Humberto Moreira robó de Coahuila “cientos de millones de dólares”, según Corte de EU
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Humberto Moreira robó de Coahuila “cientos de millones de dólares”, según Corte de EU

En alianza con proveedores y contratistas, el exgobernador tomó dinero de las arcas del estado para uso personal, después realizó pagos a empresarios para comprar estaciones de radio y defraudar al estado.
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Por Tania L. Montalvo
1 de julio, 2015
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Humberto Moreira. Foto: Cuartoscuro.

Humberto Moreira. Foto: Cuartoscuro.

Los fondos robados al estado de Coahuila desde que Humberto Moreira se convirtió en gobernador de la entidad ascienden a “cientos de millones de dólares”, según un documento de la Corte Federal en Texas, Estados Unidos, en el que el empresario Rolando González Treviño acepta ser culpable, junto con el exlíder nacional del PRI, de una operación para defraudar a esa entidad del norte del país.

En el acuerdo de culpabilidad firmado por González Treviño el 3 de abril pasado no se mencionan nombres, pero señala que CC1 (co-conspirador 1) recibió apoyo de empresarios para ser gobernador de Coahuila, tenía ese alto rango desde diciembre de 2005 —cuando inició la gestión de Moreira— y antes fue alcalde de Saltillo —cargo que el priista ocupó de 2003 a 2005—.

El documento describe cómo CC1 fue el gestor de lo que se identifica como un fraude al estado en complicidad de al menos otras siete personas, todas identificadas como CC2, CC3, CC4, CC5, CC6 y CC7; además del mismo González Treviño.

Los datos permiten identificar que CC2 se trata de Javier Villareal Hernández — actualmente acusado de lavado de dinero y preso en EU—, pues se menciona que éste fue nombrado en julio de 2008 secretario de Finanzas de Coahuila.

Según la descripción de los hechos, desde enero o febrero de 2006 Humberto Moreira comenzó a tomar dinero de Coahuila “para uso personal”.

CC1 usó los recursos del gobierno del estado de Coahuila y dirigió esos recursos estatales a partidarios que actuaban en contubernio con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Esas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado de Coahuila y/o eran vendedores, proveedores de servicios del estado de Coahuila y tenían una relación con CC1 en el momento de su elección”.

Los involucrados en el robo de recursos públicos, cita el documento, eran dueños de medios de comunicación, estaciones de radio, cable, televisión y compañías de espectaculares; pero también contratistas para la construcción de puentes, caminos o proveedores de servicios de aviación.

“Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por CC1 se aproximan a los cientos de millones de dólares”.

Pero después de que, se presume, Humberto Moreira robó a Coahuila en alianza con proveedores y contratistas, en agosto de 2006 inició una operación para defraudar al estado a través de la compra de medios de comunicación locales, para lo cuál entregó dinero al mismo Rolando González Treviño, a su hermano, y a otro empresario identificado como CC3 que fue “clave para que CC1 ganara la gubernatura de Coahuila”.

Rolando Gonzalez Plea Agreement

Continuar y consumar el fraude

En enero de 2009 —con tres años de Humberto Moreira como gobernador de Coahuila—, el documento de la Corte de Texas indica que se realizó una reunión en la que también participó la esposa del priista y los involucrados en el fraude CC2 (Javier Villareal), CC4 y CC5 para “discutir la estrategia política del partido político mexicano PRI, la gubernatura de Coahuila, pare reunirse con CC3 y para visitar a la hija de CC1 que vivía en San Antonio, Texas”.

Un día después de esa reunión, los involucrados asistieron al Club de Golf Sonterra, en donde Rolando González Treviño recibió información de Humberto Moreira de que Javier Villareal le haría unos pagos por la compra de estaciones de radio “y no por gastos legítimos del gobierno”.

Humberto Moreira dijo que pagaría 25 millones de pesos para asegurar una porción de “Radio Nuclear”, que en ese momento era propiedad de González Treviño y cubría las zonas de Monclova, Sabinas y Muzquiz en Coahuila. El documento de la Corte de Texas destaca que este tipo de transacciones son ilegales bajo la ley mexicana.

En marzo de 2009, en “una reunión de gabinete en la mansión del gobernador en Saltillo, Coahuila, México”, en la estuvieron presentes Moreira, Villareal, CC4, CC6 y “los 17 secretarios del estado de Coahuila”; el exgobernador entregó a CC2 el número de cuenta de González Treviño de una cuenta del First National Bank de Edinburg, Texas.

El 7 de abril de 2009 cayó un primer pago por 15 millones de pesos y un mes después hubo otro más por 10 millones. Los recursos provenían de una cuenta de Banorte y según el documento de la Corte de Texas, se gestó a través de CC2 o Javier Villareal, entonces secretario de Finanzas de Coahuila.

La segunda transferencia se hizo a nombre de Construcciones Chavana, una empresa con sede en Nuevo León que, se presume, ayudó a Moreira a realizar transacciones y distribuir los recursos robados tanto en México como en Estados Unidos.

Una vez concretada la transacción, en julio de 2009, en otra reunión de gabinete en Saltillo, Coahuila, Humberto Moreira hizo público a los co-conspiradores que había logrado transferir el dinero a González Treviño y según CC3, el exgobernador tenía la intención de comprar otras estaciones de televisión, incluida la que ese empresario poseía en Piedras Negras.

El documento firmado por González Treviño concluye diciendo que el empresario admite los hechos y que acepta que las transacciones implicaron un fraude para robar recursos a Coahuila y que éste se gestó con Humberto Moreira (CC1), Javier Villareal (CC2), CC3, CC4, CC5, CC6 y CC7.

Moreira fue gobernador de Coahuila de diciembre de 2005 y hasta enero de 2011.

Al iniciar su gestión la entidad tenía una deuda pública de 323 millones de pesos, pero según los registros de la Secretaría de Hacienda, para agosto de 2010 está ya era de 32 mil millones de pesos, es decir, casi 1000% más.

En marzo de 2011, Moreira fue electo presidente nacional del PRI, cargo al que renunció nueve meses después tras las acusaciones de que dejó una deuda millonaria en el estado que gobernó.

Cuando renunció al PRI nacional en diciembre de 2011 estaba a cargo de la precampaña para los comicios presidenciales en los que el único precandidato priista era Enrique Peña Nieto, actual mandatario federal.

En ese entonces, Moreira rechazó las acusaciones y dijo que éstas sólo buscaban “lincharlo políticamente”.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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