penal.

“Me imputan que yo firmé y autoricé pagos de obra cuando no tenía ni siquiera esa facultad. Me sancionaron considerando un sueldo que tampoco he percibido. Esto demuestra que lo que se hizo fue una cacería de brujas para castigar a personas con una finalidad política, no con una indagatoria seria” dijo.

El ingeniero Sánchez explicó que ha perdido cuatro o cinco oportunidades de empleo tanto en el gobierno como en la iniciativa privada como consecuencia de lo ocurrido en la Línea 12 y de la exposición pública de la que fueron víctimas.

El exfuncionario reconoció, con tono de preocupación, que tiene los saldos de sus tarjetas bancarias hasta el tope y que en todos los bancos se niegan para financiarle un préstamo bajo esas condiciones.

“Debo dinero prestado. Estoy a punto de no poder pagar mis obligaciones con los bancos. Yo tengo resoluciones ya favorables en el tribunal de los contencioso administrativo pero la Contraloría apeló y la solución parece que no llegará pronto” dijo.

Arquitecto Juan Manuel Mora 35 años de experiencia

Jefe Unidad Departamental de Arquitectura

El arquitecto Manuel Mora recibió una sanción de una década de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una sanción económica que supera los 390 millones de pesos.

“Luego de que me quedé sin trabajo empecé a trabajar en un taxi pero eso me deja solo para subsistir, no para pagar abogados y mucho menos para solventar la ridícula sanción que me pusieron. Necesitaría tres viajes de aquí a la luna en taxi y de regreso para obtener el dinero y eso quien sabe” explicó Mora.

Mora hizo especial énfasis en las dificultades que ha enfrentado para poder encontrar trabajo debido a la estigmatización que sufrieron.

Por ejemplo, reveló que estaba ya apalabrado con una empresa encargada de próximas ampliaciones de líneas del Metro pero justo antes de firmar el gerente le comunicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les había recomendado no traer a nadie relacionado con el Proyecto Metro pues podría creer “mala fama”.

Sus problemas de diabetes se han recrudecido por el problema que está viviendo y su familia también ha resultado afectada pues a muchos de ellos les toca recibir los citatorios que le llegan para que se presenten a declarar.

“Mi petición es que nos dejen ya en paz. Que si hay culpables los encuentren y no chivos expiatorios porque nosotros no tuvimos responsabilidad alguna” dijo Mora.

Arquitecto José León Américo Fernández Villaseñor, 32 años de experiencia.

Subdirector de Obra Civil.

La contraloría impuso a Fernández Villaseñor una de las multas económicas más elevadas : el pago de dos mil 823 millones de pesos y cinco años de inhabilitación, que se suma a una primera sanción de 420 millones de pesos y otros cinco años de suspensión.

Si el arquitecto Fernández quisiera cubrir en un año lo que según el Gobierno capitalino debe pagarles, en total tres mil 243 millones, tendría que pagar cada 24 horas un monto de 8.8 millones de pesos.

El arquitecto reconoció que han sido tiempos complicados. Entre las cosas que más lamenta es la forma en que han sido expuestos pese a la trayectoria con la que cuenta en obras del Metro. El por ejemplo, ha realizado trabajos en las líneas 3, 5, 6, 7, como jefe residencia en 8, en la 9 y en la A a cargo de la rehabilitación.

“Han sido meses bastante duros porque de tener una trayectoria fui lanzado a la calle y hemos sufrido un proceso de linchamiento público. De todos lados que me conocen. Familiares que no me hablan y que me señalan. Y hasta gente que no sabe de la línea y que en un momento dado se entera y me reclama” apuntó.

Fernández explicó que en el tema legal cuentan con un abogado que los representa a varios de los procesos en el tribunal administrativo que ya han derivado en victorias; pero al litigante no han podido pagarle. “Cuando decimos que tenemos un abogado al que le debemos todo es literal, en los dos sentidos”

Ingeniero Héctor Rosas Troncoso 24 años de experiencia

Subdirector de Obra Civil

El ingeniero Rosas Troncoso recibió dos sanciones de parte de la contraloría general del gobierno capitalino que en conjunto representan 15 años d e inhabilitación del servicio público y el pago de más de 17 millones de pesos.

“Ha sido muy desgastante porque sin tener ninguna responsabilidad en la suspensión de la línea 12 nos han señalado como culpables y los verdaderos culpables no saben ni quienes son pero han dañado la imagen de muchos de mis compañeros incluyendo la mía” dijo.

En las circunstancias actuales, detalló Rosas Troncoso, les ha sido casi imposible encontrar una opción de empleo pese a que ellos, como parte de la obra civil de la Línea 12, no tuvieron responsabilidad alguna en los factores que llevaron a que tuvieran que suspenderse el servicio. Señaló que tanto CISTRA como el Colegio de Ingenieros Civiles han dado fe de ello.

Señaló que en estos meses ha asistido a varias entrevistas de trabajo pero en algunos casos le han dicho – literalmente- que no quieren tener relación con nadie que haya estado en el proyecto de la Línea 12 y en otras ocasiones simplemente no los llaman. El problema es grave porque los ahorros comienzan a escasear.

“La petición es que ya detengan esto. La gran mayoría de los compañeros ninguno es acomodado dentro del gobierno, todos conseguimos lo poco que tenemos con nuestro esfuerzo. Está claro que no nos robamos nada sino no tendríamos que estar pidiendo prestado. De dos colegas que terminaron en la cárcel se hizo una cooperación para juntar su fianza, no se vale” señaló.